EJECUTIVO Y EL CONGRESO YA ESTÁN DESMANTELANDO EL MINISTERIO DE LA MUJER
El Congreso continúa con la avalancha de proyectos de ley que apuntan a desaparecer el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). La última de una serie de medidas en esa dirección ha sido la aprobación en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República de la propuesta que dispone la transferencia de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), programa perteneciente al MIMP, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).
El dictamen, aprobado el pasado 15 de abril, prácticamente obliga al traslado de los CEM, sus presupuestos, archivos, personal y muebles e inmuebles al Ministerio de Justicia. Esto es sumamente grave, tomando en cuenta que los Centro de Emergencia Mujer (CEM) son los encargados de brindar atención integral a víctimas de violencia de género y sexual —incluyendo defensa legal gratuita y apoyo psicológico. Los CEM pertenecen al Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, conocido como Aurora (ahora Warmi Ñan), programa que también depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
«Lo que plantea este proyecto legislativo no es fortalecer, ampliar ni reforzar la atención en violencia, sino eliminar una de las pocas instancias especializadas en violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar», advirtió Liz Meléndez, directora del Centro Flora Tristán, en diálogo con Wayka.
QUÉ SON Y CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS CEM
A nivel nacional, existen 433 CEM, que articulan servicios especializados para mujeres y familiares de las víctimas de violencia, como el Chat y Línea 100 —un servicio gratuito de atención telefónica que opera las 24 horas y deriva casos a los CEM—. Esto significa que si una mujer en situación de violencia contacta a la Línea 100, es referida inmediatamente a un centro especializado.
En 2024, los CEM atendieron 233 casos de tentativa de feminicidio y 32 388 casos de violencia sexual. De estos últimos, 22 798 corresponden a niños y adolescentes de 0 a 17 años, según datos obtenidos por Wayka mediante la Ley de Transparencia. Mientras que el Ministerio Público reportó 3 260 víctimas durante el primer trimestre del año.
El programa Aurora (ahora Warmi Ñan), creado en 2001 como Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, coordina servicios clave como el Chat 100, Línea 100, los Hogares de Refugio Temporal y los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que funcionan de manera articulada para prevenir y atender casos de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar.
Liz Meléndez, expresó su preocupación a Wayka: «El programa Aurora incluye los CEM, la Línea 100 y la estrategia rural. Al retirar los Centros de Emergencia Mujer, se estaría eliminando su eje principal de atención».
QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE DESMANTELAR EL MIMP Y TRASPASAR LOS CEM
Este proyecto anti-mujeres es impulsado por los congresistas Américo Gonza Castillo y Waldemar Cerrón Rojas (ambos de Perú Libre), así como por Segundo Quiroz Barboza, Lucinda Vásquez Vela y Alex Paredes Gonzales (Bloque Magisterial de Concertación Nacional). Con un texto sustitutorio, se propone la ley que crea la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (SUDEPUB), adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).
La actualmente cuestionada Defensoría del Pueblo y el MINJUSDH del Ejecutivo ya han dado su aval al proyecto, bajo el argumento de que se buscaría garantizar el acceso a la defensa legal y justicia. Sin embargo, ni siquiera se consultó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el principal afectado por la absorción de uno de sus programas clave.
Para el funcionamiento de esta nueva entidad la propuesta ordena traspasar todos los recursos de este programa del MIMP, incluido su presupuesto, al MINJUSDH. Esto incluye ell traslado de los bienes muebles e inmuebles, el personal, los recursos, el acervo documental, los derechos, las obligaciones, los convenios y contratos, así como los pasivos y activos vinculados con las funciones asignadas a los CEM.
La absorción de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) por la nueva Superintendencia de Defensa Pública (SUDEPUB) implicaría un importante recorte presupuestario para el MIMP. Según la plataforma de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el presupuesto total del MIMP para 2025 asciende a S/1 064 098 209, de los cuales S/209 157 146 están asignados a los CEM. Esto significa que el MIMP perdería el 20% de sus recursos, debilitando gravemente el Programa Aurora (ahora Warmi Ñan) y afectando directamente la atención a las víctimas de violencia.
CONGRESO JUEGA EN PARED CON EJECUTIVO PARA DESMANTELAMIENTO
Pero el ataque no proviene solo del Legislativo, el régimen de Boluarte también forma parte de la ofensiva, como apunta Meléndez.
“Creo que no ha existido otro Congreso que plantee tantos retrocesos en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres con el aval, lamentablemente, del Ejecutivo, en donde se hacen caer una serie de avances y de medidas afirmativas a favor del derecho a una vida libre violencia”, señaló Meléndez.
