Este miércoles 4 de diciembre, diversas organizaciones de la sociedad civil se apersonaron en el los pasos perdidos del Congreso para rechazar el dictamen que pretende modificar la ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la cual se aprobó sin debate ni discusión el 5 de junio de este año en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Según las organizaciones, este dictamen consolida un conjunto de proyectos de ley (PL 06162, PL 06252, PL 07140, PL 07367 y PL 07354) para  limitar y  controlar la actuación de las organizaciones ciudadanas de toda índole (medios de comunicación alternativo, gremios, colectivos, ONG, entre otros).

Asimismo, los voceros de las ONGs indicaron que el dictamen contiene disposiciones inconstitucionales, incumpliendo sentencias del Tribunal Constitucional; ignorando las opiniones técnicas de APCI, de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuyas funciones se verán gravemente afectadas por la norma.

«Lejos de fortalecer la supervisión y transparencia de las organizaciones, como señalan sus defensores, el Dictamen establece disposiciones que afectan a las entidades encargadas de la supervisión y establece sanciones exorbitantes en casos en que de manera subjetiva y arbitraria una actividad se catalogue como contrarias al orden público, la seguridad nacional, la propiedad pública o privada, y el orden interno», indicaron en un pronunciamiento público.

De igual modo, explicaron que las experiencias de otros países como Paraguay, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua o Rusia, demuestran que estas normas son un primer paso para reducir y eliminar la participación de los ciudadanos y ciudadanas, dejando libre el camino para que personajes involucrados en casos de corrupción actúen sin cuestionamientos.

En este sentido, más de 70  organizaciones de la sociedad civil representadas en la Asociación Nacional de Centros (ANC), plataformas, sindicatos y colectivos ciudadanos convocaron a una conferencia de prensa para explicar los motivos por los cuales esta norma no debe ser aprobada sin una discusión real con los involucrados.

Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la CGTP, mencionó que este es un intento de coacción por parte del Legislativo contra las organizaciones que se dedican a defender los derechos de la clase trabajadora. «En lugar de atender temas prioritarios, como la delincuencia, el hambre y los derechos laborales, quieren interferir en estas instituciones», acotó.

Desde Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Hamer Manihuari señaló que si bien las organizaciones indígenas no son una ONG, la cooperación internacional ha sido un gran sustento para garantizar la seguridad jurídica de sus demandas y necesidades. Asimismo, cuestionó a los congresistas que han promovido leyes contra la Amazonía como la Ley MAPE y la Ley Antiforestal.

Igualmente, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, señaló que las organizaciones de la sociedad civil vienen siendo fiscalizados y auditadas desde el 2022, año en que se aprobó la Ley N° 27692 (“Ley APCI”).

«El dictamen tiene una perspectiva de represión. Se busca hacer una lista negra de ONGs. Buscan perseguir o desaparecer a las ONGs.  Esperamos que se tomen en cuenta nuestras opiniones técnicas sobre esta ley», mencionó el vocero de IDL.

Los voceros de las organizaciones de la sociedad civil manifestaron que si se aprueba el dictamen, recurrirán a acciones de amparo e inconstitucionalidad, y en una situación mayor, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Finalmente, indicaron que se sumarán al Paro Nacional que se acatará este sábado 7 de diciembre.