Amanda Meza
Cuando Celia Ramos murió sus hijas tenían 11, 8 y 5 años. Marisela, Emilia y Marcia ahora ya son mujeres adultas y han decidido emprender el difícil camino de buscar justicia en el Perú por aquella política de esterilizaciones forzadas implementada en el gobierno de Alberto Fujimori, entre 1996 y el año 2000, y que le arrebató a su madre.
Exactamente 24 años después de que su madre falleciera a causa de una complicación por una ligadura de trompas que se realizó tras insistencia de personal de salud del caserío La Legua, en Piura, que fue varias veces a su casa, sus tres hijas expusieron los efectos que ha tenido la pérdida de su madre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Nosotras sabíamos que nuestra mamá había muerto por una negligencia, pero la magnitud de los detalles no los supimos hasta ahora que somos adultas. Ahora para nosotras es un deber, un acto de honrar a nuestra madre”, señaló Marisela Monzón en la audiencia ante el organismo internacional de derechos humanos donde también estuvieron representantes del Estado peruano.
El 22 de julio de 1997, Celia Ramos murió. Las hijas pasaron al cuidado del padre y la abuela. La familia intentaba por todos los medios que ellas no tuvieran contacto con toda la tristeza y amargura que rodeó la muerte de su madre. Así vivieron alejadas de toda la exposición pública del caso, sin embargo hubo muchas secuelas.
“A las tres nos ha afectado de manera diferente a través del tiempo. Sufrimos de burlas en algunos momentos, porque no teníamos a mamá. Un recuerdo que guarda Marcia es que cuando se acercaba el Día de la Madre, se hacían manualidades para regalar a las mamás y algunos niños le decían: ¿Y tú por qué haces si no tienes mamá?”, señala Marisela, la mayor de las hijas de Celia Ramos.
Durante muchos años, su tío Alfonso Ramos batalló para que el caso de Celia no quedara impune. Incluso varias veces fue archivado y luego tras quejas de irregularidades, fue reabierto. Aún así han pasado más de 20 años y sigue la impunidad.
“Nos preguntamos, ¿Qué más necesitan? ¿Qué pruebas debemos presentar? Esto nos devuelve a la realidad de lo injusto que es nuestro país. Sabemos que lo ocurrido con nuestra madre, también ocurrió con otras mujeres. No fue la única persona a la que le hicieron cosas horrorosas. Esta lucha la queremos dar también por esas otras personas, muchas que ni siquiera pueden expresarse o acceder a un abogado o a un acompañamiento. Ahora sabemos y creemos que es necesario luchar por verdad y justicia”, sostiene Marisela.
Milton Campos, abogado de Demus, organización que patrocina el caso, sostiene: “La familia de Celia Ramos espera que la Comisión Interamericana remita el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que haya una sentencia que el Estado peruano deba cumplir, pues ya han pasado muchos años sin que se determine responsabilidades y sanciones”.
«Se trató de una política de Estado discriminadora, patriarcal, racista, capitalista neoliberal y colonizadora de los cuerpos de las mujeres indígenas andinas y amazónicas, en situación de pobreza y pobreza extrema, y sus territorios, violatoria de sus derechos reproductivos», agregó María Ysabel Cedano, abogada de la misma institución feminista.
Ni Alberto Fujimori, ni los exministros de Salud, ni médicos ni enfermeras que participaron en estos ‘festivales de ligaduras’ –como lo llamó hace poco el fiscal Pablo Espinoza encargado de sustentar ante el Poder Judicial las denuncias de más de 1 300 mujeres con lesiones leves y cinco fallecidas- han sido enjuiciados.
