Pese a exigencias de la Organización de las Naciones Unidas por el caso de Camila, menor que fue abusada y quedó embarazada, el Congreso de la República insiste en aprobar leyes que pretender obligar a niñas violentadas a ser madres y vulneran el derecho al aborto terapeutico.
El caso de Camila, la menor de 13 años a la que se le negó el acceso al aborto terapéutico pese a que fue abusada por su padre y quedó embarazada, ha tenido un dictamen favorable del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Este 6 de julio se hizo la presentación oficial del documento por el Centro de Promocion y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), en conjunto con la organización Planned Parenthood Global (PP Global), en el que se señala al Estado peruano como responsable de vulnerar los derechos de la menor.
Según el dictamen de la ONU, «el Estado peruano violó los derechos de una niña víctima de violación al no garantizar su derecho al aborto terapéutico y además procesarla penalmente por autoaborto», además señala la violación de otros derechos relacionados con la vida y la salud de la menor.
Para Rossina Guerrero, directora de programas de Promsex, estas conclusiones son muy importantes «porque por un lado se le niega una atención que es legal, y que hay muchísima discusión sobre si el aborto terapéutico, al ser legal, el Estado lo debe de ofrecer. Y ya es la tercera vez que un comité internacional señala que el Estado debe ofrecer un servicio al ser legal. Y el otro aspecto es el de la criminalización por el cual se ven afectadas muchas más mujeres de las que nosotros creemos».
Además, la ONU determinó que se violó el derecho a no discriminación de Camila, “y que estas vulneraciones fueron basadas en estereotipos de género porque son servicios que necesitan las mujeres, y negarles el acceso es cometer discriminación por género. Además hay algo que es muy común en las víctimas de abuso sexual, que son orilladas y estigmatizadas por su comunidad y esto hicieron con Camila”, añadió Rossina Guerrero durante la presentación del dictamen.
Con todas las conclusiones relacionadas con el dictamen, la ONU ha realizado una serie de recomendaciones que exigen al Estado peruano la modificación de su legislación. Dentro de las principales modificaciones que recomienda el Comité se encuentra la despenalización del aborto infantil en todos los supuestos.
Asimismo, exige el acceso a servicios de aborto seguro de niñas gestantes y cuidados postaborto. Además, aconseja la modificación de la Guía Técnica del aborto terapéutico para que se considere el riesgo especial que supone un embarazo infantil. Solicitó además reparaciones específicas para Camila y en materia de salud sexual y educación sexual y reproductiva a modo de prevención.
el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos
del Niño, pág 16
Estado peruano antiderechos
Sin embargo, pese a que existen casos emblemáticos como el de Camila, en donde se puede evidenciar la vulneración constante a los derechos de las niñas y mujeres por parte del Estado peruano, los intentos de retroceder en los avances en materia de aborto persisten.
A pesar de ser legal desde 1924, el aborto terapéutico se ha visto vulnerado en multiples ocasiones, no solo como en el caso de Camila y otras niñas en los que se les negó su acceso, sino por parte de proyectos de ley que ponen en riesgo su vigencia.
Uno de los proyectos de ley vigente es el 785, presentado por la congresista Milagros Aguayo y propone, principalmente, otorgar derechos de una persona a un “concebido” o no nacido, lo que pone en riesgo el acceso al aborto terapéutico.
Durante la presentación del dictamen, Reina Uzcátegui, miembro de PP Global, señaló que “si bien el dictamen no posee el carácter de sentencia sí tiene valor jurídico, porque se trata de órdenes que están autorizadas para interpretar los alcances de tratados y convenciones precisamente sobre derechos del niño”, lo que contrapone directamente las intenciones de congresistas conservadores como Aguayo.
Añadió que “el artículo 55 de la Constitución Política del Perú dice que los tratados en vigor forman parte del derecho nacional y que los derechos y las libertades se interpretan a la luz de las convenciones, tratados y otros mecanismos del derecho internacional”.
Considerando dichos puntos, se espera que la legislación peruana respete los avances logrados y asuma las recomendaciones de las instancias internacionales que velan por los derechos humanos y de las que forma parte como Estado. Al respecto. Reina Uzcátegui señaló: «El Estado tiene 180 días para informar sobre el avance de la implementación de las recomendaciones y tiene el deber de difundirlo y traducirlo al idioma quechua»
La historia de Camila
En una comunidad rural en el departamento de Apurímac, nació Camila. Fue ahí, donde su padre abusó sexualmente de ella en reiteradas ocasiones.
Producto de esos abusos constantes, en noviembre de 2017 quedó embarazada. Después de comprobar el embarazo en un laboratorio, Camila contó lo que le había sucedido. Después de eso fue atendida en el hospital Guillermo Díaz de la Vega, en Abancay. En ese momento, Camila tenía clara una cosa: no quería dejar de ser niña ni tener un hijo de su padre. Así lo manifestó, sin embargo, en ningún momento le informaron sobre su derecho al aborto terapéutico.
Pero no fue la única vez, Camila reiteró en múltiples ocasiones que no quería continuar con el embarazo. Su salud mental y física se fue deteriorando conforme transcurrían las semanas y seguía siendo obligada a participar de controles prenatales y recibir visitas médicas. Según lo narrado para el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Camila sentía que quería morirse.
En diciembre, ya con asesoría legal, ella y su madre solicitaron el acceso al aborto terapéutico. Según la Resolución 486/2014 del Ministerio de Salud, en donde figura la la Guía Técnica para el aborto terapeutico, el hospital debía convocar una junta médica para resolver la solicitud en un plazo máximo de seis días. Sin embargo, no tuvo respuesta.
La lucha continuó, pero antes de poder recibir una respuesta favorable, Camila tuvo un aborto espontáneo. Con esto las cosas empeoraron ya que inició una ola de criminalización que derivó en que Camila abandonara la escuela.
Pero eso no fue todo. La misma fiscal que investigaba el caso de violación sexual del que fue víctima, le abrió una investigación por el delito de autoaborto y resolvió el caso en tan solo 61 días. Camila fue declarada culpable por un delito que no cometió, mucho antes de que su agresor recibiera una sentencia.
Camila llega a la ONU
Tras toda esta serie de vulneraciones en su contra, el caso de la pequeña Camila es presentado ante la ONU. Las denuncias que hizo frente al organismo internacional tenían que ver con la vulneración a su derecho a la salud sexual y reproductiva, su derecho a ser escuchada y participar de las decisiones sobre su salud, además de vulneraciones a su estabilidad y salud mental.
También se señalaron puntos importantes por habérsele negado su derecho al aborto terapéutico e ignorar la condición de “se niña” como una causa necesaria a tomar en cuenta en la justificación para el acceso este tipo de aborto.Tampoco se consideró el riesgo que implica llevar un embarazo por violación sexual.
La respuesta de la ONU resulta importante para la lucha que mantienen niñas y mujeres en favor de que se respete su derecho a decidir.
