Jueces han aprobado más de 120 mil órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia. Pero en Perú hay un total de 135 mil efectivos policiales y no todos los casos pueden ser atendidos.
Redacción Wayka
Un informe de La República reveló que hasta ahora el Poder Judicial ha aprobado más de 120 mil órdenes de protección y medidas cautelares. Esta acción apunta a garantizar la seguridad de mujeres víctimas de violencia de género, pero en la práctica se encuentra con muchas limitaciones.
Las medidas de protección pueden incluir la prohibición de que el denunciado se comunique con la víctima, así como órdenes de alejamiento para el agresor, y la suspensión de la custodia o patria potestad de los hijos en común, entre otras.
De acuerdo a José Luis Lavalle, comandante general de la Policía Nacional, se están georreferenciando las medidas de protección para patrullar por zonas. Sin embargo, «es materialmente imposible darles seguridad a todas, las 24 horas del día. Lo hacemos en casos de mayor riesgo», indicó.
Pese a que se han incrementado las órdenes de medidas de protección a víctimas, en el país hay 135 mil efectivos policiales que no se dan abasto para atender todos los casos. El comandante Lavalle precisó que esa es una variable que no se está tomando en cuenta.
En abril, la Defensoría del Pueblo señaló al diario El Comercio que habían detectado «falencias económicas en las comisarías que se traducen en la mala atención a las mujeres agredidas».
Víctimas de la violencia y del sistema
La Ley N° 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, es la norma que regula las medidas de protección.
Por ejemplo, establece que hay un plazo máximo de 72 horas después de presentada la denuncia para que el Juzgado de Familia haga una evaluación y dicte las medidas a favor de la denunciante.
El riesgo o la gravedad de las denuncias son evaluados por la policía o la fiscalía a través de una ficha. Este documento incluye preguntas que deben realizarse a las víctimas. Cada respuesta tiene una puntuación determinada y de acuerdo al puntaje total se decide si el riesgo es leve, moderado o severo.
Por ejemplo, si se marcó la alternativa «Con riesgo de muerte/requirió hospitalización (estrangulamiento, envenenamiento, desbarrancamiento, lesiones con compromisos de zonas vitales, etc.)», la valoración sería de riesgo severo.
Sin embargo, hay dos trabas importantes en el proceso: las deficiencias logísticas y la falta de capacitación a los agentes policiales. «Cuando fui a denunciar los policías no tenían las fichas, solo pudieron imprimir una hoja porque no tenían tinta», relató a El Comercio, una víctima.
En marzo de este año, Estefany Flores (20) denunció a su expareja por intento de feminicidio. El hombre había intentado estrangularla. Pero el policía que la recibió en la comisaría de Sol de Oro no fue sensible ante ese hecho.
«Él dijo que no había sido intento de feminicidio, que para qué vuelve con él si sabe que es un maltratador», contó la hermana de la víctima. Finalmente admitió la denuncia, pero no por violencia sino por abandono de hogar.
La denuncia se envió al Juzgado Especializado de Violencia contra la Mujer un 9 de abril, el pedido de evaluación de las medidas de protección pertinentes se registró un 9 de abril. Cuatro días después, Estefany fue asesinada por su agresor.
En los primeros cuatro meses del año, el Ministerio de la Mujer reportó más de 56 mil casos de violencia de género. De acuerdo a la Policía, serían más de 71 mil.
