A la fecha existen más de mil casos de contagio de COVID-19 en regiones amazónicas. Comunidades indígenas exigen intervención de la ONU y la CIDH y acciones concretas del Estado.

Redacción Wayka

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) presentó una denuncia contra el Gobierno del Perú ante instancias internacionales.

En el documento dirigido a representantes de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reclaman la desatención y discriminación que sufren los ciudadanos indígenas amazónicos durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

«Responsabilizamos también al Estado peruano, por los daños permanentes que puedan sufrir nuestros pueblos con la mortandad, desnutrición, morbilidad, abandono educativo y pérdida de capacidades productivas de nuestros pueblos«, señala Aidesep, organización que articula a 1800 comunidades. La denuncia alcanza al Ejecutivo, pero también a gobernadores de 11 regiones amazónicas y parcialmente amazónicas.

Ausencia de un protocolo

El punto central de la denuncia al Estado es la ausencia de un plan de atención para la amazonía indígena. Específicamente, uno que tome en cuenta su derecho a la salud intercultural.

«El Gobierno ha priorizado la atención de las ciudades, empresas, trabajadores y población urbana. Todas sus medidas relacionadas con la salud, apoyo social, educativo y productivo, han priorizado a las urbes, y solo en la última semana han incorporado algunos elementos para incluir de manera muy parcial a cierto sector rural del ande peruano. Pero para la amazonía indígena, continúa la marginalidad, la invisibilidad y
discriminación«, indica el documento.

De acuerdo a Aidesep, ya habían iniciado un diálogo con el Ministerio de Salud (Minsa) para la elaboración de un plan de emergencia en la amazonía indígena. La normativa estaba lista para promulgarse el 11 de abril, pero no sucedió.

La respuesta que recibieron es que la responsabilidad del plan había pasado del Minsa al Ministerio de Cultura. Algo que no tranquilizó a las organizaciones indígenas, pues aseguran que la entidad «ha demostrado un accionar marginal e ineficaz en diversos procesos que involucran la defensa de los derechos indígenas».

Amazonía en riesgo

Al 23 de abril, se registraron más de mil casos de contagio y 27 fallecidos por COVID-19 en cinco regiones amazónicas. Ello sin contar los casos en regiones parcialmente amazónicas como Cusco, Junín, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho y Pasco.

Por otro lado, la semana pasada se confirmaron el contagio de una pareja de esposos en la comunidad shipibo-konibo de Puerto Bethel en Ucayali. Inicialmente, habían reportado seis personas con síntomas de COVID-19 y pasaron tres días para que una comisión acudiera a realizar el descarte.

Además, llegaron con solo tres pruebas rápidas, pese a que hay 300 personas en la comunidad y el riesgo de contagio es alto. Según precisa Aidesep en la denuncia a la ONU: «Esto demuestra que no existen protocolos o criterios para ejecutar una acción integral y eficaz para atender la salud de los pueblos indígenas».

Entre las fallas del Estado para reaccionar ante la pandemia en territorio indígena, la denuncia señala que el Ministerio de Defensa no logró hacer respetar la cuarentena en determinados puntos de ríos y carreteras amazónicas. También que los bonos de apoyo social, la educación virtual y créditos fueron diseñados sin enfoque intercultural que considere a la amazonía indígena.

«Algunos víveres son llevados a algunas comunidades, pero son entregadas por los Alcaldes, de mano en mano, sin guantes ni mascarilla, con toda la irresponsabilidad y peligros de esa incorrección». denunciaron ante las Naciones Unidas.

Esperan acciones

El jueves 23 de abril, Aidesep informó a través de sus redes que habían recibido una respuesta favorable sobre la denuncia. Esta provendría de Amir Noureddine, director del Comité Especial de Erradicación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU.

Entre los pedidos que las organizaciones indígenas realizaron a las organizaciones de derechos humanos, está la intervención de relatores de la ONU y la OEA. Además, que la CIDH inicie una investigación y otorgue una medida cautelar inmediata para que el Estado peruano implemente acciones urgentes.