Más privilegios: oficializan norma para que congresistas puedan hacer proselitismo mientras permanecen como funcionarios del Estado
“El Perú no tiene un sistema político democrático en este momento, sino un régimen penetrado por la corrupción y la criminalidad”, advierte el politólogo Andy Philipps Zeballos al analizar la reciente Resolución Legislativa del Congreso que incorpora el artículo 25-A en su reglamento, permitiendo a los parlamentarios expresar y promover posiciones políticas incluso en el ejercicio de sus funciones, bajo el supuesto principio de “neutralidad”.
La medida, aprobada por mayoría en el Pleno y publicada hoy en el diario El Peruano, formaliza la posibilidad de que los congresistas realicen proselitismo político, siempre que soliciten una licencia sin goce de haber. Sin embargo, en la práctica, críticos consideran que este requisito es ambiguo y que la norma abre la puerta al uso discrecional —y posiblemente corrupto— de fondos y recursos públicos en plena antesala de las elecciones generales de 2026.
Philipps explica que en países como Argentina o España los legisladores pueden acudir a mítines o mantener un discurso partidario, pero la diferencia es que allí existen partidos políticos consolidados y sistemas judiciales capaces de fiscalizar el uso indebido de recursos públicos. “En el Perú, lo que se ha hecho es legalizar la corrupción: legalizaron contratos para familiares, ahora legalizan la campaña en funciones. Todo en beneficio de un régimen que busca perpetuarse”, sostiene.
Privilegios en campaña electoral
La aprobación de este artículo llega en un momento clave: a menos de un año de que arranque la contienda electoral de 2026. Según Philipps, esta norma genera una competencia desigual entre los congresistas en funciones y quienes aspiran a postular desde fuera del sistema político.
“Lo que tendremos es una disputa profundamente asimétrica: unos candidatos tendrán todos los privilegios, recursos, impunidad y ventajas para hacer campaña, mientras que los demás deberán enfrentarse a esas condiciones sin respaldo institucional. En la práctica, lo que se ha hecho es legalizar la reelección encubierta”, afirma el politólogo.
El riesgo no es menor. Con la llamada “semana de representación” como justificación, los parlamentarios podrían convertir sus visitas a regiones en plataformas de campaña, utilizando recursos logísticos y la exposición mediática que otorga el cargo. La neutralidad, en vez de blindar la institucionalidad, termina funcionando como un marco legal que ampara prácticas de proselitismo ya comunes, pero ahora con legitimidad normativa.
Un Congreso que legisla en beneficio propio
La medida se suma a una serie de reformas impulsadas en los últimos meses por el Congreso que, lejos de responder a demandas ciudadanas, parecen diseñadas para fortalecer la permanencia de la actual clase política. Philipps recuerda que recientemente se modificó la normativa que impedía a familiares de parlamentarios contratar con el Estado, lo que en la práctica abre la puerta a redes de intercambio de favores y mayor captura clientelar de recursos públicos.
“Estamos ante una tendencia de blindaje político. No se trata solo de una norma aislada, sino de un patrón: legalizar privilegios, reducir controles y asegurar que quienes hoy gobiernan tengan más facilidades para reelegirse o mantenerse en el poder”, remarca.
Camino a una competencia no democrática
La advertencia es clara: esta resolución legislativa anticipa una campaña electoral 2026 marcada por la desigualdad y la falta de garantías democráticas. El politólogo alerta, además, que el Jurado Nacional de Elecciones viene aplicando criterios sin firmeza con algunos candidatos y excesivamente severos con otros, lo que podría agravar la asimetría en la contienda.
“Cuando vemos a figuras como López Aliaga haciendo campaña usando obras públicas y solo reciben una exhortación, mientras a otros se les bloquea con trabas administrativas, queda claro que lo que se está gestando es una competencia no democrática. Este pacto autoritario busca perpetuar la impunidad y favorecer a los candidatos del régimen”, concluye Philipps.
En un escenario de creciente desconfianza ciudadana hacia el Parlamento, esta norma lejos de fortalecer la institucionalidad acentúa la lejanía entre la política y la ciudadanía, y pone en jaque las condiciones mínimas para que las elecciones de 2026 se desarrollen en igualdad de condiciones.
Por: Silvia Bardales
