Líder de CMHNTM, Christian Rosas, asesor en la sombra de un poderoso minero

El líder de ‘Con Mis Hijos No Te Metas’, Christian Rosas, no solo es un férreo opositor de las políticas de igualdad de género, también es un cotizado asesor de una empresa vinculada a la minería ilegal. Wayka tuvo acceso exclusivo a información documentaria sobre los costosos contratos entre Rosas y la minera Laytaruma.

Por Graciela Tiburcio Loayza

El fundador y vocero principal del colectivo Con mis hijos no te metas (CMHNTM), Christian Rosas Calderón, hijo del excongresista fujimorista Julio Rosas Huaranga, es un cotizado asesor de Laytaruma S.A., una empresa minera acopiadora y comercializadora de oro que ha estado en la mira del Ministerio Público por presuntos vínculos con la minería ilegal.

Desde el 2 de octubre de 2015 hasta la actualidad, Rosas trabaja para Laytaruma, clasificada en el Ministerio de Energía y Minas como pequeña minera, pero que no tiene nada que envidiarle a grandes compañías como Antamina, pues se codea con ellas en el ránking de exportaciones de minerales.

Laytaruma ocupa el puesto 27 entre las mineras que más exportaron en 2018, según reportes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Ese mismo año, el valor de exportaciones de esta “pequeña minera” fue de 150 millones de dólares.

Los principales centros de acopio de la compañía que asesora Christian Rosas están ubicados en Canta (Lima), Nasca (Ica), Pasco, Caylloma y Chala (Arequipa), Junín, Apurímac, Juliaca (Puno), Casma (Áncash) y Ayacucho. Coincidentemente, en estas localidades también se han registrado los principales focos de la minería informal.

Wayka accedió a información documental sobre las costosas asesorías de Christian Rosas y los servicios que ofrece a Laytaruma.

La otra cara

De acuerdo con la compañía Laytaruma, Christian Rosas recibe US$ 6,400 mensuales a cambio de ofrecer asesorías para formalizar mineras pequeñas y artesanales relacionadas con las normas nacionales, regionales y locales.

Además, desarrolla coordinaciones con instituciones públicas y privadas vinculadas con el sector minero en busca de “mejoras a la legislación ambiental” en beneficio de la minería.

En concreto, Rosas ofrece formular y recomendar estrategias relacionadas a cambios legislativos en el sector minero-ambiental.

Personal de confianza de Laytaruma S.A, que prefieren mantener sus nombres en reserva, informaron a Wayka que Rosas obtuvo los contratos con la minera supuestamente ofreciendo influencias en el Congreso por intermedio de su padre, el exlegislador Julio Rosas Huaranga.

Julio Rosas cumplió funciones como congresista por Fuerza Popular entre 2011 y 2016, y por Alianza para el Progreso entre 2016-2019.

“Siempre ha ofrecido los nexos que tenía con su padre en el Congreso, pero eran solamente palabreos porque Julio Rosas al final nunca presentó nada a favor de las mineras. A pesar de eso, Laytaruma sigue confiando en que Christian Rosas será su principal aliado en las próximas elecciones”, señaló a Wayka una fuente de la minera que pidió no ser identificada.

Las fuentes también revelaron que a finales de julio de este año, Rosas se reunió con los gerentes de la Asociación Nacional de Plantas de Beneficio y Pequeños Productores Mineros (Anplaben), de la que la compañía Laytaruma es parte, para ofrecer sus servicios a cambio de US$ 10,000 como remuneración. Pero sus servicios fueron rechazados porque “no todos los directivos de Anplaben confían en él”.

“Al comenzar la pandemia, la minera (Laytaruma) dio licencia sin goce de haber a sus administrativos y trabajadores de planta, pero el sueldo completo de Rosas no se ha visto afectado”, dijeron las fuentes de la minera.

Christian Rosas estudió derecho internacional y política en Liberty University, una conocida universidad conservadora de Estados Unidos; de momento, no hay registro de dicho título en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Tampoco encontramos certificados sobre estudios especializados en derecho minero u otros afines.

Wayka le hizo llegar un pliego de preguntas a Christian Rosas, pero este ha preferido no responder sobre sus asesorías a una empresa investigada por presuntamente haber participado con la minería ilegal. Sin embargo, a través de su Twitter oficial, confirmó que sí mantiene el vínculo laboral con la minera.

La historia no contada

Desde hace 11 años Laytaruma ha estado en la mira del Ministerio Público y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por presuntas irregularidades que vinculan a la compañía con la minería ilegal.

Laytaruma incluso aparece en investigaciones e informes sobre mineras informales elaborados por especialistas del sector.

En 2007, el ingeniero Guillermo Medina, junto con Jorge Arévalo y Felipe Quea, elaboraron una investigación para el Instituto de Minas del Perú que identificó la ruta y cadena que sigue el comercio de minería de oro informal.

En dicho informe se menciona que acopiadoras como Laytaruma compran el oro extraído ilegalmente y que, además, financian y proporcionan explosivos y otros insumos a los mineros informales para extraer el oro.

