Redacción Wayka

La iniciativa legislativa 820/2021, de autoría fujimorista, propone decidir qué exaltos funcionarios, acusados de delitos cometidos durante su cargo, podrían gozar de impunidad total.

Como se sabe, altos funcionarios como expresidentes, exministros o exmagistrados supremos gozan de la prerrogativa constitucional del antejuicio político. Es decir, tras dejar el cargo, por cinco años no pueden ser investigados ni procesados por delitos que hayan cometido durante su función pública, a excepción de que el Congreso apruebe una acusación constitucional en su contra.

Con la modificación que propone Fuerza Popular, el rechazo del Congreso a una denuncia constitucional contra un alto funcionario impedirá al Ministerio Público abrirle investigación, incluso después de que hayan concluido sus cinco años de derecho al antejuicio político. 

Ronald Gamarra, exprocurador anticorrupción, dijo a Convoca que “el fujimorismo busca que el Congreso se constituya en un centro de impunidad. Lo que están diciendo es que los parlamentarios pueden decidir qué se investiga y qué no se investiga contra altos funcionarios”.

La iniciativa legislativa es de la congresista de Fuerza Popular María Cordero Jon Tay y es respaldada por los parlamentarios del partido fujimorista como Alejandro Aguinaga, investigado por las esterlizaciones forzadas durante la dictadura de Fujimori; y Ernesto Bustamante, conocido por ‘fakenews’ sobre la vacuna Sinopharm.

Acusaciones constitucionales

Hoy, la prerrogativa del antejuicio político puede ser levantada si la Comisión Permanente del Congreso aprueba una denuncia constitucional, previo informe favorable de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. 

El presidente de la República, los congresistas, ministros del Poder Ejecutivo, los miembros del Tribunal Constitucional, integrantes de la Junta Nacional de Justicia (ex CNM), los jueces de la Corte Suprema, los Fiscales Supremos, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República gozan de ese beneficio constitucional.

Con la modificatoria que propone el fujimorismo, la Fiscalía no podría abrir investigación preparatoria contra exaltos funcionarios por los mismos hechos por lo que los parlamentarios rechazaron acusarlo, aún después de finalizar los 5 años de antejuicio político. Los fiscales solo podrían investigar, tras los 5 años, si es que otras denuncias contra los exaltos funcionarios aportan nuevos elementos de convicción.

En la mira

Para Ronald Gamarra, en el caso Cuellos Blancos del Puerto, la norma también implicaría que el juez supremo Hugo Nuñez, a quién el fujimorismo pretende remover, sea retirado del caso.

Juez supremo Hugo Nuñez.

Según la Fiscalía, este megacaso de corrupción y tráfico de favores, implica no solo a influyentes miembros del PJ, sino también al propio partido Fuerza Popular y otros actores políticos.

El proyecto ajustaría el texto legal para que el juez supremo que actúe como juez de investigación preparatoria en estos casos emblemáticos, derivados de acusaciones constitucionales, sea únicamente un juez que tenga la condición de “titular”, y no “provisional”, como es el caso de Nuñez, ya conocido por el partido de Keiko Fujimori.

En setiembre de 2021, el juez Nuñez sentenció a cuatro años de prisión suspendida al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry por el delito de encubrimiento real por entorpecer intencionalmente las investigaciones que los fiscales del caso Lava Jato llevaban contra miembros de Fuerza Popular por presunto lavado de activos.

Este mismo juez anuló el indulto a Alberto Fujimori en octubre de 2018. En diciembre de 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le dio el indulto humanitario al dictador.

¿Impunidad para Merino y sus ministros?

Está pendiente el caso de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos contra el excongresista Manuel Merino y los exministros Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez, por las muertes de los ciudadanos Inti Sotelo y Bryan Pintado y las lesiones sufridas por 78 personas en las movilizaciones de noviembre de 2020.

“Lo que dice este PL es que si el Congreso rechaza la denuncia constitucional, la Fiscalía no podrá investigar ni procesar a Merino y compañía luego de los cinco años que dura el antejuicio político”, dijo Ronald Gamarra a Convoca.