El pasado 8 de junio se ingresó el proyecto de ley 2987/2017–CR, “Ley para el Desarrollo de la Cinematografía y el Audiovisual Peruano” (sí, “audiovisual”), elaborado por la congresista María Cristina Melgarejo Páucar, presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso. El proyecto fue firmado por 12 parlamentarios fujimoristas y, recoge en sus trece artículos y disposiciones complementarias, diversos mecanismos que más que promover el desarrollo del cine local, busca, como señala su objetivo “establecer lineamientos y regular la actividad cinematográfica y audiovisual del país”. ¿Regular? ¿A qué se refieren? Veamos.

Este proyecto ha causado una gran polémica en la comunidad audiovisual del país porque en su artículo 4 propone  que “(…) Los proyectos seleccionados no podrán incurrir en apología del terrorismo, se considerará un aspecto favorable para la selección de los proyectos que no enaltezcan ninguna forma de abuso, violencia física y/o psicológica u opresión al ser humano“. Esta es la parte más inaceptable del proyecto, porque es inconstitucional al vulnerar un derecho que está garantizado en la Constitución para todos los peruanos y peruanas, la libertad de expresión. Este punto comprueba una vez más la urgencia del fujimorismo por regular y censurar las expresiones artísticas y reconstruir sin ellas una nueva historia del país producto de su revisionismo y negacionismo, dando versiones alternas de los hechos más espeluznantes que vivimos hace algunos años. Pero debido a esta inconstitucionalidad, el proyecto debería archivarse. No se puede seguir dando curso a un proyecto cuyo objetivo principal sea regular contenidos, cuando la labor del Estado es promover, generar condiciones para que haya más cine, amplio y diverso, como consta en el proyecto del Ejecutivo, presentado al Congreso el año pasado, y que se debería estar discutiendo y aprobando.

El proyecto fujimorista menciona con recurrencia, y como paradoja, diversos términos como “descentralización cultural”, “democracia cultural” e “inclusión”, sin embargo, su pedido de censura en el artículo 9 echa por la borda su verborrea falsa. Artículo que comprueba la preocupación del fujimorismo por los contenidos de diversos films peruanos recientes que han abordado el tema de la lucha interna y que han sido subvencionados por el Estado, y sobre todo tras el estreno comercial de La Casa Rosada, del fallecido Palito Ortega, donde se pone en escena un punto de vista que acusa la barbarie causada por las FF.AA en Ayacucho a inicios de los años ochenta, o debido al surgimiento de un grupo de films que dibujan panoramas personales sobre el conflicto como NN, Magallanes, La Hora Final, o La última noticia, todas hechas con fondos públicos.

Así, con el mencionado artículo se busca regular no solo las prácticas de la producción, distribución y exhibición del cine sino moldear qué temas, estilos, estéticas los cineastas deben realizar y qué tipo de films los jurados deben premiar. El artículo es tan peligroso que una película de artes marciales, una comedia sobre boxeadores, un documental sobre dictadores de derechos humanos, sobre genocidas que esterilizan, o un simple film de horror donde ruedan cabezas no podrían postular a los concursos porque “enaltecen una forma de abuso, violencia y opresión al ser humano”.

Fujimorismo y el cine regional

Por otro lado, no podemos negar que este proyecto de ley recoge dos puntos que estaban siendo demandados por los cineastas regionales: el 60% de los recursos totales sean destinados para el cine de regiones, y la inclusión del 60% de técnicos peruanos en las producciones, inclusiones que no estaban en el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo, trabajado por la comunidad del cine y audiovisual junto al Ministerio de Cultura a lo largo de casi diez años. ¿Cineasta regionales liados al fujimorismo? La pregunta no se cae madura, pero sí me preocupa la posibilidad de que por querer obtener más presupuesto pongan en peligro o canjeen la libertad expresiva de los cineastas. Pero esto es solo una especulación, nada ingenua por cierto.

Si bien la propuesta elaborada por el Ministerio de Cultura es susceptible de mejoramiento, sobre todo en sus puntos relacionados con el cine regional, la cuota de pantalla, la ausencia de una cinemateca y los escasos recursos para la educación audiovisual y formación de públicos, el actual proyecto fujimorista deforma todos los pedidos y logra un condensado lleno de sinsentidos, debido a su mala redacción y al desconocimiento del sector público y de cómo se manejan los presupuestos.