Justamente, en 2009, la Fiscalía incautó un cargamento de 300 cartuchos de dinamita que pertenecía a las empresas Laytaruma y J.K.L. Pardo Corporation S.A.C. El material estaba oculto en dos viviendas de Antabamba, Abancay. Según las autoridades, los explosivos iban a ser entregados a extractores ilegales de oro.

Los indicios siguieron apareciendo en los años siguientes. En 2010, la Sunat encontró irregularidades en cuatro empresas acopiadoras de minerales, entre las que estaba Laytaruma. Y en 2011, la fiscal del Medio Ambiente de Piura, Silvia Rumiche, acusó a la empresa por presuntamente facilitar insumos químicos a mineros informales.

En ese entonces, la fiscal Rumiche manifestó que “todo el mundo sabe que la empresa Laytaruma promueve, instiga esta actividad ilegal, pero hasta ahora no se la ha responsabilizado porque no se ha verificado el grado de contaminación existente como consecuencia de la minería informal”.

Luego, en 2015, el entonces alcalde de Las Lomas -distrito vecino al centro de acopio de Laytaruma en Piura-, Milton Neira Simbala, declaró que transportaba minerales ilegales extraídos en el distrito de Sapillica, provincia de Ayabaca, y los transportaba en camiones hasta la sede acopiadora de Laytaruma.

Bajo la mira

Un año antes, la OEFA y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) efectuaron una inspección en una de las plantas de Laytaruma en Ayacucho, y encontraron indicios de que la producción sería mayor a la permitida para las pequeñas mineras.

Las fuentes de Laytaruma aseguraron a Wayka que la minera gana más comprando el oro a un menor valor a los extractores informales, para luego comercializarlo a mayor valor haciéndolo pasar como producción de la minería formal.

“Por eso las plantas de procesamiento como Laytaruma exportan grandes cantidades de oro y continúan calificando como pequeños productores mineros”, resaltaron las fuentes que prefirieron mantener sus nombres en reserva.

En lo que va del año el valor de las exportaciones de Laytaruma superó los 100 millones de dólares, siendo sus principales destinos Estados Unidos y Turquía, conforme a Sunat.

Wayka solicitó en reiteradas ocasiones una entrevista con el gerente general de Laytaruma, José Zegarra Freund, para obtener sus descargos sobre las investigaciones a su empresa por actividades presuntamente vinculadas a la minería ilegal. Pero no obtuvimos respuesta.

Zegarra, quien también es representante de Anplaben, es un actor clave en la contratación de Christian Rosas. Las fuentes de Wayka en la empresa minera señalan que José Zegarra mantiene una fuerte amistad con Christian Rosas, lo que explica por qué lo mantiene como un asesor de confianza.

Mineras como cancha

Además de gerente general de Laytaruma y Anplaben, José Zegarra Freund también está al frente de otras 12 mineras. Una de ellas, Exploraciones Andinas SAC, con sede en Ayacucho, fue protagonista de un conflicto socioambiental en 2015.

Ese año siete comunidades campesinas del distrito de Puquio, de la provincia ayacuchana de Lucanas, convocaron a un paro de 48 horas por la contaminación ambiental ocasionada por Exploraciones Andinas. La Policía enfrentó la protesta y provocó la muerte de 2 personas.

Otra minera de José Zegarra, Minera Huario SAC, que también está vinculada con la minería informal, interpuso una acción de amparo ante el Poder Judicial contra el Aporte por Regulación establecido para OEFA.

El Aporte por Regulación permite a OEFA cubrir la totalidad de gastos de supervisión y fiscalización ambiental de la actividad minera para verificar si los ríos, suelos, aire, flora y fauna de las zonas aledañas a las minas están contaminadas o no.

Antes del 2014, este aporte era cobrado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Sin embargo, desde hace 6 años, OEFA recauda esta cuota que equivale a menos del 1% del valor de facturación mensual de las mineras. Un sencillo si se considera que el grupo Laytaruma exporta millones al extranjero.

La Dirección Nacional de Inteligencia también hizo una investigación al minero José Zegarra por haber sostenido reuniones con el excongresista aprista Jorge del Castillo Gálvez. Según el diario Correo, que informó del caso, “las reuniones de Jorge del Castillo con funcionarios privados y públicos vinculados a intereses minero-energéticos lo convierten en el principal lobbysta del PAP (Partido Aprista Peruano) en el sector”.

Uno de esos empresarios mineros con el que del Castillo se reunió fue José Manuel Zegarra. Los encuentros se hicieron en un vehículo que era propiedad de la minera Laytaruma.

Hasta el cierre de este reportaje, ni Rosas ni Zegarra accedieron a nuestras solicitudes de entrevista. Sin embargo, Christian Rosas optó nuevamente por dirigirse a nuestro medio a través de Twitter, en lugar de contestar el pliego de preguntas que le enviamos en reiteradas ocasiones.

Sin duda, los vínculos laborales de Christian Rosas, aclaran más la figura del líder de Con Mis Hijos No Te Metas, quien no solo se opone a los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI, sino que también se relaciona a sectores investigados por atentar contra los derechos medioambientales.