Marcadas por represión y censura: Generación Z sigue liderando marchas contra Boluarte y el Congreso en Lima y regiones

Este 27 y 28 de septiembre, diversas ciudades del Perú —Lima, Arequipa, Tacna, Cusco, entre otras— vivieron jornadas de movilización ciudadana en rechazo al régimen de Dina Boluarte. En Lima, colectivos de jóvenes de la conocida “Generación Z”, gremios de transportistas, y organizaciones sociales se congregaron en la Plaza San Martín y caminaron hacia el Congreso, con consignas que exigían la renuncia de Dina Boluarte, el rechazo al Congreso y la derogación de reformas impuestas sin diálogo, como la Ley Pro AFP.

La Generación Z emitió un pronunciamiento en el que explican las razones de su indignación y rechazo al régimen actual. “Nosotros, los jóvenes del Perú, la Generación Z, hemos salido a las calles en todo el país para decir ‘¡basta ya!’ a la corrupción, a la inseguridad, a la crisis política y a la indiferencia de quienes gobiernan de espaldas al pueblo”, señala el documento.

Durante las marchas del fin de semana, se denunció la violenta represión por parte de la Policía Nacional del Perú. Las fuerzas del orden emplearon bombas lacrimógenas y perdigones de goma para dispersar a la multitud de jóvenes, entre ellos, menores de edad, mientras que hubo denuncias de uso excesivo de fuerza y agresiones a periodistas.

Al día siguiente, la tensión se mantuvo: los promotores de la movilización advirtieron que los reclamos de fondo no habían sido escuchados, mientras que, denuncian que los operadores policiales reprimieron en avenidas clave como Abancay, Nicolás de Piérola y Jirón de la Unión.

En regiones como Arequipa, Tacna y Cusco, la protesta también tuvo eco: pobladores y activistas locales demandaron en plantones que se atiendan problemas estructurales como la inseguridad, las políticas de pensiones y la corrupción que atraviesa al Estado. En muchos casos, las movilizaciones se organizaron de forma autónoma, bajo la bandera del rechazo institucional al régimen y al Congreso

En esa línea, el pronunciamiento remarca la independencia del movimiento juvenil frente a partidos y caudillos políticos. “No portamos el logo de ningún partido político, no seguimos intereses egoístas o perversos. Somos un movimiento político sin políticos tradicionales, formado por ciudadanos libres, jóvenes estudiantes y trabajadores del pueblo, que exigimos un Perú más justo, democrático y digno”.

Las demandas de los jóvenes son amplias y contundentes: denuncian la captura de instituciones autónomas como la Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia, cuestionan la reciente designación de Tomás Gálvez —“vinculado con la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’”— y rechazan homenajes secretos en el Congreso a personajes con historiales de corrupción o represión. También protestan contra leyes que consideran lesivas: la “modernización del sistema de pensiones” (Ley 32123), que califican como condena a jubilaciones indignas, y la Ley 31973 sobre suelos y bosques, que facilita la depredación ambiental.

Finalmente, el documento marca un horizonte político claro: “¡Generación Z está despierta! ¡Perú está despierto! No toleraremos más impunidad, no permitiremos que nos llamen violentos aquellos que reproducen la violencia y tienen las manos manchadas de sangre”. Y concluye con un llamado directo: “¡Abajo la dictadura de Dina Boluarte! ¡Nunca más por los partidos de siempre! ¡Por la inhabilitación de Fuerza Popular!”.

Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), en la marcha del sábado 27 en Lima hubo 18 heridos y el domingo 28 fueron 14, entre ellos dos periodistas y un brigadista. Los 32 casos reportados incluyeron a personas de la tercera edad golpeadas por perdigones, manifestantes afectados por gases y bloqueos del tránsito urbano. En respuesta a un video que captó la agresión de un policía a un adulto mayor, la Policía Nacional abrió un procedimiento administrativo disciplinario para investigar al agente implicado.

Organismos de derechos humanos vienen advirtiendo que estas manifestaciones representan una señal de ruptura entre la ciudadanía y las instituciones. El uso de la fuerza por parte de la Policía, la amenaza a periodistas y la dispersión violenta de manifestaciones pacíficas recuerdan las críticas históricas por la represión estatal en el Perú. Si no se responde con apertura democrática y respeto al derecho a protestar, esta escalada de exigencias podría desembocar en una crisis institucional más grave.