Por Luis F. Rodríguez Jiménez
Redacción Wayka

Totalmente incomunicados. Así se encuentran más de 2 mil comunidades en 21 regiones del país desde inicios de noviembre del año pasado, tras haber culminado el contrato de telefonía pública rural que la empresa de origen israelí Gilat to Home (GTH) tenía con el Estado. Esta situación ya lleva 4 meses sin visos de solución.

El 5 de noviembre de 2019 finalizó dicho contrato de concesión suscrito hace 20 años atrás con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y que GTH asumió en enero de 2000. Sin embargo, pese a que la conclusión del contrato era previsible, dicho ministerio no habría tomado las precauciones del caso para evitar el retiro de 8 mil 970 teléfonos rurales públicos en regiones como Amazonas, Ayacucho, Pasco, entre otras.

Detalle del contrato de concesión de telefonía pública rural suscrito el 3 de noviembre de 1999

Una de las comunidades más afectadas se encuentra en Loreto. Ahí, la Comunidad Nativa Kichwa de Nueva Yarina, ubicada a 7 días en lancha desde Iquitos, envió un memorial a la Defensoría del Pueblo en diciembre pasado informando que llevaba 60 días sin línea telefónica.

“La comunidad […] ya hizo llegar los documentos a las entidades públicas […] sobre el problema que nos quitaron la línea de teléfono”, señalaba el documento suscrito por decenas de líderes y pobladores de la comunidad. Sin embargo, ninguna institución pública se hacía responsable de la situación hasta ese momento.

Al respecto, Jorge Pérez Rubio, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), mencionó a Wayka que la comunicación telefónica rural es vital para el día a día de las comunidades amazónicas

«La comunidad tal como hace presente en su memorial, tiene la necesidad de mantener contacto con las demás localidades. El Estado, está haciendo oídos sordos a la solicitud de estos pueblos de las 9 comunidades de la cuenca del Curaray”, señaló.

Jorge Pérez Rubio, presidente de ORPIO, señaló que el Estado debe reponder con prontitud a la necesidad de comunicación de las comunidades amazónicas (Foto: Formabiad)

Actualmente son más de 6 mil localidades del país las que se encuentran afectadas por este problema. De éstas, 2 mil 250 comunidades son las más perjudicadas ya que no cuentan con cobertura de señal móvil ni de Internet, según datos de OSIPTEL. Por este motivo, su incomunicación es total desde hace meses.

Situación desesperante

¿Cuánto tiempo seguirán estas localidades totalmente incomunicadas? Pese a la magnitud del problema, Evony Gómez de la Adjuntía de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo señaló a Wayka que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no se ha pronunciado oficialmente al respecto ni ha propuesto alguna solución.

Sin embargo, el caso de la comunidad nativa de Nueva Yarina, solo es uno de cientos similares. Según Luis Trevejos del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA), esta situación afecta al 70% de las comunidades amazónicas nativas y campesinas

“Esto es realmente preocupante por el tema de salud porque antes se comunicaban con la ciudad de Iquitos para poder trasladar a sus pacientes; por el tema de transportes porque antes avisaban a las empresas […] para decirles a qué hora podían pasar a recoger a sus pasajeros o para hacer la comercialización de sus productos […] que ahora se pierden y tienen que tirarlos al río”, manifestó.

Luis Trevejos de CEDIA indicó que el 70% de comunidades nativas de Loreto se han quedado incomunicadas ante esta situación (Foto: Andina)

Además, indicó que las comunidades no pueden hacer el seguimiento de sus procesos de titulación, sino que ahora deben viajar por varios días en lancha para poder tener noticias al respecto. “Todo se ha paralizado un montón”, indicó.

Por otro lado, Luis Trevejos señaló que las federaciones de cuenca se han reunido con la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Loreto para manifestar este problema pero que ellos solo han respondido que están haciendo convenios con empresas de telefonía móvil. “Pero temas concretos, no. No hay un plan para solucionar este punto en un tiempo determinado. Simplemente están recogiendo las peticiones de las comunidades”, manifestó a Wayka.

