El martes 28 de abril pudo ser un día más para muchos en cuarentena, pero no fue así para dos familias piuranas con pacientes que murieron por COVID-19. Al dolor, debieron sumar el “maltrato” de un sistema de salud colapsado.
Por Cindy Chanduví y Gustavo Guarnizo / Radio Cutivalú
La segunda región más poblada del país inició la emergencia nacional con apenas 10 ventiladores mecánicos para pacientes COVID-19. Ahora son 18, en casi la mitad del periodo transcurrido desde el primer caso confirmado el 15 de abril.
A esto se suma la falta de capacidad de las autoridades regionales para manejar la pandemia, y la ausencia de un asesoramiento técnico del Comando Covid Nacional para acompañar a las regiones. Este es el caso de Piura, donde las familias no solo afrontan el dolor de perder a un ser querido sino también el precario sistema de salud, el maltrato y presuntas negligencias en la atención médica como se relatan en estas dos historias.
Alegría efímera
Son las diez de la mañana del martes 28 de abril, un día que se torna confuso para dos hermanos que esperan en los exteriores del hospital Santa Rosa de Piura. Hasta ahora nadie les da razón sobre el paradero de su padre. Son hijos del alcalde José Fernández Inga, del centro poblado de Casagrande, ubicado en el distrito La Arena, quien ingresó al nosocomio tras sufrir un derrame facial y ser diagnosticado con el nuevo coronavirus.
“Mi papá se desmayó a las 4 de la madrugada del viernes (24 de abril), su carita se le volteó y su pierna no le reaccionaba. El personal de la posta de Casagrande no quiso atenderlo por temor al COVID. Luego, llegó el personal del centro de salud de La Arena para aplicarle una prueba rápida la cual dio positivo (…). A partir de ello, mi padre fue llevado al establecimiento de Catacaos, donde esperamos en vano, para que recién en la tarde lo deriven al Santa Rosa donde ingresó a las 4:30 de la tarde”, narra Julio Fernández, su hijo mayor.
Doce horas pasaron para que el alcalde de 73 años ingresara a este hospital, donde murió.

La familia asegura que el sábado 25 de abril, alrededor de las dos de la tarde, un médico les informó que su padre tenía una leve mejoría y por ello fue cambiado de la UCI 1 a la UCI 2. El domingo, las noticias fueron más alentadoras porque les dijeron que había sido trasladado a hospitalización. “Nos sentimos aliviados, contentos de que nuestro padre estaba recuperándose”, cuenta Julio, mientras su tono de voz cambia al recordar que la alegría fue efímera. Al día siguiente les informaron que no hallaban a su progenitor; luego les dijeron que había sido dado de alta el sábado.
Desde ese momento, los hijos del alcalde advirtieron que algo no estaba bien. Preguntaron, exigieron respuestas, pero no obtuvieron mayor información. El martes 28 de abril, a primera hora, un policía de la comisaría de San Martín los acompañó al hospital. «Aquí el director Edwin Chinguel mantuvo ante el efectivo, la versión de que mi papá había sido dado de alta». Esa tarde Julio denunció ante los medios de comunicación la desaparición de su padre en el hospital.
Horas después, la desesperación dio pase al dolor e indignación. El director del hospital confirmaba a un diario local que el alcalde había fallecido desde las 6 de la mañana de ese mismo martes. Pese a que la información circuló en redes sociales, la confirmación de la muerte del alcalde le fue confirmada a la familia, hasta la tarde del día siguiente.
«El director del hospital Santa Rosa, Edwin Chinguel Pasache, se reunió con los familiares del alcalde de Casagrande, y a nombre de la institución se solidarizó con la familia comprometiéndose a dar todas las facilidades para las exequias correspondientes», se lee en una nota de prensa colgada en el facebook del nosocomio la tarde del miércoles 29 de abril.
“Nos sentimos mortificados por el actuar del director del hospital, por no dar las noticias a los familiares de manera oficial (…) es una burla que nos digan tu papá está en el nosocomio, luego que le han dado de alta, cuando no era verdad. Estoy seguro que si buscamos en las cámaras de seguridad entenderíamos qué ha pasado con mi padre”, expresó Julio Fernández.
