Por Angélica Motta*
A raíz del doloroso caso de Jimenita, la niña de 11 años violada y asesinada en San Juan de Lurigancho, en estos días se ha vuelto a poner en debate cómo enfrentar el enorme problema de las violaciones sistemáticas a menores, asunto que afecta particularmente a las niñas. Se ha hablado de pena de muerte, propuesta que se puede comprender cuando sale desde el más profundo dolor e impotencia de familiares de las víctimas, pero que como argumento de la clase política solo muestra un enorme oportunismo, pues no existe evidencia de que la pena de muerte sea disuasiva de ningún delito. Clamar por ella solo ayuda a invisibilizar las verdaderas raíces del problema.
Son muy diversos los frentes en los que hace falta arduo trabajo y transformación tanto para la prevención de casos de violencia sexual como para atenderlos adecuadamente una vez ocurridos: educación, seguridad ciudadana, salud, justicia, igualdad de género, solo por mencionar los más cruciales, el panorama es complejo. Aquí me quiero referir a una de las áreas de mayor importancia para la prevención, la educación sexual en las escuelas.
A diferencia de la ausencia total de evidencia respecto a la pena de muerte, son diversos los estudios que han demostrado que los programas de Educación Sexual Integral basados en principios como igualdad de género y derechos humanos han tenido un impacto importante para cambiar positivamente actitudes respecto a la sexualidad, hacia una mayor equidad entre hombres y mujeres, incluyendo el fortalecimiento de habilidades en la comunicación y toma de decisiones, además de conocimiento y empoderamiento en el cuidado del cuerpo, todos ellos aspectos fundamentales para la prevención de la violencia sexual.
Desafortunadamente en nuestro país la educación sexual, además de venir siendo atacada por fuerzas oscurantistas, capaces de invertir presupuestos exorbitantes en campañas para desacreditarla (#ConMisHijosNoTeMetas) tiene una trayectoria de gran descuido por parte del Estado, asunto que se refleja en su estado actual.
¿Cómo está la educación sexual?
Un estudio que realizamos desde la Universidad Peruana Cayetano Heredia (2017) con más de 2,500 estudiantes hombres y mujeres de 15 a 17 años, y más de 200 docentes de escuelas públicas y privadas de Lima, Ucayali y Ayacucho nos mostró que:
Las y los docentes no están preparados para impartir Educación Sexual Integral, más de la mitad no había recibido ningún tipo de formación en la materia antes de ingresar a trabajar en la docencia. Luego, estando ya en servicio, solo el 8% había recibido capacitación en el tema en el último año. Esta falta de formación es algo que los y las docentes reclaman, 3 de 4 dijeron querer recibir capacitación, y entre los reclamos prioritarios está el recibir información basada en evidencia científica.
En ese marco, no sorprende que 1 de 3 estudiantes varones esté convencido de que cuando una chica dice que no en realidad quiere decir que sí, otro hallazgo preocupante del estudio. ¿No resulta evidente que antes de pensar en pena de muerte para los violadores debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para cambiar este tipo de ideas que son la semilla de la violencia sexual? Los violadores no son necesariamente monstruos separados completamente de la vida social cotidiana, son seres socializados en esta gramática social, y la prevalencia endémica de la violencia sexual eso nos muestra.
Otro dato relevante es que el 85% de los y las estudiantes mencionaron haber recibido información sobre sexualidad del internet y los medios de comunicación. A quienes dicen “Con Mis Hijos No Te Metas” y que solo la familia debe ser la encargada de hablarles de sexualidad a los menores hay que recordarles que los y las adolescentes ya están en contacto con el tema de la sexualidad y a través de fuentes que no necesariamente proveen la información más adecuada. Además, es importante recordar también que el entorno familiar (padres, padrastros, tíos, hermanos, etc.) es donde se producen la mayoría de las violaciones a menores. En ese sentido, la escuela tiene un rol fundamental para proveer y filtrar contenidos y estar lista para la identificación de casos de violencia.
Necesitamos con urgencia un programa nacional de educación sexual que llegue a la totalidad del país y que reciba el apoyo necesario en recursos técnicos y financieros. La capacitación de docentes en educación sexual debe recibir la misma, o más, prioridad que aquella que se les da a áreas como matemáticas. Precisamos del compromiso y acción concreta del Ministerio de Educación, y de todas las autoridades responsables de los cambios necesarios, manteniendo las políticas públicas claramente separadas de los pareceres religiosos.
Que las acciones frente a esta situación crítica no se queden solo en lágrimas para la ocasión.
*Angélica Motta, Dra. en Salud Colectiva, Investigadora de la UPCH experta en temas de género y sexualidad.
