Personas contaminadas con metales sin atención médica pese a plan estatal

Por Lucía Castro

Más de 10 millones de personas viven expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas en el Perú, según estimaciones de la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos. A pesar de ello, a cuatro años de la aprobación del Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas

Este 27 de mayo, representantes de 17 regiones afectadas se reunieron en Lima para denunciar públicamente el incumplimiento del Estado y exigir la perpetuidad del Plan, su implementación con presupuesto específico porque, actualmente, se cuenta con apenas 140 millones de soles, lo que significa aproximadamente un sol por cada persona afectada.

Regiones en emergencia, plan sin implementación

Mediante el D.S. 037-2021-INAN, en diciembre de 2021 y tras años de lucha de las regiones, se aprobó el Plan Especial Multisectorial para la atención integral de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas.

Este plan está compuesto por tres ejes: la gestión de la calidad ambiental para mejorar la salud, la gestión integral de la salud y el saneamiento, y la coordinación institucional entre ministerio (Salud, Ambiente, Energía y Minas, y los gobiernos regionales). Sin embargo, los representantes señalaron que a más de tres años de su aprobación, apenas se ha comenzado a implementar.

“Lamentablemente, a pesar de que este Plan se ha aprobado el año 2021, prácticamente recién en este último año, se viene trabajando por presión de los integrantes de la plataforma”, denunció Elsa Benavente, vocera de la región de Huancavelica de la Plataforma Nacional.

Las voces del Perú envenenado

Los representantes expusieron los problemas que viven en cada región. Elvis Vera Díaz, de la región de Loreto, señaló que en los últimos meses han fallecido cinco niños en el distrito de Andoas. En el distrito de Morona, desde 2016 hay derrames sin remediación. En Fernando Rosas, donde opera la estación 4 de Petroperú, los informes más recientes de la ANA indican presencia de hidrocarburos y mercurio en el ambiente.

“También en zonas de Amazonas, como Chiriaco y Manseriche, ha habido derrames de petróleo y tampoco se ha hecho nada concreto. No contamos con laboratorios ni centros de salud que puedan decirnos con claridad qué grado de exposición tenemos a los metales pesados. No hay una base de datos real, no hay un censo que nos permita dimensionar cuánta población está afectada. Solo estimaciones, pero nada concreto”, dijo el representante.

Lili Toropoco, de la región de Junín, alertó que en su zona se ha visto un aumento en el nacimiento de niñas y niños con discapacidades como consecuencia directa de esta afectación por metales pesados.

En Moquegua, Lucio Flores, comentó que existen más de 60 años de historial de afectación por empresas mineras. En los 21 distritos de Moquegua, más del 80% de la población está expuesta a metales pesados.

“Miles de niños entre 6 y 12 años, madres gestantes, están contaminados. Las tierras agrícolas, las cuencas, subcuencas y microcuencas están completamente contaminadas. Estudios confirman que incluso los productos agrícolas que consumimos contienen metales pesados. Un ejemplo concreto: en 2011, un fundo producía 15,800 kg de lúcuma al año; en 2020, apenas 183 kg. Eso es devastador”, declaró.

Incluso en Callao y Lima, zonas urbanas con mayor acceso a servicios básicos, se ha reportado la presencia de metales pesados en el agua de consumo humano. “Hay estudios del Ministerio de Salud que lo confirman. Esto no es un tema rural o amazónico, es un problema nacional”, advirtió Elsa Benavente.

Sus exigencias

Ante la inacción del Estado, la Plataforma Nacional de Afectado hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a sus exigencias para reclamar condiciones de vida digna y una mejora real en la atención en salud.

“Denunciamos el incumplimiento del Ministerio de Energía y Minas, que no ha disminuido el impacto ambiental de las actividades extractivas, y por el contrario, sigue otorgando autorizaciones a nuevas operaciones que ponen en riesgo la vida de miles de peruanas y peruanos”, exclamó Elsa Benavente.

También hicieron un llamado de atención al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para que se involucren de forma efectiva en el cumplimiento y seguimiento de las acciones establecidas en el Plan Especial Multisectorial.

“Demandamos a la Presidencia del Consejo de Ministros que apruebe la perpetuidad del plan, porque este problema no se resuelve en uno o dos años: requiere una política pública sostenida”, aclaró la representante de Huancavelica.

Finalmente, pese al tono firme de las denuncias, la Plataforma Nacional ha insistido en que su rol no es solo denunciar, sino también construir. “No estamos aquí solo para responsabilizar al Estado, sino para tender puentes y trabajar juntos. Pero no aceptaremos que la ineficiencia siga condenando a la muerte a nuestras comunidades”, concluyó Anthony Oscategui, secretario general de la organización.

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