Pena de muerte no reduce violaciones sexuales a menores ni otros tipos de violencia de género

Países en los que se aplica la pena de muerte siguen teniendo altos índices de violencia contra niñas y mujeres. Reforma policial, políticas integrales y educación en igualdad de derechos son medidas más efectivas y sostenibles, señalan especialistas.

En Perú, el régimen de Dina Boluarte ha abierto el debate sobre la pena de muerte a violadores de menores de edad, a raíz del reciente caso de feminicidio de una niña de 12 años en Villa María del Triunfo. Esta propuesta ha sido calificada como populista, ya que no aborda el problema real de la violencia de género y la negligencia policial al recibir las denuncias que afecta a niñas y mujeres.

“No hay evidencia concluyente que demuestre que la pena de muerte sea una medida efectiva para combatir la violencia de género. Este fenómeno es multifacético y requiere un enfoque integral que priorice la educación, la prevención y el apoyo a las víctimas, en lugar de centrarse únicamente en el aumento de las penas”, sostiene Brenda Álvarez, abogada y presidenta de Proyecta Igualdad y Justicia Verde, organizaciones que defienden derechos de niñas y mujeres.

Álvarez también apunta que ya existen penas drásticas como la cadena perpetua para violadores de menores de 14 años, pero este tipo de sanción no ha logrado que los casos de agresión sexual disminuyan significativamente. De hecho, este año el programa Aurora del Ministerio de la Mujer registró más de 25 mil denuncias por violencia sexual; es decir, 84 casos por día. El 69% de las víctimas fueron menores de edad.

“Focalizarse en la respuesta punitivista puede desviar la atención de las causas estructurales de la violencia de género, como la desigualdad de género, la falta de educación y la normalización de la violencia. La Presidencia requiere que se planteen alternativas sólidas y basadas en evidencia, no propuestas no efectivas. Un enfoque integral debe abordar estos factores subyacentes para generar un cambio real y sostenible”, manifiesta.

Resalta que para abordar de manera efectiva el problema de la violencia de género las políticas se deben enfocar en evitar formar futuros agresores, defender y reparar efectivamente a las víctimas.

La especialista señala además que el Estado debe fortalecer el sistema judicial “para garantizar que los casos de violencia de género sean tratados con seriedad y que las víctimas reciban justicia, ya que los índices de impunidad son altos y ello solo alimenta la violencia”.

Países con pena de muerte por violación siguen presentando altas cifras de violencia de género

India y Bangladesh son algunos países en los que está permitida la pena de muerte en casos de violación sexual. Sin embargo, los índices de violencia contra niñas y mujeres son altísimos. En India, por ejemplo, se calcula que 51 mujeres son violentadas cada hora, más de 1200 al día, cifra exorbitante que lo pone entre los cinco países más inseguros para las mujeres.

En Bangladesh la pena de muerte también es efectiva como castigo a violaciones. Sin embargo, dos de cada 3 mujeres afirman haber sido víctimas de violencia de género al menos una vez en su vida, pero señalan que no denunciaron por desconfianza en las autoridades. Cabe resaltar que en este país también es legal el matrimonio infantil, por lo que niñas son obligadas a ser madres y esposas desde tempranas edades, en una clara vulneración de sus derechos.

La pena de muerte tampoco resulta efectiva para otros delitos como el sicariato, también propuesto por el régimen de Boluarte. Un estudio del Centro de Información sobre la Pena de Muerte en Estados Unidos reveló que en el período 1990-2016 se registraron más delitos y homicidios en los estados donde la pena de muerte es legal. Llegaron a la conclusión de que la pena de muerte no disminuyó la tasa de homicidios, por lo que en el caso de feminicidios tampoco sería efectiva.

Aprobar la pena de muerte en Perú viola el derecho internacional

Nuestro país es uno de los 23 estados que forman parte del Pacto de San José, más conocido como la Convención Americana de los Derechos Humanos, que prohíbe la pena de muerte. Así, la Constitución peruana se alinea a los estándares internacionales y establece que la pena de muerte solo se puede ejecutar en casos de traición a la patria en tiempos de guerra.

“El Pacto de San José protege derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida y el debido proceso. Si el Perú decidiera salir de este Pacto, podría enfrentar sanciones internacionales y un deterioro en su imagen ante la comunidad global. Además, esto podría abrir la puerta a la violación de derechos humanos, afectando no solo a los acusados, sino también a las víctimas, ya que se podría debilitar el marco legal que protege sus derechos. Las niñas y mujeres podrían verse particularmente afectadas si se priorizan medidas punitivas sobre la protección y el apoyo integral”, destaca la abogada Brenda Álvarez.

Además, este proceso podría durar entre tres o cuatro años, por lo que resulta inviable para una lucha inmediata contra la violencia de género.

Por otro lado, si Perú abandona el Pacto de San José no solo niñas y mujeres violentadas se verían afectadas, sino la ciudadanía en general. Ello en un contexto crítico de la política peruana en la que el ministro de Educación, Morgan Quero, sostuvo que “los derechos humanos son para personas, no para ratas” en referencia a las más de 50 personas asesinadas durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte.

Medidas más efectivas para combatir la violencia de género

La presidenta de Proyecta Igualdad apunta algunas ideas para combatir las violencias de género en todas sus formas (física, psicológica, sexual, económica, etc.)

La reforma policial es un aspecto clave debido a la ineficiencia y el rol que viene jugando esta institución en los delitos contra las mujeres.
Fortalecer el sistema judicial para garantizar que los casos de violencia de género sean tratados con seriedad y que las víctimas reciban justicia, ya que los índices de impunidad son altos y ello solo alimenta la violencia.
Implementar programas de educación y prevención que promuevan la igualdad de género y el respeto hacia las mujeres en las escuelas.
Aumentar el acceso a servicios de apoyo para víctimas, como refugios, asistencia legal y psicológica de calidad.
Dejar de amenazar con la eliminación del Ministerio de la Mujer.

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