Escribe Paul Maquet, periodista
El agua no sale del caño. Esta verdad evidente muchas veces se nos olvida, en las ciudades, a quienes gozamos del privilegio de estar conectados a la red de agua potable. El agua, sin la cual no podríamos vivir ni cinco días, llega a nosotros gracias a un complejo y delicado ciclo.
El presidente PPK ha prometido que al culminar su mandato el 100% de peruanos y peruanas tendrá agua potable. En esa misma línea, el Congreso de mayoría opositora acaba de aprobar que el acceso al agua potable sea considerado un derecho constitucional. Ambas cosas son positivas y necesarias. Sin embargo, ambas olvidan algo esencial: para garantizar que el agua potable pueda llegar hasta nuestros caños, necesitamos mirar río arriba, mirar hacia las cuencas que nos proveen de este bien. Y necesitamos gestionar esas cuencas de manera integral, enfrentando el caos, la falta de planificación, las injusticias y conflictos que persisten en el uso del agua.
Porque la distribución del agua en nuestro país entraña muchas desigualdades. Pongamos algunos ejemplos. ¿Sabía usted que, mientras los usuarios residenciales tenemos un medidor para pagar nuestro consumo de agua, las grandes empresas que utilizan agua subterránea solo presentan una “declaración jurada”? ¿O que mientras un poblador de San Isidro usa en promedio 346 litros de agua al día, en Villa El Salvador los vecinos usan apenas 70 litros diarios? El consumo recomendado por la OMS es de unos 150 litros, así que unos consumen más de lo necesario y otros consumen mucho menos.
Si vamos un poco más lejos, encontraremos que los conflictos y desigualdades por el agua también se producen entre sectores productivos e incluso entre regiones. Uno de los conflictos más importantes en los últimos años ha sido el que enfrenta a Huancavelica e Ica, puesto que el agua que nace en la parte alta de la cuenca es trasvasada para regar el desierto costeño.
Pero en la propia Ica, el uso excesivo del agua subterránea para cultivar espárragos viene enfrentando a los pequeños agricultores con los grandes agroexportadores. Otra fuente de desencuentros es la minería: según la Defensoría, el 62% de los conflictos por recursos hídricos se debe a la superposición de usos de agua entre la actividad minera y la agricultura. Agreguemos que el 67% de la superficie del ecosistema jalca y 24% del ecosistema páramos – zonas productoras de agua- se encuentran bajo concesión minera.
Estos conflictos se vuelven más delicados en un contexto de cambio climático que está haciendo del acceso al agua algo imprevisible. En el Perú ya existen casos dramáticos, como el de la cuenca del Cachi que abastece a Huamanga y que ya ha perdido casi el 90% de sus nevados. Durante la sequía de finales del año pasado, la represa de Cuchoquesera llegó a tener apenas el 3% de su capacidad. En términos generales se calcula que el país ya ha perdido casi la mitad de su cobertura glaciar y en menos de 10 años la disponibilidad de agua se redujo en casi 15%, según la ANA. Parece sólo cuestión de tiempo que vivamos una crisis hídrica estructural como la que vive La Paz (Bolivia).
Frente a conflictos y amenazas tan complejos, el Perú se encuentra desarmado, pues carecemos de la única arma que nos podría permitir una planificación adecuada: la información. De las 159 cuencas existentes, 119 –que representan 95% del agua disponible- no cuentan con información confiable. Sólo la mitad de las estaciones meteorológicas e hidrológicas están operativas, y de ellas apenas 15% miden el caudal de los ríos. Así pues, existen cuencas que no tienen estaciones, y las autoridades realizan cálculos aproximados tomando como referencia otras cuencas.
El Encuentro Nacional por el Agua denominado Yaku: Miremos Río Arriba, que se realiza a inicios de julio en Lima, será una oportunidad para que usuarios de agua de diversas partes del país discutan una agenda social en torno a nuestros recursos hídricos. Comunidades campesinas, autoridades locales, colectivos e instituciones de sociedad civil, investigadores, entre otros, intercambiarán experiencias y presentarán propuestas con el objetivo de garantizar un acceso equitativo al agua y una gestión integral de nuestras cuencas.
