Ciudadanos y ciudadanas de Pumamarca viajaron hacia Lima para exponer el conflicto con la minera china Minerals and Metals Group (MMG) que posee la mina Las Bambas. En el 2011 pactaron un contrato, pero la empresa abusó del desconocimiento de las leyes de los comuneros. Por cada metro cuadrado se les estaba pagando 20 céntimos. Hoy exigen que el plazo de devolución se abrevie ya que en estos años no han visto ningún desarrollo en su comunidad.

Por Jair Sarmiento

«¡Nosotros no queremos ese abuso!», dijo Rubén Huamaní, presidente de la comunidad de Pumamarca (Apurímac) durante una conferencia de prensa realizada el 5 de junio en Lima en donde expusieron sobre el conflicto que mantienen con la empresa minera australiana Minerals and Metals Group (MMG) que posee la mina Las Bambas.

Los ciudadanos y ciudadanas de Pumamarca denuncian que la empresa minera «abusó de la buena fe y del desconocimiento de las leyes» para realizar en el 2011 un contrato de compra venta sobre el predio de Sallawi.

«Esta compraventa estaba supeditada a una condición: que el terreno comunal cedido, solo se destinaría para la instalación de un campamento minero, no para otros usos, como carreteras, explotaciones mineras, etc. Pues por todos es sabido que Sallawi es cabecera de cuenca, zona de bofedales, pastoreos y de especial riqueza cultural. Sin embargo, la enorme asimetría de negociación, la falta de uso del idioma quechua y los incumplimientos de la operadora, terminarían por minar dicho acuerdo», señalaron.

Sin embargo, dicho acuerdo se terminó por desvirtuar ya que los precios eran infravalorados para los comuneros ya que por cada metro cuadrado se les estaba pagando 20 céntimos. De esta forma se llegó a otro acuerdo, pero de devolución de Sallawi, a futuro. Es decir, el plazo de devolución sería recién en el 2031.

Para tal devolución, según los comuneros se pactaron tres condiciones: en primer lugar se otorgaría a la comunidad el derecho de libre pastoreo y acceso en Sallawi conforme a sus costumbres; en segundo lugar se generaría 18 años de desarrollo para la comunidad;  y por último cualquier cambio en torno al uso del bien se acordaría entre las partes.

Al respecto, los comuneros hoy exigen que el plazo de devolución de sus tierras se abrevie porque que las condiciones, como los años de desarrollo, no se han cumplido para la comunidad de Pumamarca.

Cabe recordar que el 29 de mayo, más de 500 policías, bajo la orden de la minera, intentaron desalojar con violencia usando bombas lacrimógenas y armas. Los comuneros han denunciado la destrucción de sus viviendas, en donde se hallaban mujeres, ancianos y niños.

Cabe agregar que la región de Apurímac registra 13 conflictos sociales hasta abril de 2024, seis de ellos involucran a la empresa minera Las Bambas.