Redacción Wayka
¿Qué tienen en común los gobiernos de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra? Los tres políticos han respondido igual ante las protestas de los comuneros de Apurímac contra el proyecto minero Las Bambas: declarando la zona en Estado de emergencia.
Desde setiembre de 2015, año en que comenzaron las protestas de los comuneros de Apurímac contra el proyecto minero Las Bambas, el Estado ha respondido declarando Estado de emergencia a ciertas zonas de las regiones de Apurímac, Cusco y hasta Arequipa.
Fue durante el gobierno de Ollanta Humala donde se desató oficialmente el conflicto social entre las comunidades de Apurímac y la empresa minera china MMG Limited. Las provincias de Cotabambas y Grau (Apurímac) anunciaron el paro indefinido el 25 de setiembre de ese año.
Un día después de que las fuerzas policiales dejaran 3 muertos y varios heridos y detenidos, el Ejecutivo entonces a cargo de Humala decretó Estado de emergencia sobre 4 provincias de Apurímac y dos de Cusco. Con la intervención militar por orden del gobierno anterior, el 14 de octubre de 2016 se confirmó la muerte de un comunero de Choqecca tras recibir un impacto de bala en la cabeza. La protesta sumó 4 fallecidos.
Tres meses después de que juramentó como presidente de la República, y ante las protestas de los comuneros de Cotabambas, Pedro Pablo Kuczynski declaró en Estado de emergencia por 30 días la zona.
En la era Vizcarra también
En agosto de 2018, con Martín Vizcarra ya a la cabeza del Ejecutivo, los comuneros de Fuerabamba bloquearon un tramo del corredor minero, que tres meses antes fue declarado como vía nacional para que las movilidades de la minera china MMG Limited tengan el respaldo de transitar por la zona. Medidas que se hicieron sin consulta previa.
Ante este escenario en conflicto, Vizcarra también recurrió al Estado de emergencia en el corredor minero en el tramo de Chumbivilcas (Cusco) el 30 de agosto. A fines de setiembre, extiende la medida por 30 días más y hasta la fecha, la presencia militar se mantienen en las zonas de conflicto.
Lo último que declaró hoy el gobierno fue ampliarlo al distrito de Challhuahuacho de la provincia de Fuerabamba.
Además de la intervención militar en las zonas, la Fiscalía investiga a dirigentes y asesores legales de Fuerabamba por ser una supuesta organización criminal dedicada a la extorsión. Como se recuerda, la policía ya detuvo al dirigente Gregorio Rojas y a sus abogados Jorge y Frank Chávez Sotelo y Carlos Vargas Arizabal.
