Juan Carlos del Prado, defensor legal del exsecretario del partido Fuerza Popular e investigado, Joaquín Ramírez, falsificó firmas en la documentación que presentó en el proceso de formalización de la Universidad Privada Juan Pablo ll. Así lo sustenta el informe elaborado por la Policía del Ministerio Público.

El artilugio fue así: en 2006, Joaquín Ramírez y su tía Nancy Gallegos de Ramírez constituyen la empresa Promotora Juan Pablo ll S.A., teniendo a esta última como la accionista mayoritaria. Cuatro años después, la empresa accedió, a través del Consejo Nacional para la Autorización de Universidades (CONAFU), la licencia que le permitiría crear la empresa en la Universidad Juan Pablo ll.

Lo cuestionable es que en 2016, el excongresista de Fuerza Popular y principal financista del partido, fundó la Universidad Juan Pablo ll SAC, una institución casi con el mismo nombre que la empresa constituida en 2006. Y del Prado, además de ser su abogado, figura también como gerente general de esta nueva institución.

“Resulta presunto autor del delito contra la Fe Pública en agravio de la empresa Promotora Juan Pablo ll S.A., en virtud que las firmas contenidas en las Actas de Junta de Accionistas de fechas 28 de agosto del 2015 y 22 de abril del 2016, atribuidas a Nancy Gallegos Vela de Ramírez, no provienen del puño gráfico de su titular, comprobándose la falsificación de sus rúbricas en los documentos que fueron firmados por el denunciado, quien sería el único facultado para insertar dichas Actas al libro de la empresa”, argumenta el documento del Ministerio Público sobre Joaquín Ramírez.

Por su lado, sobre el letrado Juan Carlos del Prado se dice que “resulta ser presunto autor del delito contra la Administración de Justicia en agravio de la empresa Promotora Juan Pablo ll S.A., al haberse establecido que éste, en calidad de gerente general de la Universidad Privada Juan Pablo ll S.A.C., habría presentado ante la SUNEDU la Autorización de Funcionamiento Provisional emitida mediante Resolución N°200-2010-CONAFU, con el objetivo de tramitar Licencia de Funcionamiento ante dicha entidad”.

En sus descargos, del Prado afirmó no haber sido notificado por la policía sobre el caso, ni que se le realizó una pericia grafotécnica a su defendido. Negó los cargos y cuestionó el trabajo de la policía. Sin embargo, el documento policial precisa que ambos se encuentran en calidad de No Habidos, por no haberse presentado a declarar sobre la falsa documentación presentada a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).