El derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, su sexualidad y si ser madre o no está condenado penalmente en el Perú, pero además, las mujeres que atraviesan un proceso de aborto se ven sometidas también al estigma y criminalización por parte del personal médico quienes incluso han llegado a poner en riesgo sus vidas. 

Por Danitza Alipio

En el Perú, entre el 2016 y 2021, se han registrado un total de 1 517 denuncias relacionadas con el aborto, según datos de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, dentro de dichas denuncias no solo se criminaliza el derecho a decidir sobre la salud sexual y reproductiva sino que además, se revictimiza a aquellas mujeres que atraviesan un proceso de aborto espontáneo, siendo tratadas como responsables y culpables desde su primer contacto con el personal de salud. 

Esto habría ocurrido con Diana, una joven venezolana que fue hallada muerta en el Hospital María Auxiliadora tras ser ‘advertida’ que la llevarían presa por haber abortado. Según el hospital, ella se habría suicidado. Pero, ¿cómo pasa algo así? Esto habría ocurrido por el miedo que le ocasionaba ser llevada a la comisaría. Cabe señalar que el esposo de Diana mencionó en su momento que ellos no sabían que se encontraba embarazada y el aborto se dio de forma espontánea. 

El señalamiento y ajusticiamiento por parte del sistema de justicia y el sistema de salud en el Perú es una de las situaciones más recurrentes cuando se trata de aborto. Según Brenda Alvarez, abogada representante de mujeres que son acusadas de abortar y miembro de la organización Justicia Verde, estas situaciones representan uno de los principales retos a la hora de defender a mujeres que decidieron sobre sus cuerpos o atravesaron un proceso de aborto no autoprovocado. 

“Pese a que el aborto no es considerado un delito grave, por la pena que se le otorga, el Sistema de Justicia sí los tramita con una celeridad que llama mucho la atención. Por ejemplo, se rompe cualquier garantía de la presunción de inocencia. Las mujeres por lo general son tratadas como culpables desde el primer momento, ya sea un aborto causado o no, y esta falta de garantía de la presunción de inocencia atraviesa todo el proceso”, señala Alvarez.

Un sistema de salud que ajusticia

Al igual que Diana, Gabriela se vio sometida a un interrogatorio médico en el que la amedrentaron para que se declarara culpable. Ella se practicó un aborto cuando tenía 17 años de edad, pero, según cuenta, fue engañada con los medicamentos, no tenía información suficiente a la mano ni acompañamiento, el proceso se complicó y terminó en el hospital por una hemorragia. 

“A mi de inmediato me empezaron a cuestionar, me decían que hable, que diga la verdad, que qué cosa me había metido, empezaron a decir que mejor hable porque me llevarían presa por abortar. Y cuando mi mamá pedía que me atiendan de forma rápida porque me quejaba de dolor, la trataban mal e incluso le decían que ni se queje porque era mi culpa. Demoraron demasiado en la atención”. 

Según la investigación «Nacer con útero» realizado por Justicia Verde, con dicho actuar “se intenta manipular emocionalmente a las personas gestantes con el fin de lograr una confesión de una supuesta intención de abortar, a pesar de encontrarse en un estado de extrema vulnerabilidad”.

Una situación similar vivió Romina, quien cuenta que ella fue cuestionada sobre el aborto espontáneo que vivió. “Un médico varón dijo ‘pero ¿cómo es posible? Esto es grande, tú has sabido’. Me decía ‘¿por qué no me dices la verdad? ¿Qué has hecho? Esto lo has hecho tú’. Me sentía asustada, era su palabra contra la mía. Se me caían las lágrimas, en vez de ayudarme, me traumaba. (El médico) les dijo a todos que yo había tomado algo”.

Por otro lado, Fiorella cuenta que cuando ingresó por emergencia debido a una hemorragia recibió un trato discriminatorio a pesar de estar atravesando una emergencia obstétrica.  “Ninguna enfermera quiso asistir al doctor, por objeción de conciencia a pesar de que no había sido un aborto provocado, a pesar de estar en riesgo mi vida. Al final mi médico tuvo que ser asistido por su secretaria quien le alcanzó la indumentaria”.

Los principales denunciantes son los médicos

Según el artículo 30 de la Ley General de Salud, el personal médico debe dar aviso a las autoridades en casos de indicios de aborto ‘ilegal’, aun cuando este artículo puede atentar contra el deber y derecho al secreto profesional, así como a los derechos a la intimidad, libertad, vida y salud de las personas que acuden a un servicio médico. 

Sin embargo, como se relata anteriormente, el personal de salud no solo denuncia, sino que criminaliza y revictimiza a las personas gestantes que llegan a ser atendidas por complicaciones en procesos de aborto sean estos intencionados o espontáneos.

Según cuenta Romina, en su caso el mismo personal de salud llamó a la división de criminalística, y los interrogatorios se realizaron en el mismo hospital. “Me preguntaron cuántos meses tenía, que por qué fue, por qué se me vino. Yo les dije que no sabía, que yo era una persona delgadita y pensé que era hinchazón nada más. El doctor estaba ahí junto a los policías, metía cizaña como para que me lleven presa”, cuenta Romina.

En su caso como en el de muchos otros, se vulneraron varios derechos. Según su testimonio en ningún momento se le informó sobre su derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse o a pedir una abogada/o. 

Según Alvarez: “Esa suele ser una característica común en dichos procesos”. Además menciona que “a pesar de que la Fiscalía o la parte denunciante debería proveer de carga probatoria para, precisamente, probar que la persona ha cometido el delito, lo cierto es que la actuación procesal es bastante distinta. Ese es uno de los grandes obstáculos con los que hay que lidiar. Las mujeres son ajusticiadas. No solo tienen que lidiar con el proceso, si no con las actitudes de los operadores y operadoras”.

Criminalización más allá de lo penal 

Hasta el 2021 se conocieron 425 procesos judiciales por el delito de aborto, de los cuales 120 resultaron con una sentencia condenatoria que incluyeron personal sanitario que practicó un aborto, como gestantes que autoabortaron. 

Si bien en la actualidad, el aborto en el Perú continúa siendo una práctica penalizada por el Código Penal, y, según la tipificación, la pena puede llegar a ser de hasta 5 años de pena privativa de la libertad, existe una excepción que se configura en el aborto terapéutico, que es aplicado en caso de que la salud de la persona gestante esté en riesgo o la misma se encuentre en peligro de muerte. 

Aún así, se han registrado también 55 denuncias por aborto terapéutico, lo cual, según señala Justicia Verde, “genera preocupación, pues se trata de un tipo de aborto no punible en términos legales, según el propio Código Penal” y podría responder a la carga de estigmatización con la cuenta el aborto.

Ante esto es importante señalar que, según lo menciona Justicia Verde, “la experiencia de ser criminalizada/e por abortar abarca múltiples dimensiones que no se restringen y que exceden ampliamente el ámbito penal. La vivencia de una situación de criminalización se inicia por la persecución y estigmatización de la persona que aborta. Las acciones de criminalización, por lo tanto, no son exclusivas de los operadores de justicia: pueden iniciarse en el establecimiento de salud que atiende un aborto espontáneo, por ejemplo, y pueden prolongarse y extenderse -incluso- a las familias o a los centros de trabajo o estudios de las personas que abortaron, bajo la forma de hostigamiento”.

Esta forma de juzgar a las gestantes ha traído consecuencias importantes, continúa poniendo en riesgo la vida y salud de las mujeres, y a veces hasta las empuja a la muerte.