Augostina Mayán ha tenido que escapar de su territorio para protegerse de las amenazas de individuos y mafias que se dedican a la minería ilegal en El Cenepa, Amazonas. No es la primera vez, pero el Estado sigue indiferente. El régimen de turno no tiene una estrategia clara para luchar contra esta actividad ilícita.

Por Jair Sarmiento

Augostina Mayán Apikai se siente frustrada. Por momentos, el cansancio es notable en su rostro y sus gestos, pero sigue de pie hablando fuerte en nombre de su comunidad Nuevo Kanaan, los bosques, el río y la Amazonía. Es defensora ambiental, lideresa awajún y una de las voces de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc). Sin embargo, otra vez tuvo que escapar de su territorio por la minería ilegal.

Augostina ha tenido que viajar más de 1000 kilómetros para ser escuchada por las autoridades que no quieren ir hasta ella para oírla en El Cenepa, Condorcanqui (Amazonas). En esta entrevista narra lo que ha dicho durante años contra las actividades extractivas en su zona. Está desamparada. Sacó a sus padres de su comunidad para protegerlos, pero aún tiene familia que se ha quedado allá. Para los awajún y pueblos originaros no hay Estado.

«El Estado me ofreció un albergue en Lima, pero ni sabían en qué sitio iba a quedarme. El Estado no responde ni va a responder por mi pueblo. En la cultura awajún decimos siempre, no nos corremos, pero somos seres humanos, hay miedo, pero también luchamos, no sabemos qué pasará», explica la lideresa awajún que en anteriores ocasiones ha recibido amenazas de muerte.

Esta vez ocurrió lo mismo y por eso denunció hace semanas que cada vez más personas se dedican a este ilícito, con la intención de extraer el oro de manera ilegal; por ello exigió que las instituciones como la Policía intervenga. Sin embargo, tuvo que esperar más de una semana para que el Estado reaccione, aunque menciona que no es suficiente y efectivo.

En el régimen de Dina Boluarte todo ha empeorado en lo que respecta a la lucha contra la minería ilegal, cuenta la defensora. «Lo único que ha hecho Dina es sacar Estado de Emergencia, pero es papel, no ha habido ninguna interdicción (operativo en donde se destruye maquinaria o materiales de este acto ilegal). Ninguna», señala Augostina.

En el gobierno de Pedro Castillo hubo cinco interdicciones en donde se registraron 50 dragas y se destruyeron 10 de ellas, comenta, aunque indica que su comunidad tiene su propio comité de autodefensa que también resiste a esta actividad.

Augostina señala que las dragas (máquina acuática que sirve para extraer oro) se siguen reproduciendo en su comunidad. La defensora señala que su territorio es cercano a la frontera con Ecuador, y ahí operan mafias ilegales encabezados por extranjeros (venezolanos y colombianos). Los awajún los conocen como los apash (los de afuera).

La representante awajún cuenta también que no se habla de las repercusiones en la salud y contaminación. «Hay niños y niñas bañándose en donde están las dragas«, menciona.

Las declaraciones de Augostina se dieron en el marco de la presentación del reporte número 32 del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), donde se informó que durante el primer semestre del 2023 se evidencia una escalada de la conflictividad social.

Asimismo, el reporte de la OCM menciona que según datos de la Defensoría del Pueblo, el número de conflictos ya supera con nitidez la media de las últimas dos décadas, llegando a 225.

El abandono del Estado hacia los awajún sucede en un duro contexto en donde el régimen de turno —que carga con el asesinato de 49 civiles por la represión militar y policial— ignora o responde de forma despectiva contra los pueblos originarios que exigen la reivindicación de sus derechos.