Leyes aprobadas por la coalición Congreso-Ejecutivo que permiten el avance de la criminalidad
Este 10 de abril se viene desarrollando otro Paro de Transportes en contra de la criminalidad que viene viviendo el país. En lo que va del 2025, dieciséis choferes han sido asesinados por las mafias extorsionistas, según la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, por lo que distintos gremios del sector decidieron parar sus labores para realizar una marcha hacía el Congreso para exigir atención a sus demandas.
En ese contexto, la presidenta del Poder Judicial, Judith Tello, dio un mensaje a la nación recordando que existe un número de normas aprobadas en los últimos meses “que merecen una urgente revisión tal como lo ha señalado la Corte Suprema”.
“El Poder Legislativo ha aprobado las Leyes 31571, 31989, 31990, 32104, 32017, 32054 y 32108 y el Gobierno no las ha observado, dispositivos legales que han debilitado al Poder Judicial y a los jueces para enfrentar la criminalidad organizada y que han contribuido a la inseguridad ciudadana, al incremento de la delincuencia y los actos de corrupción”, señala el documento remitido en octubre del 2024.
Hay que señalar que algunas de estas leyes también fueron cuestionadas por el Ministerio Público en un comunicado a inicios de este año. De esta forma, estas son las leyes procriminalidad que ha aprobado el Parlamento en los últimos meses.
Ley 31990: Restricciones a la colaboración eficaz
Promulgada el 19 de marzo de 2024, la Ley 31990 impone un plazo máximo de ocho meses para corroborar la información entregada por colaboradores eficaces —personas que confiesan delitos a cambio de beneficios legales—. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse por cuatro meses adicionales, y hasta ocho más si se trata de crimen organizado. La Fiscalía ha expresado su preocupación, al considerar que esta limitación obstaculiza la investigación de delitos complejos y estructuras criminales.
Ley 31751: Recorte de plazos de prescripción
La Ley 31751 reduce los tiempos de prescripción para los delitos, lo que, según el Ministerio Público, limita su capacidad de perseguir crímenes graves. La norma establece que la suspensión del plazo de prescripción no puede exceder un año, bajo el argumento de garantizar un “plazo razonable” para el imputado y brindar una pronta respuesta a las víctimas.
Ley 32108: Nueva normativa contra el crimen organizado
La Ley 32108 introduce nuevas categorías penales para combatir el crimen organizado, pero la Fiscalía advierte que la norma complica la tipificación y castigo de estas redes delictivas. Además, exige la presencia de un abogado durante los allanamientos, lo que ralentiza las investigaciones.
La norma ya ha tenido impacto en casos mediáticos: benefició a Agustín Lozano, quien evitó una medida judicial en su contra, y recientemente fue usada para anular el pedido de prisión preventiva de Nicanor Boluarte.
Ley 32104: Reducción de suspensión del plazo de prescripción
El 28 de julio de 2024, Dina Boluarte promulgó la Ley 32104, también conocida como ‘Ley Soto’, que reduce a un año la suspensión del plazo de prescripción penal. No obstante, esta norma ya había sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema en noviembre de 2023, que consideró la medida desproporcionada y exhortó a los jueces a no aplicarla.
Ley 32130: Cambios en el proceso penal
El 10 de octubre de 2024 se publicó la Ley 32130, que permite a los acusados apelar la resolución que da inicio al juicio oral. Para el presidente de la Corte Superior Nacional, Hans Contreras Cuzcano, esta medida podría afectar más de cien procesos vinculados al crimen organizado y la corrupción, ya que añade pasos procesales que dilatan aún más los juicios complejos con múltiples implicados y delitos.
La extorsión continua a vista de la coalición Legislativo-Ejecutivo
Las denuncias por extorsión registraron un alarmante incremento durante el primer trimestre de 2025, según datos del Sistema de Registro de Denuncias Policiales (Sidpol) compartidos por el analista Juan Carbajal.
Solo en enero se reportaron 880 denuncias, en febrero 855 y en marzo 921. Estos números superan ampliamente los registrados en los mismos meses de 2022, 2023 y 2024, mostrando una escalada sostenida de este delito.
La situación se agrava con hechos violentos recientes que evidencian la brutalidad con la que operan las mafias extorsivas. El martes 8 de abril, dos conductores de transporte público fueron atacados a balazos en la avenida Venezuela, en el Callao. Daniel Alexis Guillermo Díaz, de 25 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza. Su colega, Luis Chinchay, de 65, resultó herido y permanece hospitalizado.
Días antes, el 5 de abril, otro conductor fue asesinado en Los Olivos. Loymer Noé Benigno, de 38 años, manejaba un bus de la empresa Etuchisa —conocida como “Los Chinos”— cuando fue interceptado por sicarios en moto que abrieron fuego frente a la Universidad César Vallejo. El chofer fue trasladado al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, pero llegó sin vida.
La fotografía de Loymer Noé Benigno fue levantada en la jornada de protesta de hoy, jueves 10 de abril, mientras cientos de transportistas denunciaban la inoperancia del Congreso y las calles de Lima, lucían sin transporte público.
