‘Mi vida está contada’: Líder asháninka pide al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú para proteger la vida y territorios de defensores ambientales

“No somos el Estado, pero defendemos lo que nos corresponde” manifiesta con firmeza, Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE). Su liderazgo emerge de una historia marcada por la violencia y la memoria, y se entrelaza con un presente de amenazas crecientes por el narcotráfico, invasiones y tala ilegal en territorios que la propia CARE representa: 45 comunidades nativas distribuidas en los distritos de Río Tambo, Pangoa y parte de Mazamari.

Pedro recuerda que su padre fue asesinado por no plegarse a Sendero Luminoso, un hecho que marcó a su pueblo: “Muchos de nuestros hermanos han sido desplazados de su territorio… líderes comunitarios también han fallecido”. Aunque la violencia insurgente ha menguado, él afirma que “no podemos decir derrotado”, pues aún hay rezagos de Sendero Luminoso en zonas como Vizcatán del Ene, en el sur del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). A ese riesgo se suma otro, más reciente y persistente: la expansión de invasiones por colonos dedicados al cultivo de hoja de coca, conectada con redes del narcotráfico, que afectan las comunidades incluso cuando ya cuentan con títulos de propiedad.

“Frente a esta defensa que nosotros hacemos, hemos recibido amenazas … rumores de que mi vida está contada … que me van a desaparecer”, cuenta Pedro. A pesar de ello, continúa con su lucha: en 2023 fue acusado injustamente por protestas en Puerto Ocopa, pero ya ha sido absuelto. “Lo que quisieron hacer conmigo es callarme … pero no han podido”, afirma con convicción y señala que esta acusación contra él podría haber sido para criminalizarlo y evitar que siga enfrentándose al narcotráfico.

Dentro de estas demandas de mayor protección, Ángel Pedro Valerio exige que el Estado cumpla sus compromisos internacionales, en particular la ratificación del Acuerdo de Escazú. “Este acuerdo nos permite que por lo menos vamos a tener la protección verdadera y va a disminuir el tema de las amenazas y los asesinatos que está habiendo”, sostiene.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú y por qué importa que Perú lo ratifique?

El Acuerdo de Escazú es un tratado regional oficializado en Costa Rica en 2018 que promueve la transparencia, el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y la justicia en asuntos que afectan el medio ambiente. También es el primero que incluye medidas explícitas para la protección de defensores ambientales.

El Congreso archivó el proyecto de ratificación argumentando que ya existen leyes nacionales que cubren aspectos similares y preocupaciones sobre soberanía, presunción de inocencia y obligaciones futuras. Sin embargo, especialistas y organizaciones indígenas como la CARE afirman que ratificar Escazú permitiría al país contar con mecanismos más sólidos para proteger a los pueblos indígenas, comunidades campesinas y defensores ambientales que enfrentan amenazas, al tiempo de fortalecer la democracia ambiental y generar mayor transparencia en decisiones con impacto en el ambiente.

Pedro señala que, pese a tener títulos de propiedad legal para sus comunidades, estos derechos son vulnerados con frecuencia por invasores que no respetan la legalidad. Las instituciones estatales competentes muchas veces no actúan con rapidez ni eficacia frente a denuncias. Aunque se le concedieron garantías de vida, él las ve como “un simple papel”, insuficientes para detener amenazas reales.

“Quiero dirigirme a nuestras autoridades, a la presidenta de la República, al Congreso, al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Defensoría del Pueblo para que velen realmente por los defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales”, manifestó Pedro. “Si no se nos protege, llegará un momento en que no habrá verdaderos defensores, y eso traerá consecuencias fatales: invasiones, deforestación y pérdida de nuestros bosques y hábitats, no solo para los pueblos indígenas, sino para toda la humanidad”.

Su argumento coincide con quienes promueven la ratificación de Escazú: que más allá de la firma, lo crucial es la implementación, la voluntad estatal de usar esas herramientas para proteger vidas y territorios. En un momento en que crecientes amenazas ambientales se combinan con ausencia de protección para líderes sociales, la ratificación del tratado aparece como un componente necesario para que los derechos no queden solo en discurso.

En medio de este escenario de amenazas y hostigamiento, la trayectoria de Ángel Pedro Valerio también ha sido reconocida a nivel regional. En el marco del Bicentenario de Junín, el Gobierno Regional otorgó al presidente de CARE un reconocimiento formal mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 0244-2025 el 12 de septiembre, destacando su liderazgo y compromiso guiado por el principio de legalidad en la defensa del territorio.

Por: Silvia Bardales Q.

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