Padres Peruanos en nueva campaña antiderechos contra el aborto terapéutico
La organización ultraconservadora Padres Peruanos exige al titular de la PCM que derogue el protocolo de atención del aborto terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), conocido también como la Maternidad de Lima.
La Guía de atención del aborto terapéutico del INMP -herramienta clave para proteger la salud y vida de niñas, adolescentes y mujeres- sigue bajo ataque por parte de grupos antiderechos. A la presión ejercida desde el Congreso por legisladores religiosos, se suma ahora la campaña del colectivo ultraconservador Padres Peruanos, que busca la eliminación del protocolo médico.
Esta agrupación, liderada por Daniel Armas, que juega en pared con la congresista evangélica Milagros Aguayo (Renovación Popular) en sus ataques a la Guía, también mantiene conexiones con activistas ultraconservadores como Giuliana Caccia y Sebastian Blanco, ambos miembros de su comité consultivo, según su página web. Caccia y Blanco también estuvieron vinculados al Sodalicio de Vida Cristiana (SVC)- cuestionada secta cristiana recientemente disuelta por decisión del Papa Francisco.
La más reciente campaña de Padres Peruanos contra el derecho al aborto terapéutico es la que han titulado: “Ministro Adrianzén: ordene cumplir la ley derogando el protocolo de abortos ilegales”. Ejerciendo presión al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), buscan que este anule la Guía de atención del aborto terapéutico; algo que pondría en peligro a miles de niñas, adolescentes y mujeres en el Perú.
No es la primera vez que el grupo antiderechos busca ejercer presión contra la Guía. El pasado 21 de marzo, promovió una acción similar dirigida al ministro César Vásquez y que fue titulada:“Señor Ministro de Salud: detenga los abortos ilegales en el Instituto Nacional Materno Infantil”. La campaña solicitaba la derogación de la Guía y exigía una investigación de los abortos terapéuticos realizados en el INMP desde 2009. A la fecha, el petitorio cuenta con 2 337 firmas.
La misma agrupación estuvo detrás de la campaña del 4 de abril último, dirigida a presionar a la ministra Fanny Montellanos Carbajal y con el mismo fin de aniquilar la Guía. La petición de esta campaña en redes se tituló: “Dile a la Ministra de la Mujer que los recursos son para asistir, no para adoctrinar. ¡NO A LA GUÍA CON GÉNERO!”
Pero eso no es todo, Padres Peruanos también respaldó la promulgación de la denominada Ley Anti-ONGs, que restringe el financiamiento y las operaciones de organizaciones no gubernamentales en Perú y limita el acceso a la justicia de familias víctimas del Estado. En marzo de 2024, la plataforma inició una petición dirigida a Dina Boluarte para la promulgación de esta normativa, la misma que fue promulgada el 14 de abril.
Presiones a doctores que implementan la Guía del aborto terapéutico
Esta campaña contra la Guía, desde el congreso y por parte deagrupaciones como Padres Peruanos, arreció cuando el Instituo Nacional Materno Perinatal actualizó en abril de 2024 su Guía médica mediante Resolución N.° 100-2024, incorporando como casuales de riesgo a la integridad de las mujeres, niñas y adolescentes, la afección de la salud mental y los embarazos por violencia sexual.
Las directrices del procedimiento del aborto terapéutico se encuentran en la Guía técnica del aborto terapéutico – legal desde 1924 -, reglamentada para su implementación a nivel nacional en 2014, y actualizada para la atención en el INMP en abril de 2024.
Sin embargo, desde el Congreso y bajo el liderazgo de la congresista pastora evangélica Milagros Aguayo, la Maternidad de Lima ha sido objeto de presión en múltiples ocasiones. En noviembre de 2024, durante una mesa de trabajo que contó con la presencia del director del INMP, Félix Ayala Peralta, la legisladora interrogó al titular sobre la aplicación de dicha Guía. Posteriormente, remitió oficios al ministro de Salud y citó a Ayala Peralta para que rinda declaraciones ante la Comisión de Salud del Congreso.
