A pesar que cientos de personas esperan más de un día para ser atendidos en hospitales públicos, donde los casos por el nuevo coronavirus ha desbordado los servicios; los pacientes con más recursos económicos recurren a clínicas privadas para realizarse una prueba de descarte.
Sin embargo, quienes acudieron a clínicas privadas se han visto sorprendidos con impagables sumas de dinero, que incluso con el descuento de las aseguradoras sigue siendo alto. ¿Negocio de la salud?
Así lo reveló una investigación del medio Ojo Público, donde varias clínicas privadas y aseguradoras de salud cobran a sus pacientes precios exhorbitantes para el descarte y tratamiento de COVID-19. Según el informe, hasta hace unas semanas, las pruebas solo podían ser realizadas por el Instituto Nacional de Salud, pero el 23 de abril, un comunicado de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) informó que ante el incremento de casos en todo el país «se viene otorgando autorizaciones sanitarias (registro sanitario y autorizaciones excepcionales) para la fabricación, importación y uso de productos farmacéuticos y dispositivos médicos”.
De esta manera, se autorizaron a 135 empresas la importación de pruebas rápidas, pero no se precisa cuándo se tomó esta decisión ni cómo se verifica la calidad de los test.
Por ejemplo, si una persona de 30 años quisiera adquirir un seguro que incluya el tratamiento para el COVID-19 de hasta S/ 50 mil, debería pagar S/ 3 230 al año. Si tiene más de 69 años, S/20 368 al año. El plan más económico cuesta S/ 2 952, pero no incluye el tratamiento por COVID-19.
Según OjoPúblico, la Unidad de Salud de Mapfre incrementó en un 20% el precio del plan para enfermedades epidémicas para las nuevas personas que se afilien.
Para Rímac Seguros, la cobertura por COVID-19 y su internamiento depende del centro médico al que se acuda. Para clínicas como San Pablo Sede Sur, Suiza Lab Miraflores Lima Norte y otras, la cobertura será del 95% para tratamientos que no superen los S/ 50 mil mensual. Para clínicas como Angloamericana, Delgado y San Felipe, Rímac Seguros cubre hasta el 70% si el monto total no supera los S/60 mil.
Uno de los pacientes señala que pagó a la clínica Delgado S/ 569 por la prueba rápida y tras dar positivo, decidió internarse. Como no tenía contratado un seguro, debía pagar una garantía de S/ 25 mil.
“Yo tenía solo S/ 15 mil, pero no me aceptaron. Por eso decidí acudir al hospital de Villa El Salvador, donde hace dos semanas me habían dicho que las pruebas se habían terminado”, dijo el paciente.
Además, cuenta que a su salida de la clínica Delgado le dijeron “que de la puerta a la calle, si algo me pasaba o me moría, no era su responsabilidad, y cuando me fui, al salir, me hicieron firmar un documento para dejar constancia que los libraba de responsabilidad. Por mi estado de salud, no lo pude leer al detalle y tampoco me entregaron copia”.
Otro paciente, con seguro Pacífico, se internó el día 21 de marzo en la clínica San Borja de la red Sanna, un conglomerado médico creado el 2013 que pertenece al grupo Credicorp.
A pesar de que su seguro le cubre el 75%, el 14 de abril le entregaron una factura preliminar donde consideraban el 90% de cobertura y por lo tanto tenía que pagar hasta ese momento S/ 15 973 de los S/ 186 429 generados desde el 21 de marzo hasta el 10 de abril.
Finalmente, se recuperó y el 28 de abril le entregaron la factura final donde se enteró que tenía que pagar S/ 62 392 de los S/ 235 817 por los días que permaneció en la clínica.
Urgente fiscalización
El 29 de abril, la Defensoría del Pueblo exhortó al Estado peruano a fiscalizar para evitar la especulación de precios en productos médicos para el COVID-19
“Se podría vincular este pedido a los precios altos de las clínicas. En el contexto de pandemia, varios países están fijando montos tope”, dijo Alicia Abanto Cabanillas, adjunta de la Defensoría. “Las empresas están obligadas a respetar los derechos humanos (como el acceso a la salud) y SuSalud está obligada a supervisar y rendir cuentas sobre sus intervenciones”, agregó.
En Chile se dispuso un montó máximo para el pago de productos farmacéuticos así como la prestación de servicios de salud y servicios sanitarios. Así, desde el 26 de marzo se fijó que la prueba rápida para descartar el COVID-19 costara S/ 100 (25 mil pesos chilenos).
Camas UCI en clínicas privadas
Desde el 21 de abril, el DL 1466 establece que si una persona con COVID-19 requiere ser internado en una clínica para internarse no hay impedimento para que acceda a este servicio si existe capacidad disponible.
Sin embargo, la semana pasada, el ministro de Salud, Víctor Zamora, indicó que el traslado de pacientes de hospitales públicos a clínicas ya había iniciado pero todavía no en el volumen ni velocidad que quisiera.
Hasta el 1 de mayo, 26 de 194 camas de UCI pertenecientes a las clínicas del país se encontraban disponibles según el Minsa. Asimismo, hasta 28 personas habían fallecido en estos establecimientos.
