Se llama elusión a los trucos o tretas que aplican las grandes empresas para reducir sus pagos de impuestos. De ser controlada la elusión de las grandes empresas; permitiría, según el MEF, lograr unos 4 mil millones anuales adicionales de ingresos para el Estado, casi el triple de lo que se gasta en construir y rehabilitar colegios o el doble de lo que se destina al SIS (Seguro Integral de Salud).

La mayoría de países tienen una ley o norma antielusión. El Perú, desde el 2012, cuenta con una ley al respecto; conocida como la norma XVI del Código Tributario, la cual no se aplica porque la Confiep se opone. En el 2014 lograron que una nueva ley suspenda la aplicación de la norma antielusión hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas establezca por decreto supremo los parámetros de la norma. Pasaron cinco años y nada. Cuando el gobierno contó con facultades legislativas para sacar esto adelante; Roque Benavides fue con una batería de abogados pro empresariales al MEF para presentar sus objeciones, en una reunión que fue guardada en secreto hasta hace poco (cuando se trata de negociar el poder de las grandes empresas de sacarle la vuelta a la SUNAT prefieren hacerlo a escondidas). No les hicieron caso: el DL 1422 de setiembre 2018 estableció los parámetros que se exigía. La Confiep se siguió oponiendo: pocas semanas después de que salió el DL 1422, Miki Torres, entonces presidente de Fuerza Popular, presentó un proyecto de ley en el Congreso con los mismos puntos que solicitaba la Confiep.

El flamante premier Salvador del Solar ha dicho que: “Hay detalles que yo tengo que ver con más cuidado porque acabo de asumir y es un tema delicado, pero por supuesto que la ley antielusión va”. Parece claro pero no lo es tanto: ¿por esos detalles se refiere a los asuntos defendidos por Roque Benavides y la Confiep que obviamente resguardan sus intereses, en este caso de seguir engañando al fisco o de encubrir trafas previas?

Las dudas crecen cuando el ministro Carlos Oliva del MEF declaró el jueves pasado, preguntado sobre algunos de los reclamos presentados por la Confiep, que «se esperará que el Congreso decida» en estos temas.  Pero ya sabemos cómo va el Congreso, con personajes claves en Fuerza Popular firmemente alineados a la Confiep. No está demás recordar que gracias a los votos de Miki Torres, Carlos Tubino y otros destacados fujimoristas se unieron al gobierno para que las AFPs sigan teniendo encadenados a los mayores de 55 años desempleados a quienes se negó el derecho de jubilación anticipada. Ya tenemos un primer ejemplo del MEF, la bancada gobiernista (PPK y Liberal) y la cúpula fujimorista aliados en defensa de los intereses de los grandes conglomerados económicos. Hay razones para desconfiar.

El gobierno debe aplicar !Ya! la norma antielusión. Las bases legales están dadas. La ley está vigente. Los detalles ya fueron resueltos legalmente. El propio ministro Oliva ha dicho que el decreto supremo respectivo ya está listo. O ¿acaso en cuestiones tributarias la Confiep tiene corona y las leyes no se aplican hasta que ellos y sus congresistas les den el visto bueno?