Este proyecto de ley de cine del fujimorismo es un Frankenstein, ya que toma como “inspiración” diversos proyectos de ley (el del Ejecutivo, incluso los presentados por los congresistas de Nuevo Perú en 2017). Un ejemplo fácil lo encontramos en el artículo 1, que norma los requisitos para determinar si una obra es peruana o no. Piden cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos: que el cineasta, productor, coguionista sea peruano, que la empresa coproductora sea peruana, que la música sea peruana, que haya 60% de personal técnico peruano, y entre otros puntos, -oh vaya sorpresa- que la película sea hablada en castellano. Si yo fuera cineasta boliviana y no cumplo con ninguno de los requisitos solo el que dice que la película debe estar hablada en castellano, pues podría postular con mi proyecto. Risible. Pedro Almodóvar, Lucrecia Martel o Carlos Reygadas podrían postular a los fondos peruanos solo porque sus films están hechos en castellano, o si Spielberg pone un huayno o el Cóndor Pasa en algún film ya podría inscribir su film como peruano y postular a un fondo. Así de insólito y ridículo es el primer artículo de la ley. Pero sigamos mencionando qué más absurdos propone esta ley.

¿Cómo descentralizar el cine?

En el artículo 7, “Descentralización de la actividad cinematográfica y audiovisual” se señala que se asignará nos menos del 60% de los recursos para las regiones, de “forma descentralizada”, pero con las actuales políticas de descentralización del Estado Peruano, aún ineficientes para educación y salud, el pedido suena a letra muerta. Lo que seguiría es el actual centralismo, que el Ministerio de Cultura siga repartiendo los recursos desde Lima. Es decir, el problema no es el recurso, sino el modo en que lo proponen en el artículo, como parte de una descentralización, cuando debería ser un fondo para desarrollo del cine peruano en sí.

Por otro lado, el artículo 4 señala que “La formación, capacitación y especialización profesional será en cada uno de los departamentos del país, estableciendo y otorgando las funciones y recursos a través de las direcciones desconcentradas de cultura y en coordinación de los gobiernos regionales y municipalidades”. ¿Cómo se van a otorgar estas funciones a las direcciones del Ministerio de Cultura?, ¿con magia?, ¿qué rol van a tener los gobiernos regionales? Para lograr este punto se tendría que hacer una reforma de todo el aparato estatal, y claro, de toda la estructura del Ministerio de Cultura, que a diferencia de sectores como Salud y Educación, no tiene instancias de gestión en cada región. Por ahora no hay un marco normativo que avale este artículo, y encima para lograr la locura de que en cada región haya ¿una escuela de cine?, porque imagino que esos centros de formación no serán pues improvisados institutos en los segundos pisos de un chifa como nos había acostumbrado el fujimorismo. Este artículo es inviable. Ni Lima tiene una escuela de cine, siendo la capital del país y la cara del centralismo. Además reprime el derecho de que los cineastas regionales puedan perfeccionar su quehacer en cualquier escuela de cine del mundo.

En el artículo 6 se propone elaborar “El plan de fomento para el desarrollo del cine y del audiovisual” y que deberá ser multianual, cada tres años. Otro desliz, debido a que al plantearlo así cabe la posibilidad que durante ese lapso solo se “programe” un solo concurso, ya que actualmente se hacen tres concursos o más al año. Es evidente que se requiere un plan anual de fomento, pero sin un instituto del cine (no basta con un consejo consultivo burocrático como se propone), sin una entidad que se dedique especialmente a esta labor, todo quedará en el papel y podría poner una barrera al ritmo alcanzado.

Lo que sí nos queda claro, es que ante esta payasada de proyecto, demandemos que el Congreso retome el debate de la ley de cine pero a partir del proyecto trabajado por varios años por la misma comunidad cinematográfica y presentado el año pasado, y no perder el tiempo con estas insanías o abruptos legales, que desconocen el mecanismo estatal y los procesos y dinámicas del cine peruano.

 

 

 

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