Marchas Nacionales: Organizaciones se suman a las movilizaciones y paros en fiestas patrias
Diversas organizaciones a nivel nacional se preparan para realizar movilizaciones y medidas de protesta este 27, 28 y 29 contra el régimen de Dina Boluarte y el Congreso de la República, inicialmente anunciada por la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, Iniciativa Democrática y Warmikunas.
Así mismo, la Organización Nacional de los Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022 – 2023, también anunció que una delegación se trasladará a Lima para encabezar las protestas, e invitaron a sindicatos y organizaciones a sumarse a las medidas de lucha contra el régimen actual.
Los dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) en Lambayeque también anunciaron que enviarán una delegación a Lima el 28 de julio para sumarse a la medida de lucha.
Recientemente la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), ha anunciado su participación en la protesta del 27 de julio, señalando que se unen “para exigir justicia para nuestros hermanos indígenas asesinados por defender los territorios ancestrales ante la indolencia e inacción del gobierno, que sigue promoviendo medidas anti derechos”.
A su vez, el Sindicato Nacional de Trabajadores CAS de la Superintendencia Nacional de Migraciones (SICASMIGRA) también aprobó una huelga nacional indefinida que iniciará este 27 de julio debido a la falta de aumento salarial, una infraestructura adecuada y un mal clima laboral, lo que afecta significativamente su desempeño.
Anuncian medidas de control
Ante la convocatoria anunciada, Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, anunció que se implementarán medidas de intervención e inspección en los buses y minivanes que ingresen a Lima. Según menciona, esto es como parte de una “estrategia para prevenir la violencia” durante las marchas contra Dina Boluarte.
Arriola explicó que estas operaciones estarán bajo la dirección del comandante general Victor Sanabria Angulo y se enfocarán en identificar a posibles manifestantes con “intenciones violentas”. Pese a que reconoció estas medidas como discriminatorias, las señaló como necesarias para la seguridad pública y la identificación de personas con antecedentes penales.
Cabe señalar que, además, el 5 de julio, el Poder Ejecutivo decretó el estado de emergencia por 30 días en la provincia de San Román, ubicada en el departamento de Puno. Esta región, que fue especialmente afectada durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en 2023, ha experimentado un aumento significativo en actividades delictivas, según el Decreto Supremo 067-2024-PCM.
Con esta disposición se han suspendido y restringido varios derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
