Tras la muerte de su esposo, Lisbeth Milagros empezó a trabajar como vendedora de golosinas. Sus cuatro hijos la acompañaban hasta que la Fiscalía decidió quitarle la tenencia de los menores. Uno de ellos fue víctima de violación en un albergue sin licencia. Ella pide volver a estar junto a sus hijos.

Claudia Risco

En diciembre de 2021, Lisbeth Milagros salió con sus cuatro hijos a vender golosinas por las calles de Arequipa. Desde que murió su esposo, ese era su único sustento económico. Sin embargo, unos efectivos de la Policía se le acercaron y decidieron llevar a los menores a la comisaría. El caso terminó siendo derivado al Ministerio Público, donde se dispuso trasladar a los niños a un albergue, en coordinación con la Unidad de Protección Especial de Niños y Adolescentes (UPE) del ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

De acuerdo a un pronunciamiento del Ministerio de la Mujer, los menores habrían sido rescatados por la Fiscalía y se encontraban en situación de «mendacidad reiterada». Por esto, el Ministerio Público abrió una investigación por supuesto delito de trata de personas contra la madre.

Según información del Mimp, ninguno de los Centros de Acogida Residencial (CAR) de Arequipa contaba con capacidad para recibir a los cuatro menores. A uno de los niños, el de siete años, la UPE lo traslada a un albergue sin licencia de funcionamiento donde es ultrajado por dos menores de edad.

La casa refugio “Los obedientes”, donde se registró el ataque, carecía de acreditación de funcionamiento debido a problemas de infraestructura. La información la dio a conocer el director general de la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes del MIMP, César Cárdenas.

El estado de salud del niño fue reportado como grave a causa de la agresión sexual. El menor aún permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica San Juan de Dios.

«La única responsabilidad es de la UPE, esas personas deben ser sancionadas. Ellos me dijeron que no tenían conocimiento que ese niño había sido trasladado al albergue de Characato y que no sabían que no contaba con autorización», explica Jackeline Gordeña, abogada de la madre del menor.

SIN ENFOQUE DE GÉNERO

Las UPE dependen de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes (DGNNA) y son las instancias administrativas del MIMP que actúan en caso de desprotección familiar de las y los menores sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Estas unidades dictan las medidas de protección que garantizan el pleno ejercicio de derechos de las niñas, niños o adolescentes y/o que restituyen los derechos que les han sido vulnerados.

Para la abogada especializada en Género, Victoria Solís Peña, se necesita reestructurar esta instancia. Hay un problema sobre lo que entienden estas unidades acerca de los factores de riesgo. A parte del enfoque de interés superior del niño, también tienen que incorporar el enfoque de género. «Así pueden advertir diversas vulnerabilidades en las que puedan estar estos niños, pero también las madres», señala.

Funcionarios del MIMP aseguraron a Wayka que se viene trabajando la transversalización del enfoque de género en sus servicios desde el año 2017, con la aprobación del DS 005-2017-MIMP. Además, agregaron que «los instrumentos para brindar la atención a través de las UPE cuentan con tratamiento diferenciado de acuerdo a necesidades».

¿CRIMINALIZAR LA POBREZA?

La especialista Solís también menciona que en este caso hubo una invisibilización de los factores de vulnerabilidad que atravesaba la madre de los menores por su condición de mujer en situación de pobreza. La abogada se pregunta si el MIMP le brindó acceso a programas sociales antes de quitarle la custodia de sus hijos. «Exigirle que de la noche a la mañana tenga un trabajo estable, me parece algo irrazonable».

Para la socióloga y activista por los derechos humanos, Pilar Cáceres, estaríamos frente a un caso de criminalización de la pobreza. «Por parte del Estado no hay una cobertura de todos los derechos laborales, de vivienda, tampoco para los niños y adolescentes. Sobre todo en este caso no se asegura trabajo y una vida digna para la mamá y los niños», subraya.

Cáceres añade que las personas que viven en situación de marginalidad buscan la forma de poder sobrevivir en este sistema, pero caen en esos espacios de criminalización. «Me sorprende que cuando se trata de grupos marginados la justicia actué tan rápido, pero cuando vemos personas que ostentan poder, las autoridades se demoran años en probar una supuesta culpabilidad».

Una madre no puede perder la custodia de sus hijos por trabajar vendiendo golosinas, sostiene Cáceres. «Los niños y adolescentes son separados de sus padres porque sus vidas están en peligro. En ese caso yo no percibo eso. Hay muchos casos de abuso infantil donde personas adultas obligan a los niños a trabajar, pero hay otra cara de la moneda que es la pobreza que hace que los niños y niñas tengan que salir a las calles a trabajar», expresa.

REESTRUCTURAN LAS UPE

La madre del menor indicó que durante una semana estuvo pidiéndole información a la UPE Arequipa sobre el paradero de su menor hijo. No resolvieron sus dudas y le negaron la información. «Ese es otro problema que no te dan la información cuando la solicitas«, precisa la abogada de la madre, Jackeline Gordeña.

La UPE tampoco verificó si es que el albergue se encontraba en condiciones óptimas, si tenía licencia o si era administrado por personas adecuadamente preparadas para atender a niños, niñas y adolescentes.

Funcionarios de la UPE Arequipa alegan que no cuentan con el presupuesto para ejercer una correcta fiscalización y que dependen de Lima. Al respecto, el Ministerio de la Mujer ha anunciado la reestructuración de los servicios de atención de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o desprotección familiar. Mientras que la madre solo pide que le devuelvan la custodia de sus menores hijos. Su pedido está aún por resolverse.