Lima Norte se organiza: vigilancia feminista denuncia fallas en salud pública y exige prevención real frente a la violencia

Por: Silvia Bardales Q.

“Las mujeres que habitamos la periferia vivimos una ciudad distinta. Las violencias que enfrentamos también son distintas”. Con esa claridad, Paulina Flor de Paz Cárdenas, activista feminista y cofundadora de la colectiva Yana Ñawi e integrante de la red Tinkuy Feminista, resume el punto de partida de una lucha que en Lima Norte ha dejado de ser solo denuncia para convertirse en monitoreo, articulación y exigencia directa al Estado.

Desde Comas, organizaciones como Yana Ñawi, Voces Violetas, Adeprosan y Red Feminista Lima Norte han impulsado un proceso de vigilancia ciudadana en alianza con DEMUS que revela una realidad alarmante: la prevención primaria de la violencia de género prácticamente no existe en los servicios públicos de salud del distrito.

Un territorio en doble alerta

Lima Norte no solo enfrenta altos índices de violencia de género. También vive bajo la presión del crimen organizado y la inseguridad ciudadana. Para Paulina, esa combinación coloca a mujeres y disidencias en una “doble alerta”: el riesgo de agresiones en el espacio público y la violencia que ocurre dentro de los hogares.

En 2024 se registraron cerca de 31 mil denuncias por violencia familiar en los juzgados de Lima Norte. Solo en Comas, uno de los distritos más poblados del país, funcionan apenas dos Centros de Emergencia Mujer (CEM), ubicados en La Pascana y Collique. En el periodo analizado, más de mil atenciones fueron registradas, y el 86 % de las víctimas fueron mujeres.

Pero las cifras no son el único problema. Según la ENARES 2024, el 87 % de la población en Lima Metropolitana aún aprueba creencias sexistas que sostienen y justifican la violencia. Para la activista, este dato no es aislado: “Vivimos en un contexto de normalización del sexismo y la cultura de la violación. Eso se refuerza con discursos políticos que minimizan el abuso o cuestionan la educación sexual integral”.

La salud pública reprueba en prevención

El reporte “Una mirada ciudadana sobre los servicios de prevención primaria”, elaborado por DEMUS en coordinacion con la red feminista lima norte y el apoyo de Adeprosan,  tras visitar 16 establecimientos de salud del primer nivel en Comas, confirma lo que las colectivas intuían: el enfoque sigue siendo reactivo, no preventivo.

Solo el 44 % de los centros cuenta con materiales informativos sobre derechos sexuales y prevención de la violencia. En ninguno se halló información que explique las causas estructurales de la violencia de género. El 70 % de usuarias de Centros de Salud Mental Comunitaria reportó que durante sus atenciones no se desarrollan acciones preventivas.

Además, el 50 % de los establecimientos no utiliza lenguaje inclusivo y, cuando lo hace, mantiene un enfoque binario que excluye a la población LGTBIQ+. Menos del 60 % adapta imágenes o mensajes a la realidad sociocultural del distrito.

“La prevención no puede limitarse a afiches que hablan de denunciar cuando ya ocurrió el daño”, señala Paulina. “Si no transformamos las creencias desde la infancia y la adolescencia, seguiremos atendiendo consecuencias y no causas”.

Paulina Flor de Paz en la presentación pública de resultados en Comas. Créditos: DEMUS

Creencias que perpetúan la violencia

La encuesta realizada por DEMUS, en Comas junto a Ipsos reveló datos preocupantes. El 38 % de personas cree que una niña se convierte en mujer cuando inicia su menstruación, una idea que contribuye a la adultización de cuerpos infantiles y abre la puerta a la violencia sexual. El 15 % considera que la violencia sexual dentro de la familia debe mantenerse en secreto, reforzando la impunidad.

Otro 51 % sostiene que “las mujeres del campo se llenan de hijos porque no se cuidan”, invisibilizando la responsabilidad estatal en el acceso a salud sexual y reproductiva y evidenciando un racismo persistente, incluso en distritos formados mayoritariamente por familias migrantes.

Para Paulina, estos imaginarios no surgen de la nada: “Se construyen en la crianza, en la escuela, en los medios y ahora también desde el propio Congreso, que ha promovido normas que restringen la educación sexual integral”.

De receptoras a sujetas políticas

Ante este panorama, la vigilancia ciudadana busca algo más que un diagnóstico. “Queremos dejar de ser solo receptoras de servicios y convertirnos en sujetas políticas que exigen rendición de cuentas”, afirma la activista.

El informe también evidenció la ausencia de planes locales con presupuesto específico para prevención. Funcionarios mostraron escaso conocimiento sobre la Estrategia Nacional “Mujeres Libres de Violencia”, y no se identificaron metas claras ni acciones sostenidas.

Las demandas de las colectivas de Lima norte son concretas: crear un plan local con presupuesto asignado, producir materiales inclusivos y culturalmente pertinentes, y capacitar al personal de salud con enfoque de género y derechos humanos.

Feminismo desde los barrios

Paulina forma parte de Yana Ñawi —“Ojo negro” en quechua—, una colectiva de mujeres racializadas y de familias migrantes que apuesta por un feminismo construido desde los barrios. En 2024 impulsaron, junto a otras organizaciones, la creación de la red Tinkuy Feminista Lima Norte.

La red ha organizado marchas descentralizadas, caravanas por la igualdad y acciones culturales en mercados, parques y avenidas como Túpac Amaru. El objetivo es claro: democratizar la información y reapropiarse del espacio público.

“El arte es una herramienta política”, explica Paulina. Batucadas, teatro, títeres y performances han servido para acercar la educación sexual integral a quienes no acceden a ella en las escuelas.

Este 8 de marzo, en lugar de una marcha tradicional, las colectivas realizarán piquetes informativos en mercados de Comas, Carabayllo y Puente Piedra. El 15 de marzo replicarán la acción en el mercado Huamantanga. La estrategia busca dialogar directamente con mujeres trabajadoras, madres y adolescentes que muchas veces no se sienten convocadas por espacios formales.

Prevención o retroceso

Para las activistas, el debate no es ideológico, sino profundamente ético y de derechos humanos. “Obligar a una niña a continuar un embarazo producto de violación es tortura institucional”, sostiene Paulina, en una postura que también ha sido respaldada por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), que advierte que forzar la maternidad en la infancia constituye una forma de violencia estatal. En un escenario de retroceso democrático —marcado por normas que restringen la educación sexual integral y debilitan las políticas de género— la prevención primaria no es una opción secundaria, sino una herramienta urgente para frenar la reproducción de violencias estructurales desde la raíz.

La vigilancia ciudadana en Comas demuestra que el problema no es la falta de leyes, sino la falta de implementación, presupuesto y voluntad política. Mientras tanto, desde los barrios de Lima Norte, las redes feministas insisten en que la prevención no puede esperar.

En este sentido, Paulina señala:  “merecemos barrios libres de violencia, merecemos ser soberanas sobre nuestros cuerpos y merecemos políticas públicas que realmente nos protejan antes de que el daño ocurra”.

Foto: DEMUS / Presentación pública de la vigilancia ciudadana en prevención primaria en violencia

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