Ministerio de Educación abrió investigaciones tras recibir denuncias por delitos de violación de la libertad sexual entre enero de 2020 y mayo de 2021. Solo en 9 casos, destituyeron a maestros acusados. Sector desconoce si otros 27 siguen enseñando. Escolares que denunciaron a sus profesores temen retornar a clases.

Por Nicol León

La mañana del 17 de julio de 2019, Carla* recibió una llamada de la psicóloga del colegio Enrique del Horme 5032, del Callao, donde estudiaban sus hijos de 12 y 13 años. La especialista le adelantó que, tras conversar con el menor de sus niños, había entendido la razón por la que últimamente no quería comer ni hablar.

“¿Sabes qué? Voy a ser muy sincera contigo: Diego abusó de tu hijo y no ha sido una vez, han sido varias veces”, le dijo a Carla en una de las aulas de la escuela de primaria.

Diego Lazo Mazuelos, de 40 años, llegó a esa escuela para laborar como profesor de inglés y educación física, por recomendación de la directora Liz Ríos. Durante las tardes, enseñaba fútbol a niños y adolescentes.

Cuando Carla se dirigía a interponer la denuncia por violación sexual, su otro hijo, le contó que, al igual que su hermano, había sido ultrajado por el mismo docente.

La madre de ambos niños denunció a Diego Lazo en la comisaría de Carmen de La Legua-Reynoso. El médico legista confirmó que los menores sufrieron violación sexual.

Al día siguiente, con copias de estas pruebas, acudió a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) a cargo de la escuela y preguntó si ya habían recibido la acusación. Nadie estaba enterado, a pesar de que el artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial indica que el director del colegio debe separar al denunciado e informar los hechos a la UGEL.

El aviso, además, debe darse inmediatamente y dentro de las 24 horas de haberse conocido la denuncia, de acuerdo con el Protocolo para la Atención de la Violencia contra niñas, niños y adolescentes, aprobado en 2018 por el Ministerio de Educación.

Tres días después, la directora Ríos se comunicó con Carla.

“Lo único que te pido es que no causes problemas al colegio. Te vamos a informar cualquier cosa”, le advirtió.

Nunca la llamó.

Colegio de primaria Enrique del Horme 5032, ubicado en el Callao, no actuó conforme a ley al atender denuncia por violación sexual. Créditos: Gabriela Modesto / Wayka.

En los días siguientes, policías de la Dirincri del Callao acudieron a la vivienda de Lazo. Solo encontraron sus cosas guardadas en mochilas. Dos meses después, en setiembre de 2019, la abogada de Carla alertó a la Fiscalía que Lazo había huido a Bolivia y señaló que no actuaron de forma diligente, pues se demoraron un mes en disponer la apertura de la investigación preliminar.

Dos años después, el caso no ha avanzado. Diego Lazo permanece libre.

Los hermanos agredidos han vuelto a verlo, dado que ambos viven a una cuadra de la casa del agresor. Uno de sus compañeros, con quien llevaban clases de fútbol, vio en el paradero a Diego Lazo.

“De repente está dando clase a otros niños. Mi temor es que no existe una orden de búsqueda ni nada. Hasta ahora no me llaman, no me llega ningún documento, nada. Los niños están en peligro”, señaló Carla.

Diego Lazo Mazuelos, de 40 años, acusado de violación sexual contra dos menores de edad, continúa libre.

Para ella, el inicio de las clases virtuales fue un alivio, pues ya no sería necesario que sus hijos salgan de casa.

El Gobierno anunció que, desde este lunes 9 de agosto, 48 774 colegios pueden reabrir sus puertas para dictar clases semipresenciales. De este total, 129 se encuentran en el Callao y 39 867 en Lima metropolitana. Carla ha decidido que sus hijos no retornarán.

“Mi mamá me preguntó si yo los iba a mandar. Yo le dije que no los voy a mandar. No. Por miedo, no los voy a mandar. Ninguno de mis hijos va a ir. Ellos van a seguir recibiendo sus clases virtuales, como lo están haciendo”, contó.

Denunciados continuarían en las aulas

La virtualidad no fue impedimento para que las denuncias por violencia sexual contra maestros sigan presentándose.

Entre enero de 2020 y mayo de 2021, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD) del Ministerio de Educación (Minedu) abrió 112 investigaciones a profesores y personal administrativo por delitos de violación de la libertad sexual (actos contra el pudor y violación sexual).

De esta cantidad, 10 se archivaron y solo 9 fueron destituidos de las escuelas.

