Por Carlos Mejía

La formación técnica es necesaria para mejorar el empleo juvenil 

Cuando los jóvenes buscan empleo enfrentan dos problemas: primero, la ausencia de formalidad lo que supone que no van a tener un contrato y por lo tanto, las posibilidades de disfrutar de los derechos legales dependen de la buena o mala voluntad del empleador. Muchos jóvenes son embaucados en supuestas “prácticas profesionales” donde durante meses laboran sin recibir pago alguno. Cuando tienen accidentes o enfermedades, no tienen seguro social ni descanso médico. Y claro, no existen vacaciones remuneradas. 

Si un joven trabajador logra acceder a estos derechos en un empleo formal, enfrenta un segundo problema: los bajos salarios. El primer empleo de los jóvenes generalmente se ubica en el salario mínimo y durante mucho tiempo, es lo que van a recibir los jóvenes trabajadores. El argumento para esto es la ausencia de calificación técnica o experiencia laboral. 

Para abordar estos problemas se requiere de una adecuada política de empleo juvenil que permita capacitar y certificar a los jóvenes para mejorar sus ingresos económicos. 

En la mayoría de países donde existe una legislación que promueve el empleo juvenil, la capacitación dentro y fuera del centro de trabajo se desarrolla siguiendo algunos criterios comunes. Si la formación es en un centro de estudios técnicos, la empresa debe brindar las facilidades para que los jóvenes puedan acceder a los horarios de estudios. En caso de realizarse la capacitación dentro de la empresa donde se labora, debe realizarse dentro del horario de trabajo. 

La pregunta central es ¿quién cubre los costos de la capacitación laboral de los jóvenes?. En nuestro país, las políticas neoliberales han hecho que sean las familias de los jóvenes trabajadores quienes asuman estos costos. Lo cual es completamente irracional e injusto. 

Los jóvenes que luego de terminar la educación secundaria deben buscar un empleo pertenecen a los sectores más pobres que no pueden cubrir los costos de una educación técnica o superior. No tiene sentido obligarlos a pagar una formación laboral. 

En cualquier sociedad democrática, la formación técnica de los trabajadores con menos recursos es asumida tanto por las empresas que los contratan como por el Estado. Las empresas asumen directamente parte de los costos que supone un sistema de formación laboral, junto con el Estado mediante subsidios o exoneraciones tributarias. Esto es así, porque se entiende que capacitar a la masa laboral significa un beneficio para toda la sociedad. Se benefician las empresas  al disponer de trabajadores más calificados y los propios jóvenes pues al estar más capacitados, deben mejorar sus ingresos económicos. Así la fuerza productiva de un país será más competitiva y eficiente.

Ahora que el Ministerio de Trabajo busca discutir una nueva ley de empleo juvenil, es necesario considerar estos criterios.