Por Roxana Loarte
¿Cuánto vale la vida de una mujer en Perú? Quizá algunas respuestas están reflejadas en las cifras de morbilidad femenina que tienen como causa el cáncer de cuello uterino y de mama. Por ejemplo, el año pasado fallecieron 1836 mujeres con cáncer de cuello uterino y 1858 con cáncer de mama, de acuerdo a un informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer (IARC), Globocan 2018. Y como si no fuera poco, cada año se detectan 43 mil nuevos casos de cáncer, donde las mujeres son las más vulnerables.
Un estudio de Oxfam y de Acción Internacional para la Salud (AIS) sostiene que el 61,9 % del total de casos de cáncer registrados en los últimos cinco años corresponden a mujeres, mientras que solo un 38.1 % de varones son afectados por esta enfermedad. Además, continúa siendo el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino, dos de los cuatro tipos de cáncer más comunes en la población peruana.
Ante este panorama, hace casi veinte años, el Estado peruano decidió liberar del pago de IGV y derechos arancelarios a ciertos medicamentos e insumos para el tratamiento del cáncer, VIH y diabetes a través de la Ley N° 27450. ¿Cuál fue finalidad de esta medida? Que estas medicinas sean accesibles a los pacientes con tales enfermedades; sin embargo, los resultados, prácticamente, beneficiaron a las farmacéuticas. Un estudio del Minsa y de organizaciones civiles realizado entre 2010 y 2012 reveló que los medicamentos oncológicos incrementaron sus ganancias en un 64 %.
En opinión del director de Acción Internacional para la Salud (AIS), Roberto López, «la exoneración de tributos en medicamentos en cáncer, VIH y diabetes fue un error, y ese error se traduce en que no han habido beneficios palpables en términos de asequibilidad de los medicamentos para la gente (…) o para las instituciones que ofrecen atención, incluyendo los medicamentos», afirma.
Tal es así que los precios de medicamentos para el tratamiento -ya sea en una etapa temprana- de estas patologías suelen ser exorbitantes. Una inyección de trastuzumab, administrado para tratar el cáncer de mama puede llegar a costar S/ 5 200 en el mercado farmacéutico. Incluso, un presupuesto para cubrir la dosis inicial de un tratamiento con medicamentos seleccionados puede llegar a costar alrededor de cuatro salarios mínimos vitales (S/ 950), según cita un estudio de Roberto López para Oxfam.
La otra cara de la moneda
La contraparte de esta realidad también se refleja en que el Estado dejó de recaudar S/ 648 millones por exoneraciones a farmacéuticas, entre el 2001 y 2017. Un monto que podría haberse usado para cubrir el tratamiento de 17 588 mujeres con cáncer de mama en estado avanzado. Y si solo se detalla el costo de las exoneraciones a 12 medicamentos oncológicos, el Estado perdió más de S/ 34 millones entre el 2016 y 2017, como indica el informe titulado La otra lucha contra el cáncer de AIS y Oxfam.

Se conoce que con la Ley N° 27450 fueron exoneraron 87 medicamentos; pero, actualmente, están liberados de pagar IGV y otros derechos arancelarios, 124 medicamentos e insumos destinados al tratamiento de cáncer, 31 para VIH y 41 en casos de diabetes. Esta inafección, sin embargo, no ha mostrado mayores avances para convertir estos medicamentos en accesibles. Roberto López, director de AIS, considera que es necesario evaluar las leyes de exoneración «si se piensan eliminar tiene que ser de una manera que se estudien algunos mecanismos para evitar el alza de precios de los medicamentos que están exonerados, porque los fabricantes o importadores van a incluir esos tributos en el precio que paga el consumir final», señaló a Wayka.
Similar opinión tiene el decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, Javier Llamoza, quien asegura que desde la implementación de la norma, la lista de medicamentos se actualizó hasta en 8 ocasiones, sumando a 124 los fármacos oncológicos exonerados. Además, agrega, que este incremento se hizo «sin haber realizado una evaluación previa de su impacto -a pesar que en el 2011 se creó una comisión multisectorial- para evaluar estas medidas, y sus resultados no fueron suficientes», sostuvo a Wayka.
Por su parte el Ministerio de Salud viene implementando una serie de acciones para contrarrestar, no solo la falta de acceso a este tipo de medicamentos, sino además, a otros fármacos que se usan para otras enfermedades y son también inaccesibles frente a la falta de una ley de medicamentos genéricos. Según Víctor Zamora, asesor en políticas públicas del Minsa, su institución trabaja en una serie de tareas para garantizar la obligatoriedad de medicamentos genéricos en las farmacias y boticas del sector privado. Así lo informó durante una mesa técnica donde se discutieron propuestas para el acceso a medicamentos y justicia fiscal.
Iniciativas legislativas
En el Parlamento existen proyectos de ley para regular las exoneraciones tributarias referentes a los fármacos. En la comisión de Economía se conformó un grupo de trabajo, presidido por el congresista liberal Guido Lombardi, donde se evalúa los impactos de las normas que otorgaron privilegios a las farmacéuticas.
Marisa Glave, de la bancada de Nuevo Perú, integrante de la comisión, señaló que «en la gran mayoría de casos, salvo algunos, no hay una reducción de costos en los medicamentos, la primera intuición de varios (se refiere en la comisión de economía), me incluyo yo, fue que eliminemos estos beneficios (…), entonces lo que decidimos hacer fue un proyecto de Ley N° 4666».
Según esta iniciativa propone en el artículo incluir un análisis de comparación de precios internacionales en el valor referencial en el caso de medicamentos oncológicos de carácter monopólico, y de eliminar la exoneración tributaria de los artículos 1 y 2 de la Ley 27450, y los derechos arancelarios del literal h del artículo 147 del Decreto Legislativo 1053.
Por su parte, el Frente Amplio con el congresista Humberto Morales, tiene el proyecto de Ley N° 4013, que también plantea modificar la Ley N° 27540, ya que la lista de medicamentos exonerados de impuestos solo tuvo nueve actualizaciones en 18 años de vigencia -la última se dio en el 2016- y estas se realizaron sin sustento técnico, según detalla un resumen de su propuesta entregada por el asesor del congresista a Wayka.