En 66 casos, se aplicaron medidas de separación preventiva. Es decir, los denunciados fueron reasignados a una plaza administrativa para que no tengan contacto con los estudiantes mientras se realiza la investigación. Durante ese tiempo, el Estado los sigue remunerando. Así lo indica el reglamento de la Ley 29988, que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas.

Existen otros 27 casos cuyo estado se desconoce. Solo se sabe que no aplicaron medidas de separación preventiva. Tampoco culminaron en archivo ni destitución.

Wayka consultó a la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción (OTEPA), del Minedu, si hay investigados que siguen laborando para este sector. Respondieron que es imposible saberlo porque el Sistema de Monitoreo de Expedientes (SIMEX) no detalla esa información.

En ese sentido, los estudiantes que retornarán a las escuelas pueden correr el riesgo de encontrarse con presuntos agresores.

¿Por qué se desconoce?

El SIMEX es una plataforma digital que se lanzó en 2014 para registrar el estado de las denuncias, desde que ingresan hasta que culminan. Según la Resolución Viceministerial 091-2015-Minedu, el titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada (IGED) debe asignar un trabajador para que mantenga este sistema actualizado.

Sin embargo, esto no se cumple. La Defensoría del Pueblo ya advirtió en un informe de la Adjuntía para la Niñez y Adolescencia que, desde la creación del SIMEX hasta julio de 2018, el 61.3% de Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas no asignaron al servidor encargado de la plataforma.

También señalaron que en las IGED, donde sí cuentan con estos trabajadores, se omiten datos importantes sobre las indagaciones.

Por ejemplo, en el 20% de investigaciones registradas no colocaron el estado en que se encuentran.

En el 15%, no detallaron si el maestro fue separado preventivamente, lo que impide conocer si hay menores en riesgo de compartir el mismo espacio que los agresores.

Resultados de informe «Mecanismos de protección frente a actos de
hostigamiento y violencia sexual en las escuelas», de la Adjuntía para la Niñez y Adolescencia, de la Defensoría del Pueblo.

Entre 2015 y 2017, Defensoría del Pueblo alertó que 3 de cada 10 profesores investigados por denuncias de hostigamiento y violencia sexual convivieron con las víctimas en las aulas.

“Entre las razones que se argumentan para no disponer la separación del docente denunciado, estarían la falta de disponibilidad de personal de reemplazo o de presupuesto. Sin embargo, consideramos que estos argumentos no son atendibles en la medida que las IGED cuentan con diversas herramientas de gestión que les permiten la cobertura de plazas docentes”, se lee en el informe realizado en 2018.

Escolares en riesgo

El Ministerio de Educación estableció protocolos para que las escuelas prevengan el contagio del coronavirus entre estudiantes en el regreso a clases. Pero desconoce si estarán expuestos a interactuar con presuntos agresores.

Con el reinicio de las clases semipresenciales, no solo los hijos de Carla podrían encontrarse en las aulas con profesores denunciados por violencia sexual. Lo mismo sucedería con otros 258 escolares que señalaron este delito entre enero de 2020 y junio de 2021, según el portal Sí se ve del Minedu.

Esta plataforma se implementó en 2014 para que escolares y ciudadanos alerten agresión en las escuelas. Sus alertas no necesariamente devienen en la apertura de una investigación.

La mayoría de quejas de este tipo provinieron de escuelas administradas por las Direcciones Regionales de Educación de Amazonas (6), Loreto (6), Huánuco (5) y Cusco (5).

De los 258 casos de violencia sexual, 43 señalaban violación sexual. Otros 93, la mayor cantidad, denunciaban violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos.

Ese fue el caso de una estudiante del colegio Francisco Irazola, de Satipo, Junín, quien presentó una acusación contra el profesor Junior Marallano Ramos porque le ofrecía clases particulares mediante redes sociales.

Una fuente allegada a la víctima narró que la menor de edad mostró a su hermana los mensajes obscenos que este maestro le enviaba antes del inicio del año lectivo 2021.

“Dentro del colegio (el profesor) ha tenido antecedentes. La hermana de la víctima comunicó a la comunidad de Satipo sobre lo ocurrido y anunció que ya había denunciado al sujeto ante la Policía Nacional. Aquí en la ciudad de Satipo, durante la pandemia, muchas adolescentes se quedan solas en sus casas porque sus familias van a trabajar a las chacras. Además, solo aquí hay la conectividad suficiente para que la comunicación por redes sociales sea fluida”, contó.

Al igual que los hijos de Carla, teme compartir el mismo salón de clases con maestros denunciados e investigados por violencia.

*Mantenemos en reserva la identidad de los menores y de su madre, quien recibe amenazas para que retire denuncia contra presunto violador sexual de menores.