Por Álvaro Meneses

El miércoles 8 de diciembre, el Sodalicio de Vida Cristiana cumplió 50 años desde su fundación en Perú. En su historia, sin embargo, guarda acusaciones, denuncias e investigaciones fiscales por abuso sexual, organización criminal y tráfico de tierras en donde todavía no se alcanza justicia para sus víctimas. 

“A nombre de todos los sodálites, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en esta misión durante estos 50 años. Su cercanía, su oración, su compañía han sido fundamentales para nosotros”, dijo el último miércoles el superior general del Sodalicio, José David Correa, a propósito del aniversario de la organización religiosa. 

Un día como el 8 de diciembre, pero en 2011, también sucedió el asesinato del agricultor Guadalupe Zapata Sosa, en el marco de un caso de tráfico de terrenos que se apropió de casi 10 mil hectáreas de tierras de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos (Piura) y que involucra a una red de empresas vinculadas al Sodalicio. 

En total, los traficantes de tierras se apropiaron de 9 mil 985.25 hectáreas de la comunidad campesina de Catacaos. Y las empresas que recibieron parte de esos terrenos, según una investigación de este portal, fueron Miraflores Perú SAC, Agroindustria San Gerardo, Santa Regina SAC, Inversiones San José y la Asociación Civil San Juan Bautista. Todas relacionadas con el Sodalicio.

Gráfica: Wayka.pe.

Algunas de estas compañías, como Miraflores Perú SAC y la Asociación Civil San Juan Bautista, incluso están involucradas en otro presunto caso de tráfico de tierras en la provincia piurana de Castilla. De acuerdo al documental de Al Jazeera, “The Sodalitium Scandal”, estas empresas se habrían coludido con la banda criminal La Gran Cruz para apropiarse de tierras ilícitamente e impulsar proyectos inmobiliarios. 

En este caso, hasta la fecha, ninguna compañía del Sodalicio ni sus gerentes han sido investigadas ni sentenciadas por su vinculación con los traficantes que se apropiaron de tierras comunales en las provincias de Catacaos y Castilla. 

Por otro lado, el conflicto con los traficantes de tierras ha dejado a la comunidad campesina de Catacaos dos muertos, siete heridos y hasta 39 personas denunciadas por las empresas del Sodalicio ante el Ministerio Público, aunque varias de estas acusaciones ya se han archivado. Mientras que en la provincia de Castilla, tres testigos que declararon para el documental “The Sodalitium Scandal” también afrontan denuncias penales. 

ABUSOS SEXUALES SIN SANCIÓN

“En los hechos, en la práctica, pocas cosas han ocurrido con el caso Sodalicio. Nada”, dijo el mismo miércoles 8 de diciembre el periodista Pedro Salinas, autor del libro “Mitad monjes, mitad soldados” que reveló más de 30 casos de abuso sexual al interior de la organización religiosa y perpetrados por sus fundadores Luis Fernando Figari, a propósito de los 50 años que cumple el Sodalicio desde su fundación en Perú. 

“Hubo una sanción contra Luis Fernando Figari que solamente leerla producía arcadas, porque no se le expulsó del sodalicio. Sigue siendo sodálite, sigue siendo miembro de la organización (…) el Sodalicio lo mantiene”, agrega Salinas. “Tenemos en el ámbito eclesiástico esa suerte de sanción que supone en los hechos un exilio dorado en Roma, y una sanción además donde a las víctimas sexuales de Figari, que eran tres, el Vaticano las llama cómplices, cuando esas tres víctimas fueron abusadas cuando fueron menores de edad”. 

En el fuero judicial, sin embargo, el caso ha avanzado lento y con constantes obstrucciones. Como informó Wayka reciéntemente, desde el Ministerio Público el fiscal adjunto superior Carlos Matamoros Curipaco busca archivar la investigación que se sigue contra el Sodalicio por los presuntos delitos de lesiones graves, secuestro y organización criminal, justo cuando las indagaciones dieron con las finanzas y negocios de la institución religiosa. 

Fiscal superior Carlos Matamoros Curipaco.

Cabe recordar que la actual investigación a cargo del fiscal Eduardo Castañeda se inició el 31 de mayo de 2016, cuando un grupo de sobrevivientes del Sodalicio presentó una nueva denuncia por los delitos de lesiones graves, secuestro y asociación ilícita para delinquir. 

Sin embargo, la estrategia del fiscal superior Matamoros Curipaco consiste en convencer a la Sala Penal de Apelaciones que la actual investigación preliminar contra el Sodalicio inició en octubre de 2015 y no en mayo de 2016 como realmente sucedió, para afirmar que ya se cumplieron los 6 años de plazo de indagación que estipula la Ley de Crimen Organizado y solicitar su archivamiento.

La investigación al Sodalicio que inició en octubre de 2015 a la que se refiere el fiscal Matamoros, fue la que inició el Ministerio Público luego de la publicación del libro “Mitad monjes, mitad soldados”, pero esta fue archivada porque el presunto delito de violación sexual ya habría prescrito.