María de los Ángeles Campos pasó 35 años sin atención en salud desde que llegó al Perú. Hoy busca nacionalizarse para recibir tratamiento médico por la fibrosis pulmonar que padece. Pero Migraciones le coloca limitaciones. Al igual que ella, otras mujeres migrantes tienen restringido acceso a servicios de salud periódicos, alerta Defensoría del Pueblo.
Nicol León
María de los Ángeles Campos —63 años, costarricense, migrante en Perú desde 1983— cuenta que pasó la mitad de su vida en este país sin recibir atención médica. Sentada sobre un mueble azul roto, en una casa prefabricada ubicada en Villa El Salvador, dice que atendía sus gripes y otros malestares con apoyo de su nuera, quien le prestaba su documento de identidad para recibir un diagnóstico. La dinámica era la siguiente: su pariente se hacía pasar por María, contaba los síntomas y recibía la receta. Así, atendió sus males durante 15 años.
“Me daba miedo porque estaba fingiendo algo que no era. Sentía como si estuviera robando”, comenta. «No hay cosa más triste que no tener los documentos», añade.
Los 20 años anteriores, María solo había ingresado a hospitales para dar a luz a sus tres hijos. Si ellos se enfermaban, prefería llevarlos a un curandero antes que pisar un centro de salud. Sabía que estos lugares estaban prohibidos para ella porque no tenía ningún documento que la identifique. Su esposo Juan Augusto Neyra —un pastor evangélico de la iglesia Las Asambleas de Dios— desapareció su pasaporte y la agenda donde guardaba los contactos de sus familiares de Costa Rica. Cuando estuvo vivo, no la ayudó a nacionalizarse.
Llegó al Perú luego de casarse en Costa Rica. Su esposo la golpeaba desde los primeros años de convivencia. Hasta 2018 vivió irregularmente en el Perú. Ese año, después de realizar varios plantones frente a Migraciones, el entonces superintendente Eduardo Sevilla le entregó su carné de extranjería de residencia por vulnerabilidad. Pero tres años después, Julio, su hijo mayor, le advirtió que ese documento tenía una fecha de vencimiento. Acudieron a Migraciones, pero se dieron con la sorpresa de que no se lo iban a renovar.
“Me dijeron que vea la manera de cambiar su residencia porque no le iban a volver a dar la residencia por vulnerabilidad”, recuerda Julio.
Le dieron a entender que María ya no era vulnerable porque su esposo, quien la violentaba física y psicológicamente, ya había fallecido.
“Mi mamá no solamente es vulnerable porque él la molió a golpes, sino porque es una mujer mayor, que está enferma, que es madre de peruanos, abuela de peruanos, viuda de una peruano, madre de un exmilitar de la Marina. Le toca el DNI por justicia. Ya tiene casi 40 años viviendo en el país. Es completamente injusto”, explica.
Con el carné vencido, hace una semana, María fue atendida en una posta médica del distrito donde vive. Le diagnosticaron diabetes mellitus, dislipidemia mixta, neuropatia diabética, obesidad tipo 1 y fibrosis pulmonar. No podrá recibir tratamiento si no le dan la residencia.
SIN ACCESO A SALUD
Las entidades públicas tienen la obligación de proteger a personas extranjeras que viven en situación de vulnerabilidad, según el artículo 239 del reglamento del Decreto Legislativo 130 “De Migraciones”. La norma señala que deben atender cada caso para que personas migrantes accedan a servicios públicos, “con énfasis en salud, educación y trabajo”. Pero esto es letra muerta.
En octubre de 2021, la Defensoría del Pueblo publicó el informe “Violencia basada en género contra migrantes en el Perú”, en el que revelan que mujeres migrantes no pueden acceder a servicios de salud periódicos ni al Sistema Integral de Salud (SIS) porque no tienen una documentación migratoria regular. Las migrantes tampoco insisten en acceder a servicios básicos, pues temen que las deporten al descubrir que viven de forma irregular.
“Según una entrevistada, los derechos humanos y la urgencia en la atención pasan a un segundo plano frente a la carencia de documentos”, se lee en el documento.
Esta declaración fue corroborada con el testimonio de un trabajador estatal, quien respondió que es complicado atender a personas migrantes indocumentadas, pues incluso a los peruanos se les restringe el acceso cuando no presentan su Documento Nacional de Identidad (DNI) para ingresar a un hospital.
“Este problema se agrava en los servicios de salud; si bien pueden acceder a servicios de emergencia para una atención posterior en consultorio, sí es un limitante no contar con un documento de identidad”, alertan.
En el mismo informe, advierten que el proceso para obtener la residencia es engorroso y difícil para los migrantes. La recomendación de la Defensoría del Pueblo fue que se agilicen los trámites de regulación migratoria para que se cumpla con el aseguramiento universal en salud.
