Redacción Wayka
Cuarto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima declaró fundada, en primera instancia, la acción de amparo presentada contra la Empresa Editora El Comercio y declaró nulo el contrato de venta de acciones de acciones de las empresas Epensa y Alfa Beta Sistemas (ABS). La resolución consta con más de 200 páginas y evidencia la concentración de medios por parte de El Comercio.
Como se recuerda en 2013, El Comercio adquirió el 54% de acciones de Epensa y ABS. Con este negocio, la Editora El Comercio adquirió los periódicos Correo, Ojo, El Bocón y Ajá, haciéndose dueño del 80% de diarios impresos. Ante el acaparamiento de los medios impresos, ocho periodistas presentaron una demanda de amparo.
Tras ocho años de proceso, la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió el amparo alegando la «vulneración de los derechos a la libertad de expresión e información protegidos en la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos».
Para la Corte Superior, ha quedado demostrado «con toda claridad que el mercado peruano de prensa escrita se encuentra altamente concentrado» y que el Grupo El Comercio mantiene un «indiscutido dominio» en el «mercado nacional de diarios y además en otros mercados multimedia».
Cabe destacar que el Grupo El Comercio también es dueño de América TV y Canal N. Durante el actual proceso electoral, los medios controlados por esta empresa se han caracterizado por su sesgo político. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 79% de personas perciben que los medios de comunicación favorecen a Keiko Fujimori,
Además, el fallo exhorta al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo «a dictar las medidas legislativas y demás procedimientos que fuesen necesarios para asegurar la libertad de expresión sobre concentración en todos los mercados de comunicación social, propiedad cruzada de medios, transparencia en la propiedad de los medios de comunicación y otros».
Ante la resolución de la Corte, la Empresa Editora El Comercio ha señalado que apelará el fallo dado en primera instancia pues, para ellos, atenta contra sus derechos a la libertad de expresión, contratación, asociación, empresa y propiedad.
