Denuncian que la reactivación de concesiones forestales en reservas indígenas pone en riesgo a pueblos en aislamiento. La acción de amparo fue presentada por la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) contra el Gobierno Regional de Loreto y una de sus gerencias.
Lucero Ascarza
Reactivación económica bajo cuestionamientos. En las últimas semanas, el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) y su Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre (GERFOR) anunciaron el reinicio de actividades de concesiones forestales. Algo que podría significar una amenaza para la vida, la salud y la integridad de los pueblos en aislamiento.
La demanda presentada por la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) señala que el plan de reactivación económica del sector forestal planteado por el gobierno regional implica otorgar o reactivar concesiones forestales en cuatro reservas indígenas, lo que haría ilegales a estas concesiones. Dichas reservas están en proceso de creación y son Yavarí Tapiche, Yavarí Mirim, Napo Tigre y Sierra del Divisor Occidental.
En ese sentido, la demanda busca que el GOREL y GERFOR se abstengan de dicha reactivación en las reservas indígenas en cuestión. Además, que estas entidades no apliquen el decreto que contempla la reactivación de la industria forestal por la amenaza que implica para los pueblos en aislamiento. La acción de amparo tiene el acompañamiento técnico y legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), Environmental Investigation Agency (EIA), Forest Peoples Programme (FPP) y Rainforest Foundation Norway (RFN).
«Desde 2017, el gobierno regional y su gerencia han estado entregando concesiones forestales en territorios de pueblos en aislamiento en las reservas indígenas. Pese a que la Ley Forestal lo prohíbe y que la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado en contra», explica Maritza Quispe, abogada de IDL.
Los peligros para pueblos en aislamiento
En un comunicado, emitido recientemente por la GERFOR, se señala que las cuatro reservas indígenas mencionadas «no están comprendidas en ninguna de las concesiones forestales de alcance de la reactivación forestal».
A la par, señalan que las actividades de los concesionarios tienen la obligación de cumplir los protocolos del Ministerio de Salud y «en ese sentido, no existe riesgo de contagiar el COVID-19 a la población de las comunidades nativas o campesinas». Este argumento no convence a las organizaciones que defienden los derechos de los pueblos indígenas.
Según consta en el sustento de la demanda contra el GOREL y GERFOR, en junio de 2019 el Ministerio de Cultura sabía de 43 concesiones forestales otorgadas de manera ilegal en las reservas Yavari Mirim y Yavari Tapiche. Al respecto, Maritza Quispe apunta que el Gobierno Regional de Loreto no ha respondido a pedidos de información para conocer cuáles son las empresas que recibieron concesiones.
«La amenaza que creemos que podría ocurrir es que se vuelvan a otorgar concesiones en esos territorios. O que reactiven las (concesiones) que ya han entregado en esa zona», precisa Quispe.
De acuerdo al sustento de la demanda presentada por ORPIO, las actividades forestales implican una constante presencia y movilidad de personal de las concesiones, lo que puede llevar al contagio de enfermedades, a las que los pueblos en aislamiento son altamente vulnerables. El riesgo que implicaría este escenario para la vida y la salud de los pueblos indígenas en aislamiento se incrementa por la emergencia sanitaria. A esto se suma la contaminación del ambiente, la disminución de recursos y de fuentes de alimento.
Todas estas circunstancias se agravarían en el actual contexto de emergencia sanitaria por el coronavirus. Sin embargo, el Ministerio de Cultura no se ha pronunciado. «Si, por ejemplo, trabajadores de esas empresas forestales tienen contacto con ellos, cabe la posibilidad que se contagien de COVID-19. Eso sería fatal porque los pueblos morirían en silencio. Nosotros nunca nos vamos a enterar porque están aislados. Pocas veces los vemos o hay evidencia de ellos», explica Maritza Quispe.
Un proyecto de ley pendiente
El 26 de mayo la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen de un proyecto para modificar la ley para pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). Esta iniciativa corresponde a una demanda colectiva de organizaciones indígenas, pero aún no se ha puesto en debate en el Pleno.
La abogada Maritza Quispe explica que la ley actual «abre las puertas de manera inconstitucional para que hayan concesiones en áreas de reservas indígenas». Por ese motivo, el dictamen aprobado en comisión incluye el reconocimiento al derecho que tienen los pueblos en aislamiento a la propiedad de los territorios que ocupan. Además, dispone que no se podrán otorgar licencias o suscribir contratos que implique aprovechar recursos naturales en reservas indígenas.
Así, de aprobarse la modificación, las reservas indígenas tendrían carácter intangible y no estarían expuestas a los riesgos que implican actividades forestales o extractivas en sus territorios.