Aguayo hizo lo mismo el pasado 15 de abril, en que convocó al titular del INMP para interpelarlo en la Comisión de Salud sobre la actualización de la Guía de aborto terapéutico, aunque debido a un error técnico la comisión envió al doctor un oficio con preguntas referentes a otro tema (la reproducción asistida). Durante la interpelación, Aguayo interrumpió en repetidas oportunidades al doctor para presionar sobre la Guía, y tras notar la equivocación en las preguntas, la comisión acordó organizar una mesa de trabajo para tratar el tema específico de la Guía.
El mismo día de la citación al director del INMP a la Comisión de Salud del Congreso, la plataforma ultraconservadora Padres Peruanos inició un nuevo ataque en contra de los derechos fundamentales de niñas, adolescentes y mujeres. El petitorio esta vez fue dirigido a Adrianzén y también señala que el ministro de Salud, César Vásquez, ha ignorado su pedido.
Qué es la Guía y por qué es legal y acorde a estándares internacionales
La actualización de la Guía de atención de aborto terapéutico del INMP recoge recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU, que determinó que, en 2023 el Estado peruano vulneró los derechos de Camila – una niña de 13 años embarazada producto de la violación de su padre – al negarle acceso al aborto terapéutico y criminalizarla.
«El caso de Camila ha permitido que el instituto (INMP) tenga una guía de estándar internacional, donde lo que está legislando son los derechos de nuestra niñez, recogiendo recomendaciones del Comité de Derechos del Niño (de la ONU)», señaló la congresista Ruth Luque.
Además, el embarazo infantil, el embarazo forzado y la maternidad forzada de niñas es considerado tortura, según diversas organizaciones internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Para Rossina Guerrero, directora de Promsex, organización que representó legalmente a Camila ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la actualización de la Guía es un avance en el cumplimiento de la sentencia de responsabilidad del Estado peruano.
«(La actualización de la guía de atención de aborto terapéutico) avanza en el cumplimiento de un dictamen en el cual el Perú fue hallado responsable por haber negado el aborto terapéutico a una niña, Camila», señaló Guerrero a Wayka
El embarazo infantil es tortura
El mismo año de la sentencia de la ONU, 2023, el INMP atendió el caso de Mila, una niña de 11 años de la región Loreto que quedó embarazada tras ser víctima de violación sexual. Los familiares de Mila denunciaron el hecho y solicitaron el acceso al aborto terapéutico, pero la junta médica que evaluó el procedimiento en primera instancia, le negó este derecho. Tras hacerse público el caso, otra junta médica de especialistas de Lima reevaluó y autorizó el procedimiento.
Otro caso reciente de negación de este derecho, poniendo en riesgo las vidas de niñas y adolescentes, ha sido reportado en Pucallpa, donde se le negó acceso al aborto terapéutico a una niña de 13 años, víctima de violación sexual, quien hoy se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Pucallpa. Ella tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia por complicaciones graves producto de la gestación. La familia denunció que pese a su solicitud, a la menor se le negó su derecho al aborto terapéutico.
«Desaparecer la Guía significa ir contra una población pobre y excluida de este país, y que el Estado se convierta en perpetrador y violador de derechos», sostuvo la congresista Ruth Luque en conversación con Wayka.
En 2024, 39 348 menores de edad dieron a luz en el Perú, según datos del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV) del Ministerio de Salud (Minsa). De estos, 38 269 correspondieron a adolescentes de 15 a 19 años; 1 078, a menores de 11 a 14 años; y al menos un caso involucró a una niña entre 0 y 10 años.
Estas cifras, dan cuenta de la crítica realidad que afrontan las niñas en el Perú. La congresista Luque expresó su preocupación por los constantes ataques a la Guía, y señaló que de ceder ante estas presiones, el Estado podría convertirse en una institución perpetradora de violencias.
