La Ley 32107, conocida popularmente como «Ley de Impunidad», viene siendo usada a favor de exmilitares condenados o procesados por violaciones de derechos humanos con el fin de que sus crímenes cometidos en el conflicto armado interno (1980 – 2000) no sean calificados como delitos de lesa humanidad.
Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, informó a través de sus redes sociales que existen 22 solicitudes de las defensas legales de exmilitares. Entre los solicitantes figuran cuatro exintegrantes del grupo Colina: Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingüe, Julio Chuqui Aguirre y Nelson Carbajal García.
Luis Pérez Documet es un exmilitar que también presentó una solicitud para evadir a la justicia. Pérez Documet, exjefe del Frente Político Militar del Mantaro de los años noventa, fue sentenciado por la desaparición forzada del profesor de secundaria César Isaías Hilario Trucíos, hecho ocurrido el 7 de marzo de 1991, en la base militar conocida como La Granja, en Concepción (Junín).
Luis Manuel Delgado de la Paz y Manuel Juan Dill’erva Chávez también presentaron oficios similares. Ambos se encuentran procesados por casos de desaparición forzada de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP).
Asimismo, gracias a la ley fujimorista 32107, hay tres solicitudes de los exmilitares sentenciados por las violaciones contra mujeres campesinas de Manta y Vilca que buscan revertir su condena.
De igual manera, Néstor Oblitas Carrera, militar sentenciado por la matanza en Chuschi, busca acogerse a la ley de Fuerza Popular. En el caso de la matanza de Cayara también hay una solicitud tramitada por los sentenciados Maro Llontop, Luis Castañeda y José Valdivia.
El Poder Judicial es el ente encargado de tomar la decisión de atender o rechazar estas solicitudes de ‘impunidad’ para exmilitares.
La Ley 32107 fue promulgada el 9 de agosto. El gobierno de Dina Boluarte optó por no observar la ley y ni gestionó su publicación, lo que llevó al Congreso, bajo la dirección de Eduardo Salhuana, a oficializar la norma. La ley fue impulsada por un proyecto presentado el 1 de febrero por el congresista Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular.
Más blindaje a Policías
El Pleno del Congreso aprobó este miércoles 6 de noviembre el dictamen que prohíbe la solicitud de detención preliminar y la imposición de prisión preventiva contra el personal de la Policía Nacional (PNP). La medida fue exonerada de una segunda votación.
Asimismo, según esta norma, la Fiscalía no podrá solicitar las referidas acciones para situaciones en que un agente propicie una lesión o una muerte.
La propuesta inicial fue presentada por el legislador Víctor Flores Ruiz, de la bancada de Fuerza Popular.