Misión de la OEA llegará a Perú para fiscalizar la respuesta del Estado ante la violencia sexual contra niñas indígenas en Condorcanqui

Por: Silvia Bardales Q.

La provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, se ha convertido en el epicentro de una crisis estructural que el Estado peruano arrastra y desatiende desde hace más de una década. Cientos de niñas y adolescentes indígenas —principalmente de los pueblos Awajún y Wampis— han sido víctimas sistemáticas de violencia sexual perpetrada en gran medida por docentes y otros actores del entorno comunitario. Frente a este escenario de abandono, una delegación de alto nivel del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) arribará al Perú del 4 al 11 de septiembre para una visita de asistencia técnica.

La misión internacional, presidida por las expertas Mónica Maureira (Chile) y Yildalina Tatem Brache (República Dominicana), responde a una invitación gestionada por el Poder Judicial a través de las juezas Janet Tello Gilardi y Elvia Barrios. La delegación se trasladará directamente a Santa María de Nieva, El Cenepa y Río Santiago para recoger testimonios de las víctimas, sus familias y lideresas indígenas. Sin embargo, la llegada de la OEA no ocurre en un vacío: es la consecuencia directa de las alertas encendidas por decisiones estatales recientes que rozan la negligencia institucional.

En marzo de 2026, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) emitió un contundente pronunciamiento manifestando su “profunda preocupación por la protección de los derechos de las niñas y su acceso a la justicia”. En aquel comunicado, el organismo denunció el impacto del cierre temporal de fiscalías especializadas en Condorcanqui que tenían a su cargo el seguimiento de más de 800 casos de abuso sexual infantil. Como sentenció el Comité, esta medida “envía un mensaje de desprotección en torno a los derechos de las niñas y mujeres, profundiza las barreras en el acceso a la justicia y perpetúa la impunidad en materia de violencia de género”.

Asimismo, el Comité criticó la instrumentalización y exposición pública de niñas sobrevivientes obligadas a continuar embarazos producto de violaciones en un centro de acogida estatal dirigido por la actual senadora del partido ultraconservador y antiderechos Renovación Popular.

En este sentido, la OEA alertó con firmeza que: “Obligar a una niña a continuar un embarazo producto de una violación constituye una forma de violencia institucional y puede configurar incluso una forma de tortura, vulnerando gravemente el artículo 4 de la Convención”.

¿Qué ha hecho el Estado?

El Poder Judicial intenta paliar la brecha territorial con la reciente instalación del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) en Condorcanqui y la dotación de embarcaciones fluviales para operadores judiciales.

Respecto al cierre de fiscalías, se notó el inmediato rechazo de las organizaciones indígenas (como COMUAWUY) y las protestas convocadas por la alarmante cifra de más de 800 casos de abuso sexual infantil en la zona. En respuesta, la Fiscalía dio un paso atrás pocos días después y reactivó las sedes fiscales. Con esto, restableció el servicio para evitar dejar en desamparo y desprotección a las víctimas de la provincia

Según las organizaciones de derechos humanos como Manuela Ramos, Demus, Flora Tristán, entre otras, la respuesta del Gobierno y del bloque mayoritario en el Congreso —dominado por el fujimorismo— exhibió una alarmante desconexión e indolencia al promover leyes anti derechos que afectan la autonomía de las infancias y adolescencias en el Perú.

Lejos de fortalecer los presupuestos o garantizar el acceso a kits de emergencia médica, salud intercultural y educación sexual integral, las bancadas conservadoras y fujimoristas han promovido discursos de estigmatización y retrocesos legislativos sistemáticos, entre ellos el constante desmantelamiento del enfoque de género en las políticas públicas y en los textos escolares.

El MESECVI advirtió expresamente el deber de “actuar con firmeza frente a discursos públicos de autoridades o agentes del Estado que legitimen conductas dañinas” e instó a no recortar recursos indispensables para la debida diligencia reforzada. La falta de un plan multisectorial robusto, financiado y articulado desde el Ejecutivo y Legislativo demuestra que, para el poder político en Lima, los derechos fundamentales de las niñas amazónicas continúan relegados a la periferia de la agenda nacional. La visita de la OEA representa una interpelación internacional ineludible: la impunidad en Condorcanqui no puede seguir normalizándose bajo el silencio cómplice del Estado.

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