Ocho proyectos y una denuncia penal buscan frenar el aumento de sueldo de Boluarte
El régimen de Dina Boluarte enfrenta una creciente oposición tras aprobar, vía decreto supremo, un aumento de su salario que supera los S/35.500 mensuales, el cual representa un alza de más del 120% respecto a su sueldo anterior.
El mismo día de la publicación de la norma, al menos ocho proyectos de ley fueron presentados en el Congreso para derogar este incremento, y se preparan más iniciativas legislativas y medidas de fiscalización.
Congreso busca derogar
Los ocho proyectos surgieron principalmente desde las bancadas de izquierda, como la Bancada Socialista, el Bloque Democrático Popular y Juntos por el Perú – Voces del Pueblo. Todas buscan anular el Decreto Supremo N° 136-2025-EF, firmado por el Consejo de Ministros y respaldado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Estos propuestas coinciden en que el aumento salarial presidencial contraviene la Ley 28212, que fija topes para la remuneración del jefe de Estado a un máximo de 10 Unidades Remunerativas del Sector Público (URSP), equivalentes a 26,000 soles mensuales para el año 2025, por lo que Boluarte no tendría argumento legal ni técnico para superar dicho límite.
Por otro lado, desde la Comisión de Fiscalización se aprobó por unanimidad tres acciones concretas: promover un proyecto multipartidario para derogar el decreto, solicitar la interpelación de Arana y del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, por no acudir a la comisión a responder sobre este tema, y cursar un oficio para que Boluarte sea convocada al Parlamento a sustentar legal y presupuestalmente su aumento.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos (Podemos Perú), calificó la medida como una “cachetada a la pobreza” y cuestionó que, mientras los sueldos del sector público no suben ni medio punto porcentual, la mandataria aprueba un aumento de más del 120% para sí misma.
Denuncia penal contra Boluarte y sus ministros
Desde los partidos políticos, el Comité Ejecutivo Nacional del partido Voces del Pueblo interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía contra Boluarte y los 18 ministros que refrendaron el decreto. Esta acusación también toma como base la Ley 28212 para sustentar la ilegitimidad del aumento.
Además, la denuncia sostiene que el Ejecutivo vulneró la Constitución al utilizar un decreto supremo (norma de menor jerarquía) para contradecir una ley vigente, lo que constituye un acto de abuso del poder normativo.
Cabe acotar que desde el Ejecutivo, el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, intentó justificar el incremento argumentando que la presidenta “no podía seguir con un sueldo que no fuera acorde a su jerarquía”. En la misma línea, el ministro de Justicia, Enrique Alcántara, señaló que simplemente “se ha sincerado” el sueldo de la mandataria.
En una conferencia de prensa de ayer, 6 de julio, la misma Dina Boluarte advirtió que no tiene intención de revertir su aumento de sueldo y, más bien, reafirmó su decisión señalando que se ampara en la Ley Servir y alegó que el incremento forma parte del proceso de regularización salarial del sector público.
Finalmente, el Ejecutivo durante la última rueda de prensa, evitó dar más declaraciones o responder preguntas relacionadas al salario de Boluarte y las investigaciones que pesan en su contra, intentando así sacar el tema de la agenda nacional, en un contexto de incremento de la pobreza y desempleo.
