Redacción Wayka

Treinta y un años después, el Poder Judicial sigue sin resolver el caso de Saúl Cantoral, el dirigente sindicalista de la Federación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica del Perú asesinado en 1989 por miembros del Comando Rodrigo Franco, un grupo paramilitar acusado de ejecutar y desaparecer dirigentes estudiantiles y sindicalistas durante el primer gobierno de Alan García.

Este lunes 17 de febrero, se tenía programada una audiencia en la Sala Penal Nacional en donde estarían frente a frente un testigo de la Fiscalía contra Jesús Miguel Ríos Sáenz, alias ‘Chito Ríos’, acusado de ser el autor mediato de su asesinato por ser el presunto cabecilla del Comando Rodrigo Franco. Sin embargo, la sesión se postergó para el próximo mes porque la Fiscalía no pudo notificar al testigo.

Actualmente, ‘Chito Ríos’ es defendido por Humberto Abanto, abogado de miembros de la cúpula fujimorista acusada de presunta organización criminal.

Pese a que ‘Chito Ríos’ ha negado los cargos, existen testimonios de testigos en su contra. Según el exsuboficial de La Marina, Miguel Aurelio Exebiio Reyes, ‘Chito Ríos’ coordinaba con el jefe de Inteligencia, Luque Freyre, y el exministro del Interior, Agustín Mantilla; y el expresidente Alan García “sabía todo, y las altas esferas del partido sabían de la existencia del comando”.

La noche del 13 de febrero de 1989, Saúl y su compañera sindicalista Consuelo García Martínez fueron interceptados por un auto y raptados. Cerca de las 11 de la noche, de ese mismo día, un patrullero de la Policía encontró el cuerpo de Saúl tirado boca abajo alrededor del Parque zonal Huiracocha, en Canto Grande, con heridas de bala.

Luego de las investigaciones de la Comisión Herrera del Congreso de la República y la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se determinó que los responsables de las muertes de ambos sindicalistas fue el comando paramilitar Rodrigo Franco.

Desde junio de 1989, el caso de Saúl Cantoral pasó hasta por 8 fiscalías distintas sin iniciar investigación alguna. Recién en enero de 2004, tras la denuncia presentada por la CVR ante la Fiscalía de la Nación, la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas abrió investigación.