No reconocen colapso
Hace tres semanas el hospital Santa Rosa fue designado por las autoridades como el hospital COVID de la región Piura, con una capacidad actual de 200 camas hospitalarias y 18 camas en UCI. A pesar de las quejas de los pacientes y personal de salud, el director regional de salud, Víctor Távara Córdova, y el director del hospital, Edwin Chinguel Pasache, han negado en más de una oportunidad, que este establecimiento haya colapsado.
Fuentes confiables del hospital Santa Rosa revelaron a Cutivalú que si bien hay camas disponibles, el problema son los pocos equipos médicos y personal de salud para asistir a los pacientes que requieren una atención especializada.
“No hay ventiladores, no hay balones de oxígeno suficientes. Especialistas en UCI habrán tal vez 10. Los especialistas en medicina no pasan de 10. En cirugía, anestesiología, pediatría y ginecología, deben tener tal vez unos 5 especialistas. Los demás son médicos generales que entre medicina y triaje no pasan de 30. Por ahora estamos reclutando personal. Algunos licenciados de enfermería se están incorporando, pero habían muy pocos; en medicina ya están uno por cada 10 hospitalizados», detalla la fuente.
Hace unos días el Hospital Santa Rosa también se refirió a este problema y a través de un comunicado dejó entrever que no tienen personal suficiente. «El hospital requiere del personal capacitado y entrenado para la atención, cuidado, monitoreo y recuperación de pacientes. Seguimos capacitando a muchos profesionales que ingresarán a laborar en las diferentes áreas COVID-19, así como a los que ya están trabajando jornadas completas», se lee.
Falta de transparencia
“Solo Dios sabe cuánto he llorado cuando me enteré que mi madre estaba muerta (…) llegaré hasta las últimas consecuencias porque si no hay justicia en la tierra, hay justicia en el cielo”. Esas fueron las palabras que pronunció Christian Chumacero frente a todas las personas que se hallaban en el exterior del hospital Santa Rosa. Su madre había fallecido la mañana del martes 28 de abril a causa del Covid-19, a pesar de la información errada que le dieron. Este es otro caso que también ha indignado en Piura.
La madre de Cristian era técnica de enfermería del centro de salud de La Unión. Sus familiares presumen que allí se habría contagiado, luego de atender al primer paciente con COVID de ese distrito en Piura.
Lo que le tocó vivir a Cristhian Chumacero y a su padre es duro y aterrador. A ambos les dijeron que su familiar estaba muerta. Horas más tarde, que estaba viva, pero necesitaba un respirador artificial. “Corrí a buscar uno, lo conseguí en Carita Feliz [una clínica privada], pero cuando regreso me dicen que mi madre acaba de morir. ¿Qué es esto? Han jugado con nuestros sentimientos”, narra con amargura y asegura que presentaría una denuncia penal contra los médicos por presunta negligencia.
En Piura, 826 enfermeras laboran en las áreas COVID de los hospitales, según informó la decana del Colegio de enfermeras de Piura, Vilma Sulca Camargo. De ellas, 10 han dado positivo a la enfermedad y otras 96 estuvieron en cuarentena por tener contacto con pacientes contagiados. «Somos las enfermeras las que estamos frente a los pacientes todo el tiempo, no nos pueden enviar a la guerra sin equipos de protección», cuestionó Sulca, días atrás.
El testimonio de Cristhian Chumacero sirvió para que familiares de otros pacientes también denuncien falta de seriedad y transparencia del hospital al momento de informar sobre la salud de los pacientes COVID. Incluso el horario de 1 a 3 de la tarde para que los galenos brinden información no se cumple, añaden.
El Colegio Médico de Piura (CMP) y la Federación Médica de Piura (FMP) han emitido varios comunicados en los que advierten el colapso de los hospitales y piden un cambio de estrategia enfocada en el tratamiento sindrómico, fortalecimiento del primer nivel de atención y de la comunicación social. “Hemos pedido también a la Dirección regional de salud que sincere el estado de los hospitales porque estos ya no dan para más”, señaló el secretario del CMP, Cristhian Requena Palacios.