Nación Wampís rechaza imposición de la «Hidrovía Electrónica» y exige diálogo directo al Estado

Por: Silvia Bardales Q.

​El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) ha manifestado su rotundo rechazo al megaproyecto «Hidrovía Electrónica», impulsado por el Estado peruano en la cuenca del río Kanús (distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui, Amazonas). La iniciativa comprende un despliegue de infraestructura fluvial, aérea y satelital en una zona que alberga a más de 16 500 ciudadanos indígenas en la frontera amazónica.

​La propuesta, promovida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Gobierno Regional de Amazonas (GOREA), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la empresa israelí GILAT Network Perú —con el soporte del Plan Binacional Perú-Ecuador, la Fuerza Aérea del Perú, la DICAPI y el eventual financiamiento del BID—, habría sido elaborada sin la participación del pueblo Wampís, vulnerando sus derechos colectivos.

Vulneración de la Consulta Previa y alertas ambientales

​Desde la perspectiva jurídica y socioambiental, el GTANW y la organización Hiperderecho sostienen que el proyecto vulnera los estándares internacionales sobre derechos indígenas, la Ley de Consulta Previa (Ley 29785) y el Convenio 169 de la OIT. Al utilizar el espacio radioeléctrico e instalar infraestructura física en tierras ancestrales, el Estado peruano incurre en una omisión estructural al no someter el plan a un proceso formal de consulta previa, tal como ocurrió con la Hidrovía Amazónica en 2017.

​A nivel técnico, estudios hidromorfológicos de la Marina de Guerra del Perú (2023) confirman la inestabilidad geofísica del río Santiago, caracterizado por corrientes fuertes y abundancia de troncos sumergidos («quirumas»). Los eventuales trabajos de dragado destruirían los bancos de desove, afectando la pesca de subsistencia, la soberanía alimentaria y el ecosistema del río Kanús, considerado por la Nación Wampís como un ente vivo esencial para su Tarimat Pujut (vida plena).

Riesgos de soberanía, militarización y salud pública

​El GTANW advierte sobre serios riesgos para la seguridad nacional y la gobernanza territorial:

  • Soberanía y datos: La adjudicación en régimen de monopolio a GILAT Network Perú —empresa con contratos defensivos vigentes y cuestionamientos internacionales— genera dudas sobre el resguardo de la privacidad de los datos en una zona fronteriza estratégica.
  • Militarización e impactos sociales: La construcción de hidropuertos y puntos de acuatizaje incrementaría la presencia de fuerzas de seguridad y personal foráneo, elevando el riesgo de violencia contra las mujeres (nuwas) y la penetración de economías ilegales.
  • Insuficiencia en salud: Las autoridades indígenas rechazan que la infraestructura sea utilizada para imponer un servicio de telesalud como sustituto de la construcción de hospitales presenciales en ambas cuencas.

Cuestionamiento a la PUCP y la Municipalidad de Río Santiago

​La participación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) a través del Grupo de Telecomunicaciones Rurales (GTR-PUCP) ha provocado el rechazo de organizaciones estudiantiles de la misma casa de estudios, las cuales exigen una postura ética frente a lo que sería el uso de conocimiento técnico en territorios indígenas.

​Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Río Santiago es cuestionada por omitir información previa sobre el proyecto. Tras la presión social, el alcalde convocó a reuniones en julio de 2026; sin embargo, el Pamuk (presidente) del GTANW, Teófilo Kukush Paati, declinó firmar actas de compromiso incondicional.

Vigilancia activa y exigencias finales

​Pese al rechazo inicial, el GTANW aceptó integrar la mesa técnica únicamente con el fin de fiscalizar la propuesta. Sus exigencias principales abarcan:

  1. ​La paralización inmediata de los perfiles de preinversión y licitaciones de la Hidrovía Electrónica.
  2. ​La prohibición absoluta de labores de dragado o alteración del lecho del río Kanús.
  3. ​El respeto estricto al Protocolo de Relacionamiento del GTANW y a los derechos de consulta previa.
  4. ​La atención prioritaria a la construcción de infraestructura hospitalaria física en el territorio.

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