Parque de la reserva: El proyecto inviable de Renovación Popular que gira sobre plazos vencidos y un patrimonio cultural
El Parque de la Reserva, escenario de gestas históricas y pulmón verde del Cercado de Lima, sería un centro de una trama de presunta corrupción y negligencia administrativa, de acuerdo a la denuncia de vecinos de la zona. Lo que la gestión del exalcalde Rafael López Aliaga presenta como un punto turístico, la “Rueda del Bicentenario”, es para los vecinos de Santa Beatriz una «mole mecánica» impuesta mediante el reciclaje de proyectos rechazados, empresas que no tendrían experiencia necesaria y el desprecio sistemático a la normativa del patrimonio cultural.
Wayka conversó con Mirtha Candela Javo, representante de los vecinos del Sector 20 de Santa Beatriz y coordinadora vecinal, quien ha reconstruido este caso a través de una batalla por transparencia y hasta denuncias legales. Su testimonio revela cómo el Ministerio de Cultura (MINCUL) habría pasado de ser el protector de nuestra historia a convertirse en facilitador de un negocio privado que hoy operaría en la clandestinidad.
El reciclaje de un proyecto denegado
La historia no comenzó en está gestión. En junio de 2021, EMILIMA solicitó autorización para una noria (juego mecánico) de 90 metros. El 16 de mayo de 2022, el MINCUL, mediante la R.D. N° 000118-2022, denegó el permiso advirtiendo que la estructura rompía la armonía histórica y paisajística del ambiente monumental. Esta negativa fue ratificada en segunda instancia por la Resolución Viceministerial N° 000233-2022, agotando la vía administrativa.
«Cuando entró la gestión de López Aliaga, simplemente desarchivaron el expediente, le cambiaron el nombre de ‘Rueda de Lima’ a ‘Rueda del Bicentenario’ y lo presentaron como nuevo», denuncia Candela. Pese a que existía cosa decidida, el 21 de febrero de 2024, la Dirección General de Patrimonio Cultural —bajo la dirección de Shirley Mozo Mercado— emitió la R.D. N° 000056-2024-DGPC, autorizando el mismo proyecto antes prohibido.
Para lograrlo, se habría incurrido en un presunto acto de falsedad ideológica. La autorización se sustentó en un acta informativa del 30 de mayo de 2023, donde Mirtha Candela y otros vecinos firmaron para recibir información sobre el parque. Sin embargo, el MINCUL y EMILIMA habrían usado ese documento para hacerlo pasar como un «Plan de Mitigación» y así evadir el Formato de Impacto al Patrimonio Cultural (IIPC) exigido por la Ley N° 31770.
Empresas «cascarón» y contratos a medida
En febrero de 2025, la administración del Parque de la Reserva pasó de EMILIMA a SERPAR. Un dato relevante: la gerente general de EMILIMA, Claudia Ruiz Canchapoma, según los vecinos de Santa Beatriz, habría cesado de su cargo para ser nombrada de inmediato gerente general de SERPAR, manteniendo el control del proyecto.
Bajo esta nueva administración, se cedió la posición contractual a IN PRINCIPIO S.A.C., una empresa creada recién el 21 de mayo de 2025. «Es una empresa ‘cascarón’ sin historial ni solvencia técnica para construir una noria de 90 metros, el doble de la altura del Estadio Nacional», advierte la representante vecinal. Además, menciona que el contrato original de usufructo por 10 años fue modificado arbitrariamente a 30 años, sin una nueva evaluación técnica del impacto que tres décadas de esta estructura tendrán sobre el monumento histórico.
¿Obras en la clandestinidad?¿El reloj se detuvo?
Es más, la base legal del proyecto hoy sería inexistente. La R.D. N° 000056-2024 establecía un plazo de 18 meses para iniciar la ejecución, el cual venció el 21 de agosto de 2025. Cabe resaltar que está obra viene de una Subasta Pública de Usufructo de espacio, que ganó la empresa Operadora Inka Sac en 2022 para que ejecute la obra. Pero, la empresa no inició la obra en los 18 meses que tenía autorizado. En el contrato de Usufructo firmado con Emilima, hay una cláusula de Cesión de Posición Contractual y a través de esta cláusula es que Operadora Inka Sac transfiere su posición a la empresa In Principio Sac. Según el Oficio N° 000468-2025-DGPC, ninguna de las empresas solicitó la prórroga de seis meses permitida por ley antes del vencimiento.
