Un informe de la Contraloría detectó perjuicios económicos de US$ 6 millones en el puerto de Paita, administrado por Terminales Portuarios Euroandinos. Pescadores de la localidad buscan que el Estado rescinda el contrato con la empresa.
Redacción Wayka
El Sindicato Único de Pescadores de Paita emitió un pronunciamiento para exigir la intervención del Gobierno Regional, la Defensoría del Pueblo y el Ejecutivo.
Aristides Chuyes Purizaca, presidente del sindicato, expresó que se debe poner fin a la concesión del puerto de Paita otorgada a Terminales Portuarios Euroandinos.
«Todo esto es un desfalco, por lo tanto nosotros pedimos que se rescinda el contrato… la empresa lleva más de 10 años operando en Paita», manifestó.
El dirigente pide también que se evalúe a otras grandes empresas como Andalucita, Olympic y Caña Brava. El fin sería asegurar que sus operaciones sean legales, pues según los pescadores las actividades de estas empresas no influyen en el crecimiento de la población de Paita.
Los responsables
La Contraloría General de la República detectó que se habrían incumplido obligaciones contractuales y normativa del Sistema Portuario Nacional en el contrato de concesión del Terminal Portuario de Paita. El resultado: un perjuicio económico de US$ 6’191, 422 y S/ 271, 500.
Como resultado de la auditoría de cumplimiento, esta entidad fiscalizadora encontró responsables a 22 funcionarios y exfuncionarios de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transportes (Ositran).
El contrato de concesión del Terminal Portuario de Paita fue firmado en 2009 con un plazo contemplado de 30 años.
El sindicato de pescadores evalúa viajar a Lima para pedir que se tomen acciones en base a este informe.
Además, pidieron al Ministerio Público iniciar una investigación para evaluar la responsabilidad del expresidente Alan García por estos problemas originados en su gobierno.
Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en la Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN publicó una aclaración donde negó que haya perjudicado al Estado por este caso.
«Expresamos nuestra preocupación por la interpretación de los contratos que realiza la Contraloría y el cuestionamiento que hace a las decisiones de gestión de los contratos de concesión», se lee en su comunicado.
