Independencia judicial en Perú: asociación iberoamericana cuestiona proceso contra juez Oswaldo Ordóñez
La situación de la independencia judicial en Perú escaló al plano internacional. El Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados emitió un duro pronunciamiento en rechazo a las actuaciones del Consejo Nacional de Justicia del Perú durante el proceso de evaluación y ratificación del magistrado Oswaldo Ordóñez Alcántara, actual presidente de la Asociación Nacional de Magistrados.
El documento, firmado en San José el 26 de abril de 2026, advierte que cuestionar la participación de Ordóñez en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituye una amenaza a estándares básicos del Estado de derecho y podría configurar represalias institucionales.
Cuestionamientos llegan al plano internacional
Para la abogada Cruz Silva, coordinadora de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal, el pronunciamiento marca un punto de inflexión. “Es súper importante que una asociación regional vinculada a operadores de justicia en riesgo haga este comunicado y exhorte a la Junta Nacional de Justicia. Significa que los cuestionamientos a la legalidad y a los derechos fundamentales que protegen la carrera judicial están llegando a nivel internacional”, sostuvo.
Silva remarcó que la Junta Nacional de Justicia debe evaluar si está afectando garantías constitucionales e internacionales al cuestionar que un juez haya acudido a la CIDH para informar sobre la situación de la independencia judicial en el país.
El centro de la controversia
El Grupo Iberoamericano expresó su más enérgico rechazo ante la inclusión, durante la entrevista de ratificación, de preguntas relacionadas con la participación del magistrado en una audiencia ante la CIDH, instancia reconocida del sistema interamericano de protección de derechos humanos.
Según el pronunciamiento, los procesos de evaluación y ratificación de jueces deben regirse por parámetros estrictamente técnicos, respetando el debido proceso, la razonabilidad y la dignidad de la función jurisdiccional, sin incorporar elementos que puedan interpretarse como sanción o represalia.
También subraya que la participación de jueces en espacios internacionales constituye una expresión legítima de la libertad de expresión y del compromiso con la defensa de los derechos humanos y la independencia judicial.
“Un patrón preocupante”
Uno de los puntos más severos del documento advierte que no sería la primera vez que se usan los mismos hechos para cuestionar al magistrado. El grupo internacional alertó que anteriormente ya se habría promovido un procedimiento sancionador por la participación de Ordóñez en la CIDH, lo que revelaría “un patrón de actuación incompatible con estándares internacionales”.
En esa línea, Cruz Silva considera que se está consolidando una nueva modalidad de presión institucional. “La Junta Nacional de Justicia ha comenzado una nueva dinámica de ataques respecto de operadores de justicia incómodos al poder. Ya no solo abre investigaciones disciplinarias, sino que también utiliza procesos de ratificación para apartarlos”, afirmó.
Antecedentes recientes
La especialista recordó que no es la primera controversia que involucra a la actual Junta Nacional de Justicia. Mencionó el inicio de investigaciones contra magistrados como Janet Tello, presidenta de la Corte Suprema, así como cuestionamientos contra jueces como Richard Concepción Carhuancho y Torres Tasso por decisiones emitidas en ejercicio de sus funciones.
También recordó los casos de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes —según señaló— enfrentaron sanciones irregulares desde órganos de control. En el caso de Pérez, sostuvo que la propia Junta lo retiró de su cargo sin respetar plenamente el debido proceso durante su ratificación.
Riesgo para otros jueces
El pronunciamiento internacional advierte que estas prácticas generan un “efecto inhibidor” para otros jueces y juezas, quienes podrían abstenerse de participar en mecanismos internacionales de derechos humanos por temor a represalias posteriores.
Asimismo, recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha establecido en casos como Cuya Lavy vs. Perú y Urrutia Laubreaux vs. Chile que los Estados deben abstenerse de adoptar medidas directas o indirectas contra quienes colaboran con organismos internacionales de protección de derechos humanos.
Exhortación directa al Perú
En sus conclusiones, el Grupo Iberoamericano exhortó al Consejo Nacional de Justicia del Perú a reconducir sus actuaciones conforme a estándares interamericanos y garantizar evaluaciones técnicas, imparciales y libres de cualquier presión que comprometa la independencia judicial.
También pidió dejar sin efecto cualquier procedimiento —actual o previo— sustentado en la participación del magistrado en instancias internacionales de derechos humanos. “La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para la ciudadanía”, señala el texto final.
Una señal de alarma democrática
Para Cruz Silva, el caso trasciende a un magistrado en particular. “Si un juez puede ser cuestionado por acudir a la Comisión Interamericana, lo que está en riesgo no es solo una carrera judicial, sino la posibilidad de denunciar internacionalmente lo que ocurre dentro del país”, advirtió.
El pronunciamiento internacional se suma así a las crecientes alertas sobre el deterioro institucional en Perú y coloca bajo observación externa el comportamiento de los órganos encargados de garantizar justicia e independencia judicial.
Por: Silvia Bardales Q.
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