Incluso si se forzara la interpretación del plazo máximo de 24 meses, este expiró indefectiblemente el 21 de febrero de 2026. «A partir de esa fecha, cualquier actividad de construcción constituye un acto clandestino y un atentado contra el Patrimonio Cultural», señala Candela. Sin embargo, en una reunión sostenida la semana pasada con la viceministra de Patrimonio Cultural, Gisella Escobar, los funcionarios negaron la caducidad.
En dicho encuentro, el trato hacia los vecinos fue, según relatan, desalentador. Ante la preocupación por la contaminación sonora y lumínica, la viceministra Escobar comparó la noria con los edificios de departamentos. «Nos dijo que ya deberíamos estar acostumbrados porque frente a nuestras casas existen edificios de 30 pisos, pretendiendo equiparar una mole mecánica invasiva con la modernidad inmobiliaria», critica la coordinadora.
Informes técnicos ocultos y peligro arqueológico
La investigación vecinal, a través de diversas solicitudes de información por transparencia, ha sacado a la luz documentos que el MINCUL no mantuvo visible . En abril de 2025, se emitieron los Informes N° 000011-2025-DPHI y N° 000876-2025-DGPC, los cuales concluyen unívocamente que la autorización es nula por carecer de base fáctica y técnica. Pese a ello, el Ministerio ha dilatado el proceso por un año para permitir que la empresa avance con las obras.
El riesgo es también arqueológico. Un informe del ingeniero Erick Barrientos (EMILIMA) alertó que las excavaciones para los cimientos del juego mecánico impactarán directamente sobre el Canal Prehispánico Surco-Huatica, fuente de riego vital para las 7 hectáreas del parque. Esta alerta técnica fue ignorada por las autoridades sectoriales.
La presión vecinal logró que la 2da. La Fiscalía de Prevención del Delito de Lima interviniera en enero de 2026 (Carpeta Fiscal 38-2026). En la diligencia, se constató que la empresa se había excedido en el área ocupada (más de 5,000 m 2, cuando solo tendría autorizados apenas autorizados 2,500 m²), que no contaban con licencia municipal para el cerco de metal, ni permiso para el retiro de árboles.
Desaprobación total del proyecto
Nuevas revelaciones tras la lectura de la carpeta fiscal de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito confirmarían que la situación de la obra estaría al margen legal.. Según la vocera de los vecinos de Santa Beatriz, la Dirección de Fiscalización y Control del Ministerio de Cultura ha corroborado que la empresa no solo carece de autorización vigente, sino que habría ocupado indebidamente más de 7,000 m². Según la representante de los vecinos, “El área de 5,000m², es mencionado por la Fiscal en la inspección realizada en enero. Pero los 7,000m² son mencionados en el último informe del Mincul y coincide con lo negociado bajo la mesa entre Emilima y Operadora Inka conforme a la carta y cotización”. Además, documentos internos, como el Informe 0015-2026-DPCH, ratifican que la autorización sectorial finalizó irremediablemente el 21 de agosto de 2025, al no haberse solicitado la ampliación de seis meses en el plazo de ley.
El revés más crítico para los intereses de SERPAR e In Principio SAC proviene del área técnica: el Plan de Monitoreo Arqueológico ha sido formalmente desaprobado por el Ministerio de Cultura. Esta denegatoria responde a la confirmación de que la estructura de la rueda afectaría directamente el Canal Huatica, un bien prehispánico vital para el ecosistema del parque. Ante este escenario de desaprobación técnica y caducidad legal, los vecinos exigen el retiro inmediato del cerco metálico, la liberación del espacio público tomado sin autorización y la reposición de las más de 20 especies arbóreas retiradas ilegalmente.
Wayka intentó comunicarse en varias oportunidades con el Arquitecto David Fernando Lambarri Samanez, Director General de Patrimonio Cultural, la Arquitecta Selene Flores de la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble y Felipe Horna, administrador del Parque de la Reserva – Circuito Mágico del Agua para conocer sus respuestas ante estos acontecimientos denunciados por los vecinos de Santa Beatriz, pero al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.
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