Por: Amanda Meza*

Cada día cuatro niñas se convierten en madres en este “país de violadores” cuya frase ya es una innegable y horrorosa realidad. Una niña de 9 años a la que su padre violaba, acaba de dar a luz y lejos de hablar de justicia y reparación integral o de campañas preventivas, el gobierno se ausenta, la ministra de la Mujer va al hospital, actuando de forma reactiva en lugar de preventiva, el médico se siente orgulloso de que la niña pueda dar de lactar.

Así se celebra un delito en el Perú.

Hay leyes que no se cumplen e iniciativas que se frustran por la presión de la iglesia católica y evangélica, por fuerzas políticas aliadas de las mismas ideas conservadoras en las que entran también ministros y funcionarios públicos.

En el caso de la niña de Puno, hay varios fallos desde el Estado y la sociedad. Se ha llamado “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” para maquillar una realidad, porque  pudo haberse llamado “Decenio contra la violencia de género”, pero como les da miedo la palabra “género” , no se concretó. ¿Dónde están las campañas preventivas? ¿Dónde está la educación sexual desde el colegio? ¿Dónde están las estrategias para acabar con el machismo que viola y mata desde los hogares hasta las calles?

La niña era violada por su padre. En ese círculo de violencia la madre también callaba. Solo un tercero  pudo hacer la denuncia. Seguimos mirando el problema desde lejos como sociedad.

Salud retrógada y cómplice

En Tacna, donde fue atendida la víctima, el director de Salud, Claudio Ramírez, indicó que la víctima, pese a su corta edad, “ha desarrollado la capacidad de brindar leche materna a su bebé”. El jefe del servicio de adolescencia del Instituto Nacional Materno Perinatal, Luis Almeyda, señala en entrevista para América Noticias: “Tuvimos el caso, hace varios años, de una menor que tuvo su bebé a los 8 años. Una de las grandes discusiones era si debería o no darle de lactar”.

Las declaraciones son gravísimas. La discusión no es que la niña no tiene que ser madre, tampoco que la violaron y los traumas que genera, sino que encima de ser una víctima de violación la fuerzan a mantener un vínculo abnegado con ese hijo.

“Ella acepta su embarazo”, dice el médico del Inabif. ¿Una niña de 9 años acepta su embarazo? ¿Qué le dijeron? ¿Sabe lo que es un embarazo? ¿Que su padre la violó? ¿Le dijeron que es lo que le toca a las mujeres? ¿Le dijeron que es un designio de dios? ¿Que es su culpa? ¿O le dijeron que se puso en un escaparate, provocando? Lo más probable es que esa niña ni siquiera sea consciente del delito que se ha cometido con ella y muchos menos qué hacer con ese hijo.

Las leyes se truncan

En noviembre de 2015 el Congreso con votos del fujimorismo y otras fuerzas conservadoras archivaron el proyecto que despenalizaba el aborto en casos de violación sexual. La iniciativa venía con 60 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas recogidas a través de la campaña Déjala Decidir.

Hoy está en espera la aprobación del proyecto de ley 387, presentado en octubre de 2016, para despenalizar el aborto en casos de violación, en casos de malformaciones congénitas y en casos de inseminación artificial y transferencia de óvulos no consentidas. Si existe una posibilidad para que más niñas no pasen lo que la niña de Puno, ¿por qué se sigue dilatando su aprobación? ¿Cuántas niñas más tienen que ser violadas para que haya justicia?

El Estado sigue siendo cómplice de los violadores. No hay campañas informativas sobre el derecho al aborto terapéutico, legal desde 1924, (sí, hace casi 100 años), al que podrían recurrir muchas niñas que han sufrido violación o con otras situaciones que pongan en riesgo sus vidas y su salud. 

Actualmente, el protocolo de aborto terapéutico se aplica hasta las 22 semanas de gestación, sin embargo, debería aplicarse sin restricción en tanto es la vida y salud de las niñas y mujeres la que está en peligro. Bastaría que un médico priorice los derechos fundamentales de sus pacientes antes que sus creencias religiosas o miedo a sanciones por falta de respaldo institucional. En el 2015, una joven le ganó al Estado peruano la batalla por el aborto terapéutico, un derecho que le negaron a los 17 años cuando tuvo un embarazo de feto anencefálico (sin cerebro) y su vida corría peligro. Es decir, ya hay un antecedente y pese a ello no se toman las medidas para que NO SE REPITA. El protocolo de atención de aborto terapéutico se aprobó en el 2014, por lo tanto, hay camino avanzado. Sin embargo, la vida de las niñas y muchas mujeres está en manos de un Estado negligente.

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*Amanda Meza, comunicadora, especializada en temas políticos, de género y diversidad sexual. Trabaja en campañas comunicacionales de casos de derechos humanos. Ha sido editora general de diario16, editora de Política y Actualidad en Perú.com, reportera de televisión y redactora en la revista Tiempo (España). Activista feminista y LGTBIQ. Autora del libro ‘Mi cuerpo es mío’ editado por DEMUS.