TRABAS PARA SER REGULAR
Julio sabe que es poco probable que por la vía regular su mamá obtenga otra vez el carné de extranjería de residencia por vulnerabilidad. Antes pudieron dárselo luego de que realizó protestas y conversó con varios congresistas. En Migraciones ya se lo advirtieron. Sin embargo, él reúne los requisitos para pedirlo en medio de limitaciones económicas, pues no tiene trabajo estable para solicitar los documentos requeridos (acta de matrimonio de sus padres, partida de nacimiento de su hermano, certificado médico, informe médico, entre otros).
Según la Ley de Migraciones, la residencia por vulnerabilidad solo puede entregarse si la persona migrante es víctima de trata de personas, tráfico de migrantes, violencia sexual, violencia familiar o si es una niña o niño no acompañado, o mujer embarazada de alto riesgo. También si padece un caso grave de afectación a la salud, enfermedades, accidente y discapacidad severa.
Así, María estaría apta para la residencia por vulnerabilidad. Su familia espera que los males que le diagnosticaron sean pruebas más que suficientes.
Solo con el carné de extranjería podrá tramitar su nacionalidad, algo que exige tras vivir varios años en el Perú.
“Yo tengo derecho a tener mi DNI. He servido al Perú como una buena peruana. Tengo acceso a tener algo del Perú. Si muero… tener mi nacionalidad …”, dice con la voz quebrada.
Aunque Julio recopile los requisitos y consigan darle la residencia, María no podría acceder al DNI, pues, según la Ley de Nacionalidad, es necesario que el migrante acredite solvencia económica mínima de 10 Unidades Impositivas Tributarias. Es decir, María debería ganar 46 mil soles anuales.
Julio dice que envió una carta a Migraciones para que le den la residencia a su mamá por humanidad. Pero no obtuvo respuesta.
SALUD MENTAL RESQUEBRAJADA
María no es la única mujer migrante perjudicada con las limitaciones que Migraciones impone para obtener la residencia y nacionalidad. Julio, su hijo, cuenta que miembros del colectivo Mujeres Migrantes Maltratadas presentan problemas de nervios y digestivos siempre que acuden a la sede de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
Ana Surichaqui Limaco, especialista en Salud del proyecto Fronteras Invisibles de CARE Perú, explicó que las dificultades para tramitar la residencia en el Perú, sumadas a las violencias sufridas por las extranjeras (xenofobia, machismo), forman un caldo de cultivo para que sufran problemas de depresión y ansiedad.
“El sistema de acceso para el carné de extranjería de por sí es dificultoso porque hay tasas que pagar, hay una serie de documentación con la que hay que contar y cuando no se cuenta con estos, no se puede regularizar (…). Evidentemente todo este imposible tiene un impacto en la salud, no solo física, sino también mental de las personas migrantes porque ven cortados sus derechos a la identidad, dignidad y libertad”, explica.
Estos malestares, al no solucionarse en un corto plazo, tienden a volverse crónicos. Las personas migrantes, según Ana, suelen sentir estrés y frustración, pues el sistema no los apoya en el trámite de la regularización de sus documentos. Para las mujeres migrantes, estos males se intensifican al verse expuestas a la violencia basada en género, como el acoso laboral o la violencia sexual.
“Hay que saber que cuando no se trata todo esto, cuando no se acompaña, cuando no hay ningún tipo de apoyo en la salud mental de estas personas, empiezan con malestares físicos”, añade.
El programa Fronteras Invisibles se inició en octubre de 2021 y asiste a mujeres venezolanas que migraron al Perú. Les brindan de forma gratuita atención psicológica. Casi el 30% de los casos que ingresan continúan su tratamiento en centros de salud mental comunitarios porque cuentan con SIS, dado que para la población venezolana que reside en el Perú hay facilidades para la regularización documentaria. En tanto, durante todo el 2021, mediante otro programa de la misma organización, se derivaron a a 10 512 personas venezolanas a centros de salud mental comunitarios.
“¿Qué cosa tengo que hacer para ser vulnerable, para que me den nuevamente mi carné?, ¿qué debo hacer?, ¿aparecer golpeada de la nada o qué tengo que hacer? Yo me puse mal, ¿usted me entiende? Yo no entiendo los extremos a los que Migraciones quiere que uno se presente para que te apoyen o para que te den el carné”, comenta.
María no puede acceder a este servicio básico. Hasta la fecha debe andar con un carné de extranjería vencido y mentir a las autoridades para poder acceder a una posta médica o a una cuenta bancaria donde sus hijos le depositan propinas con las que sobrevive diariamente.