Errores millonarios

Sin embargo, la falta de previsión respecto al término del mencionado contrato, no sería el único error que habría cometido el MTC respecto a la telefonía rural. En 2015, la empresa Gilat to Home (GTH) demandó a dicho ministerio por más de 48 millones de dólares debido a “daños y perjuicios” ocasionados al momento de cumplir con la concesión asumida.

Gilat to Home Perú demando al Estado en 2015. Solicitó 48 millones de dólares como indemnización por «daños y perjuicios» (Foto: Facebook GTH Perú)

Según documentos a los que Wayka tuvo acceso, el 9 de abril de 2015, GTH presentó dicha demanda contra el MTC y el Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones (FITEL) ante un tribunal arbitral.  La empresa señalaba que el Estado había promovido la expansión de la telefonía móvil mediante políticas económicas desde el 2006. Esto habría tenido como efecto la inserción de operadores móviles en las zonas donde operaba GTH por lo que “la necesidad de teléfonos públicos” en zonas rurales decreció.

Dichas medidas, según señala la empresa, perjudicaron la rentabilidad de su servicio toda vez que el MTC no acompañó estas políticas con otras que “eran imprescindibles para permitir el cumplimiento del objeto de los contratos celebrados con GTH”.

La demanda arbitral presentada por GTH señala que el MTC y FITEL sabían de la situación desventajosa para la empresa pero no hicieron mayor esfuerzo para revertir la situación

Finalmente, en junio de 2018, el Tribunal Arbitral resolvió que había “responsabilidad civil estatal frente a GTH” debido a la negativa de acceder a una “renegociación” que permitiera a la empresa “atenuar las consecuencias” de la “falta de cooperación del Estado” en la solución de las contingencias que enfrentaba la empresa. Por lo tanto, ordenaba al MTC y a FITEL el pago conjunto de más de 26 millones de dólares por “resarcimiento de daños”.

El Tribunal Arbitral resolvió en 2018 que el MTC y FITEL debían pagar a GTH más de 13 millones de dólares cada uno

Vale mencionar que el contrato suscrito en 1999 incluía la posibilidad de que GTH solicitara la renovación de la concesión en un plazo de dos años antes de finalizar el contrato. Pero, la empresa no presentó esta solicitud.

Al cierre de esta edición, pese a nuestros intentos por comunicarnos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no obtuvimos respuesta de esa entidad.

Retrasos preocupantes

Por otro lado, Evony Gómez de la Defensoría del Pueblo, señaló que los proyectos de banda ancha a cargo del Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL), entidad dependiente del MTC, presentan demoras en su ejecución.

“Hemos verificado que de 21 proyectos de internet de banda ancha que son de 2015 a 2019, solo 4 están en operación provisional no definitiva. Y […] otros proyectos están paralizados como Cajamarca, Piura, Tumbes”, señaló la funcionaria a Wayka.

Evony Gómez de la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación ante el retraso de los proyectos de banda ancha de PRONATEL en las localidades que no cuentan con dicho servicio (Foto: RPP)

Cabe señalar que no todos los proyectos empezaron a ser ejecutados en 2015. Según Evony Gómez, “algunos iniciaron en 2017, 2018, porque se han venido dando postergaciones del SNIP de esos proyectos.”

La preocupación es que estos proyectos “pese a las contingencias”, eviten situaciones en que las comunidades se encuentren totalmente incomunicadas.

“Vamos a esperar un plazo de formulación, luego de posible ejecución […] ¿A cuántas localidades se va a llevar? ¿A todas, a algunas? ¿Y qué porcentaje? Esto es lo que apunta la Defensoría. Que se tomen las medidas necesarias para que estas localidades no se queden sin servicio”, indicó a Wayka.