La noche del pasado sábado 14 de noviembre, en la segunda marcha nacional contra el gobierno de facto de Manuel Merino de Lama, los estudiantes Inti Sotelo y Bryan Pintado fueron asesinados y otros 66 quedaron heridos tras la represión policial. Esto ocurrió en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola con Abancay, donde altos mandos de la PNP enviaron hasta a 400 efectivos a modo de refuerzos.

De acuerdo a un informe del diario La República, fue en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay, denominada Sector 5 por la PNP, donde se cuadruplicó el poder de fuego por órdenes de altos mandos de la policía.

En un inicio, en dicha zona se encontraban 100 efectivos con el comandante Luis Castañeda Urbina al mando, quien recibió la orden de reforzar las unidades para evitar un “desborde” que rompa el cierre de paso hacia el Congreso. Según el Plan de Operaciones, posteriormente se sumaron otros 300 policías a la zona 5, cuadruplicando así el número de escopeteros que disparaban perdigones y bombas lacrimógenas.

Dicho refuerzo policial, que desencadenó mayor capacidad de disparos hacia los manifestantes, habría sido responsabilidad del teniente general PNP Jorge Lam Almonte, el jefe de la Séptima Región Lima Jorge Cayas Medina, y el jefe de la Unidad de Servicios Especiales (USE), Carlos Villafuerte Salas, de acuerdo al informe de La República.

La represión policial que se desató del 9 al 14 de noviembre contra las protestas que exigían la renuncia del presidente de facto Manuel Merino de Lama, dejó sin vida a los estudiantes Inti Sotelo y Bryan Pintado y heridos a más de 200 ciudadanos, por impactos de armas de fuego y bombas lacrimógenas. Además, según los reportes de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), se registraban personas desaparecidas hasta el martes 17 de noviembre.