Por Álvaro Meneses
Desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la Confederación Nacional Agraria (CNA) rechazan un proyecto de ley aprobado en el Pleno del Congreso de la República que promueve la presencia paramilitar en las comunidades indígenas nativas y campesinas que ya cuentan con algún tipo de organización comunal de defensa autónoma. “Con el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico busca legalizar el paramilitarismo dentro de los territorios indígenas”, advierten.
En una carta enviada al presidente Francisco Sagasti, el pasado sábado 24 de abril, las organizaciones indígenas ONAMIAP y la CNA, que cuentan con más de 35 bases y federaciones a nivel nacional, solicitaron al Gobierno que observe el dictamen del proyecto de ley 5424 aprobado en el Pleno del Congreso el pasado 22 de abril.
En concreto, el dictamen aprobado propone que los comités de autodefensa apoyen a la Policía Nacional del Perú en el control del orden interno y la lucha contra la seguridad ciudadana en las zonas rurales, mientras que en las zonas declaradas en Estado de Emergencia, el funcionamiento de estos sean determinados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El dictamen fue aprobado en la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, y durante la etapa de debates se solicitó las opiniones de los ministerios del Interior, de Defensa, Justicia y Derechos Humanos, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales, la Asociación de Municipalidades del Perú, la Defensoría del Pueblo, la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales, y la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú.
A quienes no se les pidió opinión, sin embargo, fue a las mismas organizaciones indígenas que representan a las comunidades nativas y campesinas.
De acuerdo a la carta enviada al presidente Sagasti, el dictamen también debió discutirse en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; Ambiente y Ecología del Congreso. “En cualquier caso, la Comisión de Defensa debió mínimamente informar a las organizaciones indígenas sobre el proyecto de ley en curso y solicitar y considerar la opinión correspondiente”, sostienen las organizaciones indígenas.
Tanto la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) como la Confederación Nacional Agraria (CNA), sostienen que “el Congreso ha vulnerado los derechos a la participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado, al no haber notificado a las organizaciones indígenas sobre la medida legislativa a aprobarse susceptible de vulnerar sus derechos”.
En entrevista con Melania Canales, presidenta de Onamiap, esta ley serviría para continuar reprimiendo a las poblaciones indígenas pero desde adentro.
«Hemos visto que promueve el paramilitarismo dentro de los territorios de los pueblos indígenas, que a civiles les darán armamento y financiamiento. Eso va a fortalecer la violación de los derechos humanos de los pueblos y el despojo de sus territorios. Con su pretexto es la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, el Estado va a seguir reprimiendo contra los que defendemos nuestros derechos. Basta de promover la violencia, basta de imponer la muerte en los pueblos indígenas», dice Canales.