La jugada en pared entre Ejecutivo y Legislativo se inició durante el mensaje a la Nación de julio de 2024 de Dina Boluarte, en el que anunció la propuesta de fusionar el MIMP con el MIDIS. De inmediato varias ex ministras de ambas carteras cuestionaron la propuesta en un pronunciamiento que alertaba que esta fusión representaba «un grave retroceso en los derechos de las mujeres». El documento incluso contó con las firmas de dos ex funcionarias del actual gobierno: Grecia Rojas y Nancy Tolentino.
Luego, fue la congresista Milagros Aguayo (Renovación Popular) quien en febrero de este año convirtió esta cuestionada iniciativa en el Proyecto de Ley N° 10328/2024-CR, que busca fusionar el MIMP con el MIDIS, creando el llamado «Ministerio de la Familia, Desarrollo e Inclusión Social (MIFADIS)». Una fusión que según las expertas en materia de derechos de mujeres será la muerte del MIMP, y aunque el proyecto se encuentra todavía en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, la realidad apunta a que el desmantelamiento del MIMP ya viene ocurriendo de a pocos.
«En la práctica, quienes han tomado el control del Ministerio de la Mujer son funcionarios del MIDIS. La actual ministra proviene del MIDIS. Digamos que ya lo han ocupado. En los hechos, ya lo gobiernan», apuntó la exministra del MIMP Diana Miloslavich.
CAMBIO DE NOMBRES COMO ESTRATEGIA PARA DESMANTELAR
El pasado viernes 02 de mayo, el régimen de Boluarte renombró el programa Aurora como Warmi Ñan mediante el Decreto Supremo Nº 003-2025-MIMP. Marcela Huaita y Ana Jara Velásquez, exministras del MIMP, alertaron mediante la red social “X” que esta modificación conlleva un gasto económico.
“No está mal usar lenguas originarias para renombrar servicios públicos, pero la urgencia ahora es fortalecer los CEM. La cobertura en áreas lejanas —donde el Estado casi no llega— esa la verdadera prioridad”, declaró Miloslavich para Wayka.
Miloslavich, especialista en políticas de género, subraya que la prioridad debería ser capacitar al personal —policías, abogados, psicólogos, etc. — y ampliar la cobertura a zonas remotas sin CEM, en lugar de enfocarse en cambios nominales.
Para Liz Meléndez, directora del Centro Flora Tristán, el cambio de nombre no sería una casualidad, sino una estrategia para facilitar la absorción del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS): “Es una forma de preparar su migración al MIDIS, mientras se desmantelan los CEM. Ya de por sí, esto es un despropósito”.
INTENTOS DE CAMBIO DE NOMBRE DEL MIMP
En en febrero de 2022, Américo Gonza Castillo (Perú Libre), fue uno de los primeros en plantear el cambio de nombre del MIMP en esta agenda de desmantelarlo, presentó el PL N° 1229- 2021-CR “Ley que modifica la denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a Ministerio de la Familia y Población Vulnerables”, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Descentralización. En ese momento la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que instó al Estado a no retroceder respecto a los derechos fundamentales de las mujeres.
Posteriormente, y continuando con la ofensiva contra el MIMP, el 5 de diciembre de 2023 la congresista pastora evangélica Milagros Aguayo presentó el Proyecto de Ley N° 6588/2023-CR, para cambiar la denominación del MIMP por «Ministerio de la Familia, Infancia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad».
Para justificar su iniciativa, la congresista Aguayo consultó a instituciones estatales (PCM y MIMP) y a organizaciones de orientación religiosa conservadora, entre ellas la Universidad de Piura, la Conferencia Episcopal Peruana, la Universidad San Ignacio de Loyola, la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, el Concilio Evangélico del Perú y grupos como Juventud Provida o el Instituto de Investigación en Población.
Todas las valoraciones técnicas resultaron contrarias a la propuesta: El MIMP la calificó como «no favorable» tras consultar al Viceministerio de la Mujer, las direcciones generales de Niñez, Familia y Personas Adultas Mayores. El CONADIS fue más allá, señalándole directamente de «no viable»; mientras la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) respondió que no le correspondía emitir una opinión sobre el tema.
En decir, mientras las entidades estatales especializadas rechazaron el proyecto, este solo obtuvo respaldo de instituciones religiosas católicas como la Universidad Católica San Pablo o el Instituto de Familia de la UNIFÉ, revelando una clara división entre los criterios técnicos y las posiciones confesionales.
Como señala Liz Meléndez, todas estás iniciativas están articuladas con un mismo objetivo: retroceder derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, y en esa agenda van avanzando cambios de nombre, traslado de programas y presupuestos Congreso y Ejecutivo.
“Es como si tuvieras un ajedrez. Van moviendo diferentes piezas para lograr un objetivo, que es el retroceso en materia de igualdad y la negación concreta de los derechos de las mujeres.”
