Planes de gobierno carecen de propuestas sobre trata de personas, ESI y aborto terapéutico

En medio de una coyuntura marcada por el debilitamiento de políticas de género, cuestionamientos al sistema interamericano de derechos humanos y el silenciamiento de debates sobre aborto terapéutico y educación sexual integral, diez planes de gobierno con mayor intención de voto en estas elecciones generales no presentan propuestas sólidas ni financiadas para enfrentar la trata de personas y la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

Así lo advierte, Mercedes Arce, directora de programas y proyectos de CHS Alternativo, en entrevista con Wayka y el análisis comparativo “Trata de personas: un análisis de 10 planes de gobierno al 2026”, elaborado por Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), que revisa las propuestas de Perú Primero, Fuerza Popular, Podemos Perú, Alianza para el Progreso, País para Todos, Somos Perú, Renovación Popular, Cooperación Popular, Ahora Nación y el Partido Aprista Peruano.

Sobre la trata de personas, el estudio concluye que la mayoría de agrupaciones prioriza un enfoque punitivo y de control del delito —interoperabilidad policial, mega cárceles, comandos mixtos o “guerra frontal” contra economías ilegales— pero deja de lado el eje central de la Política Nacional frente a la Trata: la protección y reintegración de las víctimas.

“Muchos planes de gobierno hablan sobre la criminalidad solo en el aspecto extremo, del castigo rápido, pero omiten totalmente los límites jurídicos y financieros que el Estado tiene”, advirtió Arce.

Cifras que contradicen el silencio político

La omisión resulta alarmante frente a los datos oficiales. En 2025 se registraron 169,528 casos de violencia en el Ministerio de la Mujer, un incremento respecto al año anterior. El 84 % de víctimas fueron mujeres y el 37.9 % niñas, niños y adolescentes. En trata de personas, hasta junio de 2025 ya se habían identificado 1,288 presuntas víctimas, con un promedio de seis casos diarios.

Para Arce, el problema no es solo el aumento de cifras, sino la falta de coherencia entre promesas y presupuesto. “¿Qué hacemos en un país donde solo el 1.58 % de las denuncias termina en una sentencia condenatoria? ¿Qué hacemos si el Estado solo invierte 0.15 céntimos por persona para informar sobre la gravedad del delito de trata?”, cuestionó.

El análisis evidencia que mientras las campañas prometen infraestructura masiva y tecnología avanzada, el presupuesto público 2026 prioriza gasto corriente y asigna montos insuficientes para formalización minera, atención integral a víctimas o reintegración económica de sobrevivientes.

“El populismo penal no se sostiene sin inversión pública real”, enfatizó Arce. “Se necesita una ingeniería presupuestal seria, coherente y orientada a cerrar brechas reales”.

El análisis también advierte que existe un consenso discursivo en atacar la minería ilegal —principal motor económico de la trata en regiones como Madre de Dios, Cusco o Loreto— pero sin asignar recursos suficientes para la formalización ni para desarticular las cadenas financieras que la sostienen. A ello se suma el cuestionamiento de algunos sectores al sistema internacional de derechos humanos, pese a que el propio Estado ya ha asumido compromisos presupuestales y jurídicos para 2026.

ESI y Aborto Terapéutico ausentes

En un contexto donde el Congreso ha impulsado iniciativas que debilitan políticas de género y donde se han eliminado o modificado guías técnicas clave en salud sexual y reproductiva, el silencio de los planes de gobierno sobre aborto terapéutico y educación sexual integral resulta particularmente preocupante.

Consultada por Wayka sobre si los planes mencionan explícitamente el aborto terapéutico —legal en el Perú desde hace más de un siglo— Arce fue clara: “No lo mencionan como tal, que debería ser una mención explícita y totalmente clara. Hemos tenido un retroceso brutal con la desaparición de guías que garantizaban parámetros de atención en salud”.

El vacío es crítico en un país donde cinco de cada diez niñas y niños han conversado con desconocidos por internet, el 21 % recibió solicitudes de contenido sexual y el 39 % enfrentó estas situaciones en silencio, según informó CHS Alternativo.

Sin educación sexual integral ni políticas de prevención claras, la captación de víctimas por redes criminales se vuelve más sencilla.“¿Qué hacemos con estas niñas de 10 años? Ninguna tienda política quiere hablar al respecto”, cuestionó la especialista.

En conjunto, el informe concluye que la securitización del debate, sin financiamiento ni enfoque de derechos, no solo resulta inviable, sino que profundiza el retroceso democrático en un país donde las víctimas siguen esperando protección real y no promesas de campaña

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