Amado Enco renunció al cargo de procurador anticorrupción días después de solicitar a la Fiscalía que investigue a Martín Vizcarra, la ministra de Economía y exministros de Salud por presunta compra irregular de pruebas rápidas.
Redacción Wayka
Este martes, Amado Enco envió su carta de renuncia al procurador general del Estado, Daniel Soria. En el documento, el saliente procurador anticorrupción señala que los logros en sus cuatro años en el cargo no fueron sencillos debido en parte a los escasos recursos asignados. Además, Enco deja entrever que no se respetó la autonomía de su despacho.
«El fortalecimiento de la Procuraduría Anticorrupción implica ciertamente dotarle de los recursos económicos suficientes para garantizar su amplio despliegue operativo, pero resulta aún más importante respetar de forma irrestricta su autonomía, competencias y facultades para conocer y defender los intereses del Estado frente (a) graves delitos de corrupción», se lee en la carta de Amado Enco.
El procurador público también precisa que su salida implica su renuncia a ejercer la defensa del Estado en dos importantes casos. Uno de ellos es ante la Confederación Suiza y el Gran Ducado de Luxemburgo, por el caso de las Cuentas de Luxemburgo que involucra al exasesor Vladimiro Montesinos.
El otro caso que abandonaría Amado Enco es ante las autoridades de España, por el proceso activo de extradición del exjuez César Hinostroza.
La renuncia del procurador anticorrupción ocurre luego que Enco solicitara representar al Estado en las investigaciones al presidente Martín Vizcarra por presuntos sobornos recibidos en los casos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Según informó La República, el 23 de octubre el procurador general Daniel Soria decidió asignar a la procuradora Silvana Carrión, del caso Odebrecht, y no a Enco.
Sin embargo, otro pedido de Amado Enco quedó pendiente.
Antes de su renuncia
De acuerdo a documentos difundidos por Convoca.pe y RPP, el procurador anticorrupción solicitó a la Fiscalía de la Nación investigar a Martín Vizcarra, la ministra de Economía María Antonieta Alva y a los exministros de Salud Víctor Zamora y Elizabeth Hinostroza por su rol en la presunta compra irregular de pruebas rápidas.
En el informe de la Procuraduría Anticorrupción, Amado Enco indica que estos funcionarios «habrían concertado con empresas privadas para adquirir masivamente pruebas serológicas para diagnosticar el COVID-19». Además, señala que los hechos podrían configurar la comisión del delito contra la administración pública en modalidad de